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por Paloma Verano
·Desde la ampliación del permiso para que las combis y cústers antiguas circulen hasta el 2027, hasta el interés por formalizar a los taxis colectivos. Estas son solo algunas de las medidas -aprobadas y en proceso- que se han impulsado desde estos poderes del Estado en solo dos semanas. Especialistas en transporte consultados por RPP Data las analizan.
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¿Por qué la reforma de transporte no ha logrado implementarse? Responde Patricia Alata, directora de Conocimiento de Lima Cómo Vamos.
Entre la última semana de mayo y la primera de junio, el Poder Ejecutivo y el Legislativo aprobaron cuatro normas que impactan directamente en todo el sistema del transporte del país y, sobre todo, en la capital. Siendo Lima la quinta ciudad con más tráfico en el mundo según el Tom Tom Traffic Index 2023, especialistas consultados por RPP Data advierten que estas medidas no benefician a la reforma del transporte.
El 29 de mayo de este año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó una Resolución Suprema mediante la cual ampliaba la fecha de vencimiento para las 3,600 combis y cústers con más de 15 años de antigüedad. Inicialmente el permiso caducaba a fines del 2024, pero luego de un pedido de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y el Callao (ATU) para no desabastecer el parque automotor, se les permitió circular hasta el 2025 y 2027, dependiendo de la fecha de fabricación de cada vehículo.
Tres días después, el 05 de junio, esta misma entidad promulgó un Decreto Supremo en El Peruano que eliminaba el examen de conocimiento como uno de los requisitos para que los mototaxistas renueven su licencia con el argumento de "reducir trámites y procesos". Actualmente existe poco más de un millón de mototaxistas, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), los que han estado involucrados en 8,900 accidentes de tránsito durante el 2023, según el propio MTC.
Falta de prioridad y toma de decisiones
"Lamentablemente esto no es algo que sorprenda. Constantemente han habido diversos intentos de flexibilizar el acceso a vehículos que no son seguros o que no son adecuados dentro de la reforma de transporte, tanto a nivel nacional como en Lima", alerta Patricia Alata, directora de Conocimiento de la Asociación Lima Cómo Vamos.
La experta considera que este tipo de decisiones se deben a una falta de prioridad y de liderazgo de las autoridades pertinentes. "Se necesita a una ATU totalmente firme y decidida, pero también se requiere una posición del MTC al respecto. La reforma de transporte [que inició en 2024] no ha avanzado en estos años y estamos viendo cómo nuestro sistema de transporte público se está deteroriando", agrega.
La falla en los servicios como el Metropolitano o la falta de corredores hace que se vea al transporte tradicional de combis, cústers, mototaxis e incluso motos lineales; como una alternativa, detalla Alata. "[Esto sucede] porque las acciones que deberían haberse tomado como parte de la reforma no vienen avanzando", agrega.
El arquitecto experto en movilidad urbana y transporte sostenible, César Simborth, sostiene que la ampliación del permiso para las combis y cústers tiene un efecto doble. "En primer lugar, los niveles de contaminación son directamente proporcionales a la antigüedad de los vehículos y, por otro lado, la probabilidad de fallas también está relacionada a la cantidad de kilómetros que ha recorrido la unidad o tiempo de vida que tiene que, según la norma, son hasta 20 años", sostiene.
Simborth opina que sí podríamos estar hablando de una contrarreforma de transporte, debido a todos los intereses que hay detrás. "El transporte público, por la cantidad de personas que moviliza, siempre ejerce incidencia en la política. Sólo en Lima estamos hablando de 11 o 12 millones de viajes diarios que se realizan mientras que en otras ciudades como Arequipa, Trujillo o Chiclayo, se da en promedio un millón de viajes diarios", detalla.
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El Congreso no se quedó atrás
El 05 de junio, en el Congreso de la República, aprobaron la ley 00842/2021-CR que regula a las empresas que brindan el servicio de taxi por aplicativo; sin embargo, incluyeron una disposición que derogaba las facultades de la ATU para supervisar a este tipo de vehículos. Es decir, ahora ya no podrán ser fiscalizados por la entidad de transporte en la capital.
Por si fuera poco, actualmente existen ocho proyectos de ley que buscan formalizar los autos colectivos en la Comisión de Transportes y Comunicaciones. "Debería llamarnos la atención que el Congreso esté legislando por temas que le competen exclusivamente a la municipalidad provincial de Lima, a la del Callao y a la ATU. ¿Por qué un congreso 'nacional' está tan interesado y ocupado en evaluar temas que afectan directamente las competencias de estas entidades de gobierno?", opina el arquitecto urbanista Aldo Facho Dede.
En esa línea, explica que lo que sí puede hacer el Congreso es pedir una rendición de cuentas o solicitar una evaluación de la gestión del tránsito; sin embargo, la actitud que tiene actualmente "nos hace tener dudas y pensar que hay otros tipos de intereses asociados", señala.
El Perú es un país que está haciendo cambios a nivel de transporte, pero no es uno de los que lidera la reforma en Latinoamérica, comenta César Simborth. "Hay países en la región que nos llevan mucha ventaja al respecto como Brasil, Argentina, Colombia y Chile que han tenido resultados mucho más contundentes en sus procesos de reforma", indica.
Por más que tengamos reformas y avances en algunas ciudades, con servicios de transporte modernizados, agrega Simborth, estos aún son insuficientes pues no movilizan ni al 15% de la demanda total de transporte público.
Rol de los gobiernos locales
El 81% de los de limeños utiliza el transporte público para movilizarse a su trabajo o centro de estudios, indica la última encuesta de Lima Cómo Vamos del 2023. Sin embargo, el 60% se encuentra insatisfecho con este servicio.
Patricia Alata, directora de conocimiento de esta asociación, advierte que la coyuntura política y social que atraviesa el país -y el debilitamiento del sector de transporte- hacen que este no se considere como uno de los temas clave en las políticas públicas. Por esto es importante que los gobiernos locales [municipales y provinciales] defiendan el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de tener un transporte público de calidad, seguro y accesible, señala.
"Hace cinco o seis años, este tipo de decisiones hubieran generado una respuesta mucho más firme y una exigencia de respuestas tanto para el MTC como para la ATU. Los gobiernos locales son los que tienen que generar esa voz de demanda porque son los que representan de manera más directa a los ciudadanos", comenta.
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Paloma Verano Periodista de RPP Data
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