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Fiscalía planea presentar una acción de inconstitucionalidad contra ley de amnistía para militares y policías

La sede de la Fiscalía, en el centro histórico de Lima. El organismo público se pronunció sobre la ley de amnistía.
La sede de la Fiscalía, en el centro histórico de Lima. El organismo público se pronunció sobre la ley de amnistía. | Fuente: Andina

La fiscal superior Rosario Quico Palomino dijo que la ley de amnistía obstaculiza el deber del Estado de investigar, sancionar y reparar graves violaciones a los derechos humanos.

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La fiscal superior coordinadora de las Fiscalías en Derechos Humanos e Interculturalidad, Rosario Quico Palomino, anunció que solicitará a la Fiscalía de la Nación presentar una acción de inconstitucionalidad contra la reciente ley de amnistía promulgada por el gobierno de Dina Boluarte. La norma beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa procesados o condenados por crímenes cometidos entre 1980 y 2000.

“Dicha norma resulta jurídicamente inviable, vulnera principios constitucionales esenciales y contraviene obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos”, afirmó Quico Palomino en un video difundido por el Ministerio Público.

La magistrada explicó que la ley obstaculiza el deber del Estado de investigar, sancionar y reparar graves violaciones a los derechos humanos. “Estaremos solicitando formalmente a la Fiscalía de la Nación la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley”, enfatizó.

La decisión —indicó— fue adoptada tras un análisis conjunto de los fiscales de los Subsistemas Especializados en Derechos Humanos e Interculturalidad, Terrorismo y delitos conexos. “Reafirmamos el compromiso institucional con la supremacía constitucional, el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la protección de las víctimas”, subrayó.

En la víspera, la presidenta Dina Boluarte promulgó en Palacio de Gobierno la iniciativa legislativa impulsada por el congresista conservador Jorge Montoya, exjefe de las Fuerzas Armadas. La ley otorga amnistía a policías, militares y miembros de comités de autodefensa involucrados en crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.

“Una afrenta a las miles de víctimas”

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la norma como una “afrenta” a las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas el contexto del conflicto armado interno.

En un comunicado, advirtió que la ley viola estándares internacionales y constituye “un retroceso en la búsqueda de justicia y reconciliación” en el Perú, por lo que debe “revertirse de inmediato”.

“Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía, que es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad”, señaló.

“Un precedente nefasto”

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) también rechazó la norma, calificándola como propia de regímenes autoritarios. “Premia con impunidad a responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, dejando a las víctimas y a sus familias sin verdad ni justicia”, advirtió en un pronunciamiento.

Amnistía Internacional (AI) coincidió en que la ley sienta “un precedente nefasto” para el derecho de acceso a la justicia, pues podría impactar al menos 156 casos con sentencia firme, cuyos responsables —condenados por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos— quedarían en libertad.

“Recordamos que los estándares regionales e internacionales de derechos humanos establecen que las amnistías son inadmisibles para casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como aquellos cometidos en Perú entre 1980 y 2000. Entre estos crímenes se cuentan desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual, etc.”, señaló AI.

La organización alertó, además, sobre “el avance del autoritarismo y la impunidad en el Perú mediante normas que debilitan el espacio cívico, restringen el acceso a la justicia y desconocen compromisos internacionales”.

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