ONU exhorta al Perú respetar consulta previa para proteger derechos de pueblos y mujeres indígenas

Tras presentar su informe al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Estado peruano recibió una serie de recomendaciones para que se tomen medidas que garanticen los derechos individuales y colectivos de los pueblos y las mujeres indígenas. Este examen es realizado por los Estados que conforman el Consejo y busca evaluar el cumplimiento e implementación de los derechos humanos en los países miembros.

“Muchos países han expresado su preocupación por las deficiencias que existen en el Perú para la implementación de los derechos colectivos, tales como la consulta previa o el derecho a la educación intercultural bilingüe. Por este motivo, piden al Estado peruano que tome acciones inmediatas y trabaje articuladamente por el bien de nuestros hermanos y hermanas indígenas”, señaló Ketty Marcelo, presidenta de Onamiap.

Fueron 29 países del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quienes hicieron recomendaciones específicas al Perú que buscan garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de los defensores de derechos humanos. En el caso de Alemania, Canadá y Estados Unidos, incidieron en que se debe realizar la consulta previa sobre todo en temas de actividades extractivas en territorios indígenas.

“Las normas internacionales suscritas por el Perú establecen que la consulta previa se debe aplicar a cualquier medida que pueda afectar a los pueblos indígenas, como ocurre con los proyectos de ley. Sin embargo, se ha visto que esto no se cumple adecuadamente en ningún caso. Además, siete países recomendaron que se refuercen las medidas para prevenir y sancionar la violencia contra los defensores y defensoras indígenas”, recalcó Marcelo.

En el caso de Noruega, España, Panamá, México y Colombia, indicaron que en el Perú se debe incidir en la ratificación de Acuerdo de Escazú, así como en la toma de medidas efectivas para reforzar la aplicación del convenio 169 de la OIT, y de medidas para proteger el territorio de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento (PIA). Además, España instó al Estado implementar un protocolo específico para el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos.

“Ellos han pedido recursos humanos adecuados y un presupuesto específico a las instituciones que participan en el mecanismo multisectorial de defensores de DDHH, para garantizar una protección eficaz con un enfoque de género e intercultural con el fin de reducir el número de defensores víctimas de ataques de aquí hasta el año 2025. Además nosotras venimos exigiendo que este protocolo sea adecuado a defensores colectivos indígenas, como lo son las comunidades”, enfatizó la presidenta de Onamiap.

Por su parte, el gobierno de Filipinas pidió mejorar la aplicación de la política multisectorial de niñas, niños y adolescentes, centrándose en eliminar obstáculos de acceso a una educación de calidad. Asimismo, redoblar los esfuerzos para combatir la discriminación de niños y niñas de comunidades vulnerables, sobre todo indígenas y con necesidades especiales.

Protestas

Por otro lado, respecto a la crisis social y política que vive nuestro país, diversos países lamentaron las muertes ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte, por lo que pidieron a las autoridades el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, que haya un uso proporcionado de la fuerza en última instancia, pero sobre todo, pidieron el cese de la violencia y que se promueva un diálogo constructivo.

Además, la dirigente y presidenta de Onamiap, Ketty Marcelo, recalcó que “la protesta es el derecho a ejercer nuestras luchas, a elevar nuestras voces frente a nuestros derechos vulnerados. Nosotras estamos preparadas para enfrentar la violencia del extractivismo, del narcotráfico y demás, pero no deberíamos tener que enfrentarnos a un Estado violento”.

Para Onamiap, la violencia ejercida en el contexto de estas manifestaciones demuestra el racismo y la discriminación de parte del gobierno. “Las masacres en Ayacucho y Puno, donde la población supera el 80% de personas autoidentificadas como indígenas, es solo una muestra de la dolorosa realidad que encarnan estos actos de violencia que es la criminalización de nuestras hermanas y hermanos”, concluyó Marcelo.

Frente a esto, varios países del Consejo señalaron la importancia de reforzar las medidas para prevenir y sancionar el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas y afroperuanos.

Es así que 14 países exhortaron al Estado peruano que garantice la vigencia de los derechos humanos en el contexto de las protestas, por ejemplo, Nueva Zelanda pidió la plena protección de la protesta pacífica para todos los ciudadanos peruanos. Irlanda, por su parte, instó a que se tomen medidas para mejorar los mecanismos de vigilancia de las fuerzas de seguridad para garantizar la protección y el respeto del derecho a la libertad de reunión y asamblea para todos. Otros países preocupados por la situación peruana son Italia, Estonia, Croacia, Chile y Brasil.

En el marco de este examen, Onamiap presentó información sobre las violaciones de derechos humanos durante las movilizaciones y los estados de emergencia. En ese sentido, Onamiap indicó que se mantendrá vigilante y firme en la defensa del derecho a la protesta, la libertad de expresión y al libre tránsito.