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por Redacción RPP
·Amparo Cerrato, representante de la FAO, indicó durante un evento que las cifras sobre la tenencia de tierras en manos de mujeres en América Latina revelan que no hay un acceso equitativo entre mujeres y hombres.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reveló que en América Latina y el Caribe existen 26,5 millones de mujeres indígenas, pero se estima que en la mayoría de los países apenas un 8 % de mujeres accede al derecho de obtener títulos de tierras.
Estas cifras fueron analizadas en el evento 'Recomendación general 39 de la CEDAW: Retos para su implementación en América Latina', donde, además, se puso en relieve la preocupación y la necesidad de reconocer este derecho a todas las mujeres indígenas en el Perú y América Latina.
En dicha actividad, organizada por la Plataforma Regional Mujer Rural y Derecho a la Tierra con el apoyo de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra – ILC, se exhortó a los Estados a aplicar medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en relación con los derechos de las mujeres y niñas indígenas bajo algunos principios que establece la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
En el webinar se resaltó, por un lado, que por lo menos en Colombia, Nicaragua, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay las mujeres dedicadas a la agricultura familiar superan los 7.8 millones (es decir, el 40 % del total de su población); y por otro, que el 7 % de las mujeres indígenas vive con menos de 1.90 dólares diarios y dependen en mayor medida del empleo informal, que constituye una situación de pobreza extrema.
Amparo Cerrato, representante de la FAO, indicó durante el webinar que las cifras sobre la tenencia de tierras en manos de mujeres en América Latina revelan que no hay un acceso equitativo entre mujeres y hombres.
Además, señaló que las mujeres rurales presentan tendencias a la pobreza, hambre, violencia entre otros aspectos negativos que enfrentan en su vida diaria. "Mujeres con derechos solidos a la propiedad y tenencia a la tierra, ganan hasta 3.8 veces más ingresos y sus ahorros individuales son hasta un 35 % superiores", indicó.
Piden a los Estados cumplir la ley de consulta previa
Por su parte, Catalina Ivanovic, consultora de Género de la FAO, explicó que se necesitan políticas públicas que ayuden a entender cómo "estos sujetos femeninos y masculinos se ven afectados de manera diferenciada por este conjunto sistémico de desigualdad".
A su turno, Melania Canales Poma, coordinadora de ECMIA Región Sur, y expresidenta de Onamiap Perú, explicó que, si bien existe la ley de consulta previa, el Estado no la acata cabalmente.
"Nosotras venimos exigiendo también esos derechos al igual que la falta de titulación. Muchas veces se titula la tierra, pero no el territorio. Algunos países como el caso del Perú tienen las leyes de consulta, pero es meramente administrativo. Al final el Estado es el que decide despojar los territorios para las actividades extractivas", sostuvo.
En otro momento, Barbara Ortiz, especialista de ONU Mujeres, mencionó que el gran reto de la Recomendación General 39 de la CEDAW es lograr su plena implementación.
"Los retos son grandes y para revertirlos necesitamos voluntad política, presupuesto y cambios socioculturales. Los dos primeros deberían ser garantizados por los gobiernos de turno porque son ellos como Estados son los responsables de garantizar el respeto a los derechos, pero el tercero que es el cambio sociocultural tiene que venir de toda la sociedad, es un trabajo colectivo que debemos hacer para que la Recomendación General 39, que es un logro de las organizaciones y de las mujeres indígenas, sea una realidad en nuestras regiones”, dijo.
Normas que agudizan las desigualdades
En esta actividad también participó Doris Gutiérrez, designada presidencial de Honduras, quien dijo que en su país las condiciones no favorecen a las mujeres, el contexto en su país es de inseguridad hacia las mujeres y hombres indígenas que defienden la tierra.
“Tenemos un Código Penal de la impunidad que criminaliza la lucha por la tierra. En este momento hay una serie de asentamientos campesinos que están siendo denunciados por los terratenientes que reclaman la propiedad de las tierras”, refirió.
Otra de las ponentes fue Merlis Guzmán, de Las Poderosas, de las Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas de Monte de María (Colombia). En su intervención, refirió que las mujeres indígenas están muy por debajo en el acceso a las tierras y que hay normas sociales que limitan dicho acceso.
"Nuestros abuelos enseñaban a las mujeres que ellas tenían que estar en casa cuidando a los niños mientras que los hombres eran los propietarios de los predios y cuando morían los padres quienes heredaban las tierras eran los hombres. Solo las mujeres heredaban los animales", narró.
Explicó que todo esto ha sido una problemática grande para las mujeres en su intención de acceder a las tierras.
"Nosotras como lideresas estamos luchando para tumbar estas normas sociales. Estamos trabajando en las nuevas masculinidades en diferentes comités, trabajando con estos hombres y demostrando que nosotros somos fuertes y podemos para trabajar en la tierra", enfatizó.
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