Uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos en los últimos doce meses en servicios públicos básicos, según un estudio presentado este lunes por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), que resalta la corrupción en México, República Dominicana y Perú.
"La fotografía de la región no es positiva. Porque un gran número de ciudadanos piensa que la situación no cambia o ha empeorado y porque muchas personas dicen que el gobierno no está haciendo un buen papel", resumió en declaraciones a Efe Alejandro Salas, responsable de TI para las Américas.
Números que preocupan
México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el período de estudio, con un 51 % de los interrogados, seguido por República Dominicana (46 %), Perú (39 %), Venezuela (38 %) y Panamá (38 %).
En el extremo contrario de la región se encuentran Trinidad y Tobago (6 %), Brasil (11 %), Argentina (16 %), Jamaica (21 %) Chile (22 %), Uruguay (22 %), Paraguay (23 %) y Costa Rica (24 %). Entre ambos grupos se encuentran Honduras (33 %), El Salvador (31 %), Nicaragua (30 %), Colombia (30 %) Guatemala (28 %), Ecuador (28 %), Bolivia (28 %).
Las diferencias entre esta encuesta de TI y su popular Índice de Percepción de la Corrupción tienen que ver, principalmente, con que éste pregunta por la "experiencia personal" de personas corrientes, mientras que el segundo interroga a expertos.
Consecuencias de Lava Jato
De entre los encuestados, un 53 % sostiene que su gobierno está haciendo las cosas mal en la lucha contra la corrupción, mientras que un 35 % cree que sus representantes avanzan en la dirección correcta.
Mientras en Venezuela y Perú el 76 y el 73 % de los interrogados creen que la clase política no contribuye positivamente a su erradicación, en Honduras, Ecuador y Guatemala entre un 54 y un 55 % de los encuestados considera que sus representantes lo están haciendo bien.
"El caso Lava Jato, que causó un tremendo impacto en la región, demuestra que la corrupción está ampliamente extendida. El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial, para los sectores más vulnerables", argumentó José Ugaz, presidente de TI. (EFE)
A fines de 2016, Odebrecht admitió haber pagado US$ 29 millones en soborno a distintos funcionarios entre 2005 y 2014, para obtener las licitaciones de obras públicas en Perú. Esta práctica nació en Brasil y fue sistematizada por las principales constructoras de ese país, que obtuvieron millonarios contratos con el Estado pagando con dinero bajo la mesa. Esta red criminal fue revelada tras el inicio de la operación Lava Jato, impulsada por la Policía brasileña. Ollanta Humala y Nadine Heredia están en prisión preventiva por su vínculo con el caso, mientras que Alejandro Toledo tiene una orden de captura.
