En más de 10 años, menos del 2 % de mineros se formalizaron con el Reinfo, dice Confemin: ¿cómo se explica esto?

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció una serie de medidas que se implementarán en la provincia de Pataz, región La Libertad, luego de que fueran encontrados los cuerpos sin vida de los trece trabajadores que, el pasado 26 de abril, fueron secuestrados por mineros ilegales y criminales en dicha jurisdicción.

Ante esta situación, desde varios sectores de la sociedad civil se ha vuelto a cuestionar la última ampliación del plazo del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), extensión que fue aprobada por el Congreso y oficializada por el Ejecutivo, el pasado 27 de diciembre.

Pero ¿qué tan efectivo ha sido el Reinfo para formalizar a los mineros dedicados a la pequeña minería y minería artesanal? RPP conversó con Máximo Franco Becker, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), y con Manuel Zapata, abogado y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, respecto a este tema.

El presidente de Confemin señaló que, en más de 10 años de existencia del Reinfo, solo el 1.5 % de mineros ha logrado formalizarse. Por ello, Franco y Zapata coincidieron en que el registro "es un fracaso". Pero, ¿cómo se explica el reducido avance en la formalización?

Presidente de Confemin: "Nos han pedido unos requisitos que no se pueden cumplir"

El presidente de Confemin precisó que el Reinfo "es un permiso eventual" que "permite hacer operación minera como cualquier otra" hasta lograr la formalización, y que con ese "amparo legal" vienen operando desde el 2012, por lo que no se les puede considerar mineros ilegales. No obstante, indicó que ese proceso ha fracasado debido a la dificultad de cumplir requisitos, como la obtención del contrato de explotación. 

"En el proceso de formalización, nos han pedido unos requisitos que no se pueden cumplir, como es el contrato de explotación. Entonces, por esa razón, somos ahorita informales, no somos ilegales; porque hemos definido que ilegal es aquella persona que no puede hacer minería en lugares prohibidos. En cambio, los informales son las personas que les falta cumplir algún trámite administrativo, por ejemplo, el contrato de explotación, hacer su impacto ambiental y otros temas, pero es un tema netamente administrativo", explicó. 

"La minería no ha empezado hace 12 años, la formalización empezó a los 12 años. La minería es de hace mucho tiempo -y yo tengo trabajando en la minería más de 35 años- y siempre hemos trabajado de la mano con los titulares de las concesiones, de la mano y con consentimiento de ellos, con la minería legal. Entonces, en el año 2012, el gobierno dijo ‘ustedes no tienen por qué trabajar así, sino tienen que formalizarse’. Y ahí empezó el pleito entre nosotros, porque el Estado nos dio un derecho sobre otro derecho", aseveró.

Pero, ¿a qué "pleito" se refiere? Máximo Franco indicó que "el 97 %, aproximadamente, de todos los mineros en proceso de formalización" trabajan "para terceros", es decir, en un terreno que no es de ellos, sino de las empresas concesionarias de la explotación minera. 

"El requisito que nos piden para formalizar es acreditar la titularidad del predio del terreno […], a través de un contrato de cesión o de explotación. Y ese contrato de explotación de cesión no lo podemos firmar hasta la fecha. Solamente se ha logrado firmar de común acuerdo el 1.5 % durante 12 años y se han gastado más de 900 millones de soles", sostuvo. 

No obstante, resaltó que, aunque se encuentran inmersos en un proceso de formalización, sí cumplen con todas las leyes vigentes. 

"En las condiciones que estamos trabajando, estamos legalmente, porque se dio una ley y se reguló por otras leyes para la formalización. Tal es el caso, por ejemplo, que nosotros hacemos toda la operación como debe hacerse. Sacamos permiso de explosivos, insumos químicos, hacemos el tema ambiental, tenemos planilla, es más, pagamos impuestos", señaló.

"Me preguntan, ¿por qué si cumplo con todo no soy formal? Porque no firmo ese contrato de explotación, eso no me quiere firmar el titular de la concesión. Yo cumplo pagando impuestos, cumplo con todo lo demás. Soy informal solamente por no tener ese contrato de explotación, y tampoco lo voy a tener nunca. ¿Por qué? Porque no me pongo de acuerdo en el tema comercial con el titular de la concesión. ¿Qué cosa quiere el concesionario? Quiere someterme a sus condiciones y en esas condiciones no voy a firmar un contrato de explotación. Ese es el gran tema", subrayó. 

"Soy informal solamente por no tener ese contrato de explotación, y tampoco lo voy a tener nunca, porque no me pongo de acuerdo en el tema comercial con el titular de la concesión"

Presidente de Confemin

Máximo Franco indicó que las zonas donde trabajan los pequeños mineros y mineros artesanales son "concesiones ociosas", es decir, son "tierras" en las que no hay actividad productiva por parte de los concesionarios. 

"En esas concesiones que nosotros trabajamos, ellos no trabajan. Esas concesiones están acaparadas, son concesiones ociosas que nunca lo van a trabajar tampoco. Solamente ellos tienen la concesión para someternos a nosotros a poder aceptar sus condiciones. Entonces, la solución que estamos planteando nosotros es la reversión de concesiones ociosas. Ellos no pueden tener 400 000 hectáreas cuando solamente ocupan 3 % de su operación", explicó.

Sin embargo, el titular de la Confemin consideró que son "un mal necesario" para la gran minería.

"Somos un mal necesario para la gran minería, para grandes mineras o para quien sea. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos como los que descubrimos las vetas, porque hacer un proyecto de exploración cuesta mucho dinero y muchas empresas no quieren invertir y lo más fácil es llamar a la gente o a los mineros que hacen este tipo de trabajo ancestral y dicen ‘búsquense las labores, te doy la concesión, vayan a buscarse y trabajen’. Siempre hemos hecho eso dentro de su concesión de ellos", sostuvo. 

"Una vez que encontramos la veta, entonces ya nos dicen ‘trabajen nomás’ y nos dan el mineral a nosotros. Compartimos y hacemos un pequeño contrato, un pequeño acuerdo, no necesariamente un contrato formal como debe ser, solamente donde él me autoriza para trabajar y me da todas las facilidades y yo saco el mineral y lo llevo a su planta", precisó.

Asimismo, indicó que la pequeña minería y la minería artesanal produce "el 56 % del oro nacional" y que sus representados tienen toda la voluntad de formalizarse.

"En el Perú, el 80 % de la economía de la población económica activa es informal. ¿Por qué es informal? No es informal porque quiere, es porque la condición no le permite formalizarse, y ahí estamos también nosotros. Hay que tener un poco más de visión general de las cosas, no mirar solamente de frente. Nosotros somos una realidad. Nosotros producimos el 56 % del oro nacional con la ley en contra, con la Policía en contra, con todo en contra. Nosotros somos una oportunidad para el Perú. Pagamos impuestos. ¿Quién no paga impuestos? Todo el mundo paga impuestos", señaló.

"Nosotros hemos demostrado que queremos formalizarnos. Desde el año 2012 que empezó el proceso, nosotros hemos venido trabajando muchas mesas técnicas con especialistas, con todos y todos han coincidido con nosotros en que falta una ley. La ley que han dado no refleja la realidad de la minería tradicional y hasta ahorita estamos peleando con eso. Nosotros creemos que la ley debe salir ahora en esta legislatura, la Ley MAPE", agregó.

Finalmente, el presidente de la Confemin indicó que no tienen nada que ver con la minería ilegal y que también sus agremiados son víctimas de la delincuencia. 

"Nosotros somos las primeras víctimas justamente de estos delincuentes que vienen a aprovecharse de alguna debilidad de este sistema de la formalización o de algún Reinfo o de algún minero para poder hacer sus fechorías. Pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver", puntualizó. 

Manuel Zapata: Reinfo "es un escudo de impunidad, porque no te puede investigar la fiscalía"

Por otro lado, Manuel Zapata, abogado y vocero del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), indicó que la figura de la formalización a través del Reinfo no fue una "medida antojadiza", sino que respondió a una serie de factores, como denuncias de apropiación ilícita de tierras y daños en el medioambiente. 

"La figura de la formalización como una política pública, que inicia en el año 2012, no es una decisión antojadiza [...] ¿Qué pasa hasta ese momento? La capacidad de poder controlar administrativamente la pequeña minería y minería artesanal por parte de los gobiernos regionales fracasó. Entonces empezó a salirse de control la actividad, empezaron a a aparecer noticias de impactos ambientales, afectación a los ríos, afectación a comunidades, afectación a las personas. Denuncias sobre apropiación ilícita de tierras, denuncias porque no se dejaban fiscalizar. Entonces, se tomó una serie de acciones para proteger la salud pública, para proteger la salud ambiental, para proteger el ecosistema, para proteger la economía", explicó.

Zapata indicó que, ante esa situación, se incluyó el delito de minería ilegal en el Código Penal y, a la par se instituyó "el proceso de formalización", para ayudar a que los ciudadanos "puedan adecuar su actividad y después estén bajo la tutela regular".

"Lo que viene pasando ahora es que esa excepción es la regla. Entonces, estamos en un proceso de formalización que es caótico, y donde reina el caos hay comodidad para quienes no quieren ser fiscalizados", señaló.

Respecto al problema con los contratos de explotación entre mineros informales y las concesionarias, el vocero del OMI dijo que el Estado "debería pensar en mecanismos para mediar y que eso se pueda dar", pero que también es cierto que "muchas de las ejecuciones de la minería artesanal están posicionados sobre territorios de manera indebida, ya sea por una figura de usurpación de tierras o ya sea que están asentados de manera indebida e ilegal". 

"Si tú vienes y te asientas de manera ilegal, el titular, evidentemente, no va a querer en ninguna circunstancia hacer ningún tipo de contrato", remarcó.

Además, señaló que la formalización no exige un contrato de titularidad de las tierras, sino que basta con "una especie de convenio o una especie de negociación con el titular del terreno". 

"Basta con que tengas un contrato o basta que tengas un convenio con esta persona que te habilite o te permita hacer ejecución en ese espacio geográfico. Lo que pasa que muchas veces el momento en el que se encuentran ha sido de manera indebida, una figura de usurpación, una figura de tráfico de tierras, que es parte del problema de que no hay claridad sobre lo que sucede", refirió. 

En otro momento, Zapata cuestionó la aseveración del presidente de la Confemin respecto a que sus 50 mil agremiados cumplen con todos los requisitos para operar.

"Si cumplen con todos los requisitos, ¿dónde está la resolución de inicio o reinicio? Hay que partir de la idea de que estar inscrito en el Reinfo no es un permiso propiamente dicho. Eso es una desnaturalización de la figura normativa y eso es parte también del fracaso de la figura de la formalización. El Reinfo es una herramienta dentro del proceso de formalización, no es un permiso de explotación, es simplemente una inscripción en la que tú debieras ser fiscalizado por el gobierno regional hasta que termines de cumplir todos los pasos", señaló.

"Entonces, habría que verificar si, efectivamente, cumplen con todos los requisitos, pagan todos los impuestos y cumplen con los estudios de impacto ambiental que se han construido específicamente para esa actividad. Si cumplieran con todos los requisitos, no estaríamos en este estadio. De los 87 000 mineros que están dentro del Reinfo solamente se han formalizado ni el 1 %. Entonces, esos 500 000 mineros, ¿dónde operan? ¿Bajo qué circunstancias?", inquirió.

"Si tú vienes y te asientas de manera ilegal, el titular, evidentemente, no va a querer en ninguna circunstancia hacer ningún tipo de contrato"

Manuel Zapata, vocero del OMI

El vocero del OMI indicó que, efectivamente, hay informales que quizá cumplan con "el 80 % de los requisitos y su único problema o su única traba sea el acuerdo económico", pero que hay miles que prefieren mantenerse en esa condición para evadir la fiscalización. 

"¿Qué pasa con los miles de mineros que están dentro del proceso de formalización y que utilizan el Reinfo como un escudo de impunidad? Es un escudo de impunidad, porque no te puede investigar la fiscalía y porque quien debiera fiscalizarte, que es el gobierno regional, no tiene las capacidades logísticas, técnicas ni económicas para poder hacer una fiscalización. Ahora la pregunta es: ¿los gobiernos regionales tienen la capacidad de fiscalizar a los que están en el proceso de formalización? No la tienen. Entonces, es un estadio cómodo", sostuvo.

Además, Zapata resaltó que, desde el 2012, los requisitos de formalización del Reinfo han pasado por varias modificaciones que los han flexibilizado y que, pese a eso, no ha habido avances. 

"Cada modificación del proceso de formalización ha sido en beneficio o ha sido buscando bajar los estándares y bajar la regulación para que los mineros se puedan formalizar. Desde que se creó el proceso de formalización había una serie de incentivos, se bajaron los estándares [...] La formalización, con las fallas que tiene, no nació de una buena voluntad para la formalización, pero tampoco es que es un proceso descabellado, imposible de cumplir. Si es así, ¿por qué sí hay un grupo de mineros que sí se ha formalizado? ¿Qué pasó con ellos? De repente, porque el lugar donde estaban asentados, la tierra, no había sido obtenida de manera indebida. De repente, porque sí tenían una cadena de valor respetando el medio ambiente [...] Entonces, no es verdad que es imposible formalizarse. Eso solamente es un pretexto para hacer un estadio cómodo. Donde reine el caos, reina la ilegalidad", resaltó.

"Para poder ingresar al proceso de formalización, los estándares y la normativa se han flexibilizado cada vez más. Hay flexibilización, hay apoyo, hay ayuda y aun así no ha dado resultados. También hay que mirar la otra parte, el Estado tiene su responsabilidad, pero ¿cuál es la voluntad del minero de querer formalizarse en verdad? Lo que nosotros queremos poner en evidencia es que, sinceramente, nosotros creemos que no hay voluntad de formalizarse, porque el estadio es cómodo. No te pueden investigar, no te dan la capacidad para fiscalizar y porque en la medida que yo tenga mi Reinfo, entonces puedo seguir operando", acotó.

Finalmente, Zapata destacó algunas claves para que el Ejecutivo pueda librar una lucha efectiva contra la minería ilegal.

"La primera, que el Estado replantee su estrategia, porque minería ilegal hay en Pataz, pero también hay en el río Nanay, también en las regiones amazónicas, también hay en Arequipa, también hay en Puno y son geografías diferentes, y si hay geografías diferentes hay modus operandi diferentes y la estrategia tiene que ser integral. Segundo, tiene que haber un incremento del presupuesto. Si hacemos un cálculo rápido, para julio de este año, se estaría acabando el presupuesto destinado para las acciones de interdicción", indicó.

"Utilizar la inteligencia, el ámbito preventivo. ¿Cómo hacemos para competir con la minería ilegal? Activar desarrollo productivo local es clave. En la Amazonía, el ingreso promedio es de S/900 en un trabajo lícito. La minería ilegal te otorga un resultado de S/3000 mensuales. Entonces, ¿cómo compites contra eso?", puntualizó.