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por Redacción RPP
·En los últimos meses se reactivaron los conflictos en el corredor sur andino, a lo que se suma los crecientes problemas en el norte y la Amazonía del país vinculados a la minería ilegal e informal, advierte 33° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.
En los últimos meses del año se ha evidenciado un incremento sostenido de los conflictos sociales, que ya superan los 220 casos –el número más alto en los últimos 7 años. En su mayoría, estos conflictos responden a la categoría de socioambiental (más del 60%) y de este tipo de conflictos, el 67% están vinculados con la minería. Esto es una constante que ya dura casi dos décadas. Así lo advirtió el 33° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), presentado la mañana del jueves por las instituciones CooperAcción, Grufides y Fedepaz.
“Este incremento de los conflictos va de la mano del aumento de las acciones de protesta colectiva que pasaron de 232 en agosto a 410 en octubre. Al revisarlo por macro región, se aprecia que el 42% de los conflictos se encuentran en el norte, 34% en el sur y 20% en el centro. Son cifras de la Defensoría que desbaratan el argumento gubernamental de que ya se pacificó los conflictos”, comentó José De Echave, investigador de CooperAcción.
En los últimos meses, algunos conflictos pasaron de latentes a activos, como el de Chumbivilcas y Cotabambas en el corredor surandino, el caso de Huanta en Ayacucho por las empresas que operan en las cabeceras de cuenca de las lagunas de Razuhuillca y el peligroso avance de la minería ilegal e informal en Pataz (La Libertad).
El 33° informe del OCM advierte que la minería ilegal se ha expandido peligrosamente a las fronteras. En el caso de la frontera con Ecuador, en la zona de la Cordillera del Cóndor y a lo largo del río Cenepa; y en la frontera con Colombia, en el río Putumayo, donde comunidades indígenas de la zona vienen siendo afectadas por las crecientes actividades vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, sobre todo en la zona del Alto Putumuayo.
Minería ilegal e informal
“La minería ilegal en Perú ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 15 años. En este período, el sector ha gozado de precios altos, especialmente en el caso del oro, alcanzando alrededor de 1890 dólares por onza. Este auge ha permitido que la minería ilegal acumule un considerable poder económico, que ejerza control territorial y tenga una influencia política que se extiende desde alcaldes hasta congresistas”, señaló De Echave.
De acuerdo con estimaciones de CooperAcción en base a cifras oficiales, la minería ilegal e informal ocupa alrededor de 25 millones de hectáreas a nivel nacional. Este dato cobra relevancia al considerar que las concesiones mineras formales ocupan cerca de 20 millones de hectáreas. La presencia de la minería ilegal e informal se extiende prácticamente por todo el país, afectando a casi todos los departamentos.
El investigador resalta que, mientras la minería formal emplea alrededor de 220 mil trabajadores, la minería informal supera el doble de esa cifra, con aproximadamente 400 mil trabajadores. Esta considerable base social hace que el sector sea electoralmente atractivo y ejerza una influencia significativa en el ámbito político. Además, destacó que la minería informal, que antes estaba predominantemente centrada en metales preciosos como el oro, ahora se ha diversificado, incluyendo la extracción de metales de base como el cobre y también productos no metálicos.
Según Ana Leyva, subdirectora de CooperAcción, uno de los factores detrás de la expansión de la minería ilegal es la ausencia del Estado, que se ha agudizado durante la pandemia. La crisis sanitaria no solo implicó un retroceso y retiro del Estado en términos generales, sino que también exacerbó la vulnerabilidad de ciertas regiones ante la minería ilegal, donde la presencia del gobierno es mínima.
“Es necesario un control de la cadena de suministros que ahora nadie controla. No es solo ver a los mineros, también es necesario identificar a los que les facilitan los instrumentos para su actividad ilegal”, dijo Ana Leyva.
Para Mirtha Villanueva, directora de Grufides, para hacer frente al avance de la minería ilegal e informal es importante fortalecer a las organizaciones sociales de base para que la sociedad le haga frente. Resaltó que son las mujeres y niños los más afectados con dicha actividad ilegal.
Déficit hídrico y proyectos mineros
El pasado 19 de septiembre, el Ejecutivo ha declarado en emergencia por 60 días, por el inminente peligro de déficit hídrico, a 544 distritos de 14 departamentos (Apurímac, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno y Tacna).
En el 2023, de acuerdo con el Banco Mundial, Lima ha presentado el volumen de almacenamiento de agua más bajo de los últimos cinco años. En los países de América Latina y El Caribe, la capacidad de almacenamiento es de 2500 m3 per cápita en promedio, en el Perú apenas llegamos a 180 m3.
Ana Leyva cuestiona el doble discurso gubernamental. “A pesar que el Gobierno anunció la declaratoria de emergencia por déficit hídrico, apoya la ejecución de la mina Ariana sobre la zona productora de agua más importante para Lima y Callao. Si la mina Ariana empieza a operar, pondría en riesgo la distribución de agua potable para casi 11 millones de personas. Este proyecto pretende instalarse donde se encuentran las lagunas y toda la infraestructura hídrica (reservorios, canales, el Túnel Transandino) que conforman el denominado Sistema Marcapomacocha”, señaló Leyva.
David Velasco, director de Fedepaz, destacó la persistente controversia vinculada al proyecto minero Rio Blanco en Piura, señalando que, a pesar de la ausencia de licencia social, el gobierno impulsa su avance. "Se trata de sacar adelante el proyecto minero Rio Blanco cuya inversión, según se ha informado, es de 2400 millones de dólares, pero de salir adelante se afectarían cabeceras de cuenca y colchones acuíferos, perjudicando el desarrollo económico de los lugareños basado en la agricultura o el turismo", afirmó. Por otro lado, expresó su preocupación al cuestionar la concesión de territorios habitados por comunidades indígenas o rurales bajo el pretexto de impulsar la economía.
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