Pueblos indígenas de América Latina exigen a los países aplicar la normativa internacional para la defensa de sus tierras

La International Land Coalition América Latina y el Caribe (ILC LAC) y más de 25 organizaciones indígenas y de la sociedad civil impulsan la campaña "Asegurar los territorios indígenas para proteger la vida" con el fin de que los países de la región apliquen la normativa internacional que defiende sus derechos sobre la tierra que ocupan.

Durante un foro regional, los líderes y lideresas indígenas denunciaron las complejidades que atraviesan sus pueblos, así como la necesidad de que se garantice su seguridad jurídica de la tierra y el respeto por sus propias formas de gobernanza y gestión de los territorios. 

“No estamos en un momento sencillo. En los últimos meses hemos presenciado el desalojo de comunidades indígenas sin ningún respeto por sus derechos. También vemos retrocesos a nivel legislativo promovidos por los propios gobiernos. Y esto se está dando en un contexto de una crisis climática que no podemos pasar por alto”, explicó Neydi Juracán, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) de Guatemala.

Comunidades afectadas por industrias extractivas

De acuerdo con FAO y FILAC, de los 404 millones de hectáreas que habitan los pueblos indígenas en la región, aún en el 30% no se han reconocido sus derechos colectivos de propiedad o usufructo. Asimismo, Rights and Resources Initiative (RRI) indicó que entre el 2017 y el 2021 se registraron más de 2 000 casos de comunidades afectadas por industrias extractivas en cinco países de Latinoamérica.

“En las comunidades de la provincia de Jujuy, Argentina, estamos en pie de lucha por la defensa de nuestros derechos. La reforma constitucional provincial abre las puertas al extractivismo para la explotación del litio. Esto causa daños ambientales irreversibles y vulnera nuestros derechos a la tierra, al agua y a vivir en un medio ambiente sano”, expresó Beatriz Débora Sajama, del Grupo Mujeres Defensoras del Hábitat Natural.

“Exigimos una Ley de Propiedad Comunitaria, dando cumplimiento a nuestra constitución nacional y a la consulta previa, libre e informada”, remarcó.

Por su parte, el presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), Henry Carhuatocto, indicó que el Estado peruano mantiene la propiedad sobre los recursos naturales que, consideran, "espacios ancestrales de los pueblos indígenas" y, por lo tanto, "esto pone en riesgo a los pueblos indígenas porque el Estado podría no respetar ese derecho".

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