Fallo del Tribunal Constitucional precisa que los mineros informales no pueden quedar exonerados de responsabilidad penal por el solo hecho de estar en proceso de formalización.
Las normas en el Perú no permiten denunciar por minería ilegal a quienes tienen Reinfo, pese a tener la inscripción suspendida, lo que genera impunidad frente a diversos delitos. Ante ello, en una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional (TC) declaró que los mineros informales inscritos en este no pueden quedar exonerados de sanciones penales por delitos ambientales.
Según el fallo del Tribunal Constitucional, el proceso de formalización no debe contemplar ningún tipo de inmunidad penal, ni siquiera de manera transitoria. “No resulta constitucionalmente amparable que se regule un marco de exención penal, referido a los delitos ambientales, en ningún proceso de formalización minera, ni en ninguna prórroga del régimen transitorio”, señala la sentencia.
Asimismo, el Tribunal exhorta al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo a evitar mantener un sistema que permita eximir de responsabilidad penal a los mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). De acuerdo con el pronunciamiento, dicho registro ha permitido que personas naturales y jurídicas continúen operando sin apego a la legalidad y sin recibir sanciones efectivas.
Reinfo: 20 años de formalización minera sin resultados concretos
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fue creado con la finalidad de incorporar progresivamente a los mineros informales dentro del marco normativo. No obstante, a más de dos décadas de su implementación, sigue generando críticas por parte de diversos sectores.
“El Reinfo genera muchos problemas al desarrollo económico del país, junto con el desarrollo de la criminalidad en el sector minero se ha desarrollado una red de criminalidad que hoy todos los ciudadanos sufrimos y si no la contenemos y la dejamos crecer llegará a ser inmanejable para el Estado peruano", manifestó Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas, en entrevista para 'La Rotativa del Aire Mediodía' de RPP.
En su sentencia, el Tribunal Constitucional advierte que las normas que prolongan indefinidamente el régimen transitorio de formalización han terminado generando zonas grises que dificultan la aplicación de sanciones.
Especialistas piden mayor control y fiscalización
César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental, expresó su preocupación por la falta de resultados en el proceso de formalización minera. “Veo complicidad desde el Congreso y desde el Ejecutivo (…) Hay una bancada multipartidaria que respalda a los mineros informales e ilegales”, indicó, al ser consultado sobre el fallo del Tribunal Constitucional.
De acuerdo con Ipenza, se estima que aproximadamente 60 toneladas de oro ilegal salen del país cada año, lo que evidencia el impacto económico de la minería ilegal. Por ello, consideró urgente que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) asuma un rol más activo en la fiscalización de las plantas de beneficio y en la promoción de un proceso de formalización efectivo.
Un precedente clave en la protección ambiental
Para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el fallo del Tribunal Constitucional representa un precedente importante en la defensa del medio ambiente y la legalidad. Al dejar en claro que ninguna política pública puede incluir exenciones penales por delitos ambientales, el Tribunal Constitucional reafirma el principio de responsabilidad ante la ley.
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