Coronavirus en Perú: La crisis sanitaria que la pandemia 'desnudó' en el país

"¿Cómo pueden decir que no queremos atender a las personas? ¡Por, favor! ¡Por el amor de Dios! ¿Por qué mentir? ¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente!”, fue el clamor del jefe del Cuerpo Médico del Hospital Regional de Lambayeque, médico Rodolfo Cruz, el 29 de abril del 2020, cuando la pandemia de la COVID-19 provocaba el colapso de los centros de salud del país y la desesperación asomaba en el Perú.

A diferencia de otros hospitales donde no había camas para pacientes COVID-19, en Lambayeque sí tenían 60 camas disponibles para hospitalización... Lo que no tenían eran médicos ni enfermeras, según el testimonio de Cruz.

Lo dicho por Cruz graficaba lo que el Perú vivía en ese momento: incapacidad material y humana para enfrentar a la pandemia. La COVID-19 había llegado para descubrir (o redescubrir) el abandono en el sector salud.

Lambayeque, por ejemplo, la región del doctor Cruz, vivió el momento más crítico de la primera ola por COVID-19 en mayo del año pasado (llegó a reportar 45 muertes por día, según el portal OpenCovid Perú). Y disponía, en ese momento, de18 camas UCI pese a que necesitaba el doble, según indicó el gerente regional de Salud, Félix García Ahumada.

"En el país hay un déficit de especialistas, de camas y eso se evidenció grandemente con la pandemia. Las cifras iniciales de camas UCI en el hospital eran las peores de Sudamérica. Bueno, ahora han mejorado notablemente, pero aún necesitamos", explicó.

Sin armas para la guerra

Según la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del Ministerio de Salud, en enero del 2020, el 78% de los casi nueve mil establecimientos de salud del primer nivel presentaban una "infraestructura precaria" y "equipamiento obsoleto".

Y de acuerdo a esa misma fuente, en febrero del 2019, el 51% de los 243 hospitales del segundo y tercer nivel de atención tenían una infraestructura que no permitía atender a los pacientes en óptimas condiciones.

Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, explicó que el Estado peruano inició la guerra contra la COVID-19 en desventaja, al no tener las armas necesarias para luchar.

"Es un sistema que antes de la pandemia ya era precario e inequitativo y, claro, con la pandemia, esos problemas no se han solucionado. La brecha de falta de acceso a servicios públicos y privados es mayor. Estamos hablando de miles de familias que no han logrado encontrar hospitalización y, por tanto, se han tenido que quedar en sus viviendas para afrontar una enfermedad", dijo a RPP Noticias.

En efecto, antes de la pandemia, el sector Salud ya era un paciente en estado crítico. Según datos oficiales, solo el 38% de las ambulancias estaban operativas y un ciudadano demoraba, en promedio, trece días para acceder a una cita médica.

Hospitales 'viejos' y sin equipos

En el sur del país la situación no era distinta y también, se demostraba que la pandemia ponía al descubierto las carencias del sistema sanitario peruano. En marzo del 2020, los médicos del hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa, advertían que no contaban con la infraestructura y equipos necesarios para atender a pacientes COVID-19 y que el hospital Goyeneche, el otro establecimiento emblemático de la región, debía ser el designado para tal recepción.

No obstante, los profesionales del Goyeneche, fundado hace más de un siglo, respondieron que su situación era "más crítica" ya que contaban con ambientes sin usar, apuntalados con maderas para evitar que se caigan, salas de operaciones con goteras, mobiliario antiguo y solo seis camas UCI. Encima, desde hace ocho años estaban a la espera de que se instale una nueva infraestructura. Por eso, pidieron "que el Honorio Delgado sea el hospital COVID-19 de esta región".

“Tenemos 16 ventiladores mecánicos, 8 malogrados”, dijo en ese momento Juan Condori, director del hospital Honorio Delgado (luego fallecería, por la COVID-19, el 15 de setiembre del 2020).

Al final, se designó al hospital Honorio Delgado como centro COVID-19 y el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, refaccionó su infraestructura y habilitó salas de hospitalización con camas con puntos de oxígeno. Sin embargo, esta labor demoró más de siete meses en medio de varias observaciones de la Contraloría por presuntas irregularidades, además de reclamos del personal de salud por la lentitud de los trabajos.

Mientras la burocracia y lentitud en las gestiones hacían mella, el nuevo coronavirus no perdonaba. En julio del 2020, varias personas morían en la puerta del área de emergencia del hospital Honorio Delgado. No había camas ni personal. El Minsa tuvo que intervenir y prestar auxilio a una ciudad que se asfixiaba en casos de COVID-19.

Justamente, en esos días dio la vuelta al mundo el caso de Celia Capira, una mujer que corrió más de 300 metros para alcanzar a la camioneta donde se desplazaba el presidente de ese entonces, Martín Vizcarra. Pero fue ignorada. Pedía que ayuden a su esposo quien se encontraba en estado grave a la espera de una cama. Tres días después, el hombre falleció.

La brecha del oxígeno

El problema con el que el Perú se dio un portazo fue el desabastecimiento de oxígeno medicinal, uno de los insumos más buscados para salvar la vida de los infectados por COVID-19.

En mayo del año pasado, la alerta inicial se dio en Iquitos, en la región Loreto, la primera en colapsar. Ahí no había oxígeno y transportar ese elemento hasta la selva era complicado. El presidente del Consejo de Ministros de ese entonces, Vicente Zeballos, señaló al Congreso, el 28 de mayo, que la demanda de oxígeno había crecido y era de unos 21,740 balones, lo cual representaba, aproximadamente, 40% más del consumo regular.

El 29 de abril de 2020, la Defensoría del Pueblo "advirtió del aumento excesivo de precios de balones de oxígeno en Iquitos y alertó a las autoridades sobre la necesidad de que el Gobierno Nacional y el Congreso implementen disposiciones para intervenir
en el mercado del oxígeno medicinal a fin de evitar la especulación u otras prácticas abusivas".

Para este año, en plena segunda ola, la propia exministra de Salud, Pilar Mazzetti, reconoció que la demanda de oxígeno había aumentado en 300%.

Pueblos indígenas

La pandemia también encontró al Perú desconectado con sus pueblos originarios. Según un reporte de la Sala de Población Indígena con COVID-19 del Ministerio de Salud, hay 29 651 indígenas contagiados con el nuevo coronavirus desde el año pasado hasta el 3 de marzo 2021. Asimismo, hay 170 fallecidos. Loas awajún lideran la tabla de contagios con 7611, y los kichwaruna, los siguen con 5732.

Nuevamente, cuando la pandemia empezó a arreciar en el país, encontró a los pueblos indígenas desprotegidos, según Berlín Diques Ríos, presidente de la Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, en Ucayali. El gobierno instaló, recién en junio del año pasado, una Comisión Multisectorial que debía sesionar cada 15 días.

Sin embargo, un informe de diciembre del 2020, hecho por la Defensoría del Pueblo, dio cuenta de que el Ministerio de Cultura convocó solamente a cuatro sesiones ordinarias en el marco de la Comisión Multisectorial. 

"Como institución, emitimos más de 2000 recomendaciones durante el 2020, a través de informes, reportes y oficios, a los tres niveles de gobierno, para solicitar el acceso a los servicios de salud y otros derechos de los pueblos indígenas, además que se les asigne un presupuesto específico destinado a fortalecer los establecimientos de salud, se respete su derecho a recibir información en su lengua originaria y a la participación de las organizaciones indígenas en las estrategias”, señaló Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas, el 1 de marzo de este año.

Cuando se le pregunta a Berlín Diques Ríos sobre los compromisos del Estado, responde esto: "No nos han dicho nada. No formamos parte de la distribución, implementación. Una situación crítica como es la emergencia sanitaria todavía no se ha atendido. Los escasos puestos de salud que tiene la Amazonía en comunidades nativas aún no están implementados. No hay ninguna voluntad política", comentó a RPP Noticias.

Para Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, el centralismo también jugó en contra en esta pandemia. “El mejor equipamiento, la disponibilidad de especialistas médicos ha estado concentrado en Lima. Hay un enorme reto todavía, para un país muy centralista en materia de Salud”, explicó.

La pandemia de la COVID-19 nos mostró el estado crítico de nuestro sistema de salud, ese que, por muchos años, nos negamos a ver.

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