El Ministerio Público de Brasil pidió que el expresidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva sea condenado a prisión, en régimen de reclusión, por el delito de "corrupción pasiva calificada" en un caso vinculado a 'Lava Jato'. Así lo informaron este sábado fuentes judiciales.
El pedido consta en documentos remitidos al juez federal Sergio Moro. Corresponden a un caso en el que Lula es acusado de ocultación de patrimonio y otros delitos relacionados con un apartamento que sería de su propiedad, pero aparece registrado en nombre de empresarios que le habrían servido de testaferros. El apartamento, un tríplex situado en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) figura como propiedad de la empresa OAS, una de las constructoras implicadas en la trama Lava Jato.
Expresidente acusado. Lula es uno de los líderes más populares de Brasil y fue su presidente entre 2003 y 2011. Hoy responde en tribunales por otros cuatro casos y la Fiscalía ha presentado una sexta denuncia en su contra por otros asuntos, en su mayoría relacionados a Lava Jato. El caso relacionado al apartamento de Guarujá es el más avanzado y se prevé que el juez estará en condiciones de dictar sentencia a principios del mes próximo.
Lula ha negado que sea el propietario del inmueble y ha dicho ser víctima de una "persecución judicial". Según él, el objetivo es impedir que vuelva a postular a la Presidencia en las elecciones previstas para octubre de 2018. La Fiscalía, sin embargo, asegura que hay "pruebas robustas" en su contra y ha pedido que junto con él sean condenados el expresidente de la constructora OAS, Leo Pinheiro, y cinco exdirectivos de esa empresa.
En 2013, la Justicia brasileña descubrió una red de corrupción que operaba desde hace dos décadas en ese país y que se había extendido en todo el continente. La estatal Petrobras pactó con las principales constructoras de Brasil para entregarles las licitaciones de sus obras de infraestructura a cambio de sobornos. Estas empresas, encabezadas por Odebrecht, replicaron el esquema en toda Latinoamérica. La empresa declaró haber pagado 29 millones de dólares en sobornos en Perú entre 2005 y 2014 para intervenir en obras de infraestructura. El periodo comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
