El juez Robert Owen concluyó que posiblemente el presidente ruso firmó para envenenar al exespía con polonio 2010.
El presidente ruso, Vladímir Putin, "probablemente" aprobó el asesinato del exespía Alexander Litvinenko, envenenado en Londres en 2006, según la investigación pública británica sobre el caso del exagente.
El juez Robert Owen, a cargo de la indagación sobre el asesinato de Litvinenko, concluyó hoy que posiblemente el presidente ruso firmó la orden de muerte de Litvinenko, envenenado con la sustancia radiactiva polonio 210 en noviembre de 2006.
En su documento, de 300 folios, el magistrado señala que los exagentes rusos Andréi Lugovói y Dmitri Kovtun, con los que Litvinenko se reunión el día en que fue envenenado tras tomar una taza de té, lo mataron al actuar probablemente bajo la dirección de los servicios de inteligencia rusos FSB.
Litvinenko, exagente del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB, sucesor del KGB), falleció el 23 de noviembre de 2006 en un hospital de Londres días después de enfermar por el efecto del polonio 210. Además, pidió asilo político al llegar a Londres en noviembre de 2000, obtuvo la nacionalidad británica y trabajó para los servicios secretos MI6 (exterior).
"Teniendo en cuenta todas las pruebas y análisis disponibles, he encontrado que la operación de la FSB para matar a Litvinenko fue probablemente aprobada por el señor (Nikolai) Patrushev (director del FSB) y también por el presidente Putin", señaló el magistrado. El exespía ruso, que tenía 43 años cuando murió, se había reunido con Lugovói y Kovtun en el hotel Milennium, en el barrio londinense de Mayfair, el día que tomó la fatídica taza de té.
Juez y testigos
Owen interrogó a testigos y escuchó los alegatos de las partes, entre ellos a la familia de Litvinenko, entre el 27 de enero y el 31 de junio de 2015. También mencionó las rivalidades entre Litvinenko y Putin, que datan de los años en que el dirigente ruso estuvo en el FSB.
Según los términos de la investigación dictados por el Gobierno, Owen no puede formular acusaciones civiles ni criminales, sino que debe limitarse a explicar las circunstancias de la muerte y la presunta responsabilidad sobre la misma.
La ministra británica de Interior, Theresa May, tiene previsto hacer hoy una declaración sobre el caso en la Cámara de los Comunes.
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