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por Wendy Milla Loo
·En diálogo con Ampliación de Noticias, Melisa Ramírez, presidenta del Capítulo de Ingeniería Geológica del CIP, solicitó que la Ley MAPE sea nuevamente revisada.
El Ejecutivo, el Congreso y los gremios mineros iniciaron este lunes, 14 de julio, una mesa de trabajo para abordar el proceso de formalización minera, tras las múltiples protestas de los mineros artesanales e informales, quienes bloquearon varias carreteras de diversas regiones del país como medida de protesta.
En diálogo con Ampliación de Noticias, Melisa Ramírez, presidenta del Capítulo de Ingeniería Geológica del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), señaló que la institución de la cual forma parte no fue convocada para participar en la reunión. Sin embargo, brindó algunas directrices que deben ser abordadas en las mesas de trabajo, que se extenderán por 60 días más, para llegar a un acuerdo con los gremios mineros.
En primer lugar, la ingeniera llamó al diálogo y la instalación de mesas técnicas descentralizadas. Asimismo, la especialista lamentó el deceso de Alexander Checa Montalvo, un taxista de 27 años que fue alcanzado por un proyectil durante los enfrentamientos entre los mineros y los policías en Chala (Arequipa).
“El país ya no está para estar en una disyuntiva que no tenga paz social. Es demasiado, ya ha habido una muerte justo en Chala y es una muerte injustificada por estos sucesos. Eso sería lo primero de mi persona que podría decir en el tema social, que debería haber mesas de diálogo descentralizadas”, expresó.
Con respecto a la parte técnica, Melisa Ramírez solicitó que la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) sea revisada nuevamente.
Asimismo, la especialista se refirió a los contratos de explotación minera con los concesionarios, señalado por el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), Máximo Franco Becker, como el principal obstáculo en el proceso de formalización minera. Sobre ello, manifestó que no es viable la eliminación de estos como requisito para cumplir con el proceso.
“No es viable [la eliminación de los contratos de explotación] porque estamos queriendo formalizar algo ilícito. ¿Cómo no va a depender un contrato de explotación de la persona o de la dueña de la concesión? Sería algo descabellado. […] Usted que acaba de tocar el tema de los pasivos ambientales, usted sabe que el dueño de la concesión es el que adquiere esa penalidad. […] Entonces, uno va a ir y va a ser un desastre y otro paga el desastre que tú hiciste”, manifestó.
El ejemplo de la minera Poderosa
En esa misma línea, Melisa Ramírez señaló que una solución al conflicto social es fomentar acuerdos entre la empresa concesionaria y los mineros, como lo hizo en el pasado la minera Poderosa.
“Las concesiones como tal, cuando son obtenidas por alguien, tienen su pago, su legitimidad y su legalidad. También, hay mineros que quieren trabajar ahí. ¿Por qué no llegar a acuerdos como hizo la minera Poderosa? Minera Poderosa tenía varios informales dentro de su área, llegaron a un acuerdo y ellos trabajaron muy bien”, aseveró.
“Hubo el consenso [y] el diálogo adecuado que veo que se trabajó a partir de la empresa minera que trabaja con responsabilidad socioambiental y se hizo la concertación con estos pequeños mineros informales, que luego -al tiempo- se convirtieron en cooperativas para poder ellos, a través de su extracción de mineral, dárselo al dueño de la concesión”, concluyó.
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