Defensoría del Pueblo: "Solo durante el último agosto, se registró más de 300 protestas colectivas en el Perú"

La Defensoría del Pueblo, en su último reporte de conflictos sociales, indicó que, solo durante el último mes de agosto, se registró 337 acciones colectivas de protesta en el país. Además, hasta ese mes, había 209 conflictos sociales a nivel nacional: 149 activos y 60 latentes.

Además, se ubicó que las regiones con más cantidad de conflictos de este tipo son Loreto, con 28 casos; Cusco, con 18; y Apurímac con 17 conflictos.

"Hay desinterés de los gobiernos regionales frente a los conflictos"

Respecto a esta situación, Luis Alvarado, comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, en diálogo con RPP Noticias, señaló que existe "desinterés" por parte de las autoridades regionales para aportar a la solución de dichas situaciones.

"Nosotros hemos identificado, en algunos casos, desinterés o una idea de que los conflictos sociales solo se manejan con muñeca política y no con una dosis especializada, con una oficina", sostuvo.

En ese sentido, refirió que la Defensoría del Pueblo encontró un gran déficit en la existencia de oficinas especializadas frente a los conflictos sociales en las regiones.

"Solo en 8 regiones hay una oficina especializada en gestión de conflictos. Y en el caso de los 10 departamentos que concentran el mayor número de conflictos sociales, solo dos gobiernos regionales, Loreto y Puno, cuentan con una oficina", indicó.

Asimismo, señaló que, en el caso de las regiones con conflictos mineros, "no hay ninguna oficina para atender esas situaciones". "Ahí notamos una falta de institucionalidad que permita atender y conocer directamente los problemas", remarcó. 

Respecto a la poca presencia de estas oficinas en regiones, Alvarado señaló que cada gobierno regional es "autónomo" para decidir su implementación, pero que ésta no se realiza.

"Están dejando pasar la oportunidad de poder hacer análisis desde adentro de los gobiernos regionales, que es un análisis mucho más cercano a las problemáticas y permite identificar a las personas con capacidad para establecer un diálogo. Y aunque la conflictividad social no está en su totalidad directamente vinculada a dichos gobiernos, (éstos) no pueden dejar de participar porque, para empezar, son autoridad", indicó.

Alvarado subrayó que, en el pasado, "hubo anteriores oficinas que fueron creadas, pero que luego fueron dejadas de lado por falta de voluntad política para implementarlas con el presupuesto que requiere el personal".

"No es un asunto complejo, sino de voluntad política para instalarlo y visibilizar su importancia para la gestión del conflicto, porque las protestas ocurren en esas jurisdicciones, no todas ocurren en Lima. Las autoridades regionales no pueden darles la espalda a estos conflictos por más que el interpelado sea el gobierno nacional", remarcó.

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