La excarcelación del expresidente de Brasil fue solicitada hoy por su defensa, en base a un fallo adoptado la noche del jueves por la máxima corte del país.
La Justicia brasileña autorizó este viernes la libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde hace 1 año y 7 meses, después de la decisión adoptada la víspera por el Tribunal Supremo de Brasil.
La excarcelación de Lula fue solicitada hoy por su defensa, en base a un fallo adoptado la noche del jueves por la máxima corte del país, que, en una ajustada votación por 6 a 5, determinó que la prisión de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos es inconstitucional.
Lula se encontraba entre rejas desde el 7 de abril de 2018, cuando comenzó a cumplir una pena de ocho años y diez meses por corrupción tras ser condenado en segunda instancia, acusado de recibir a manera de soborno un apartamento de playa de la constructora OAS a cambio de beneficios para la adjudicación de contratos con Petrobras. EFE
Corte Suprema cambió reglas de encarcelamiento
El jueves pasado, la Corte Suprema de Brasil dio un vuelco radical a las normas de encarcelamiento en el país, en una decisión que llevó a los abogados del expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva a pedir su "liberación inmediata".
"Una vez que conversemos con Lula este viernes, llevaremos al juez de ejecución de penas un pedido para su liberación inmediata, con base en el resultado de ese juicio del Supremo Tribunal Federal (STF)", informó el bufé Teixeira Martins en un comunicado.
Según informó la agencia AFP, el STF decidió por 6 votos a 5 que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales, modificando la jurisprudencia que determinaba el inicio del cumplimiento de la pena a partir de una condena en segunda instancia.
Lula, de 74 años, purga desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses de cárcel, tras haber sido condenado en segunda instancia por corrupción y lavado de dinero. El cambio de jurisprudencia debe llevar a las cortes a examinar la situación de 4.895 personas, entre ellas Lula.
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