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por Roberto Silva
·Más de un año y seis meses han pasado desde las muertes de 66 personas en medio de las manifestaciones que ocurrieron durante los primeros meses del gobierno de Dina Boluarte. Recordemos los hechos que detonaron una de las mayores crisis políticas de los últimos años.
"Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional".
El 7 de diciembre de 2022, la pretensión de Pedro Castillo de romper el orden constitucional ante los nuevos casos de corrupción en su gobierno provocó el rechazo de todas las instituciones del país. Sin embargo, la sucesión presidencial con Dina Boluarte no fue bien recibida por los seguidores del golpista.
Así comenzaron una serie de manifestaciones a nivel nacional. En diversas ciudades, las marchas callejeras que exigían la restitución de Castillo Terrones y el cierre del Congreso se tornaron cada vez más violentas, con bloqueos de carreteras, atentados contra locales públicos y privados y enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Lima, Chota, Trujillo, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Moquegua fueron las ciudades con movilizaciones casi frecuentes. Estas se extendieron a ciudades como Andahuaylas, donde la policía se enfrentó a un grupo que intentó tomar el aeropuerto local. En esas circunstancias, se registraron las dos primeras víctimas mortales. El entonces gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, informó que una de las víctimas tenía 15 años.
"Que ya tenemos dos fallecidos en Andahuaylas. Beckham Romario Quispe Garfias que ha fallecido a las 19 horas con 50 minutos en el hospital, por herida de bala, en el cerebro, 18 años; y a las 2 de la tarde falleció en Huancabamba, David Atequipa Quispe, de 15 años de edad", dijo.
Una semana después de que asumiera el Gobierno, la presidenta Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en Apurímac, Ica y Arequipa; sin embargo, la medida no detuvo a los manifestantes. En un mensaje a la Nación, la mandataria propuso como solución adelantar las elecciones para el año 2024.
"He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales", manifestó.
Las manifestaciones no se detuvieron. El 12 de diciembre de 2022, el número de fallecidos aumentó a seis: cinco en Apurímac y uno en Arequipa. El Gobierno declaró el estado de emergencia en todo el país por 30 días y ordenó la inmovilización social obligatoria en diferentes horarios en 15 provincias de ocho regiones.
Diferentes grupos de personas continuaron con actos de violencia en medio de las movilizaciones. En Chincheros, Apurímac, los más radicales atacaron la comisaría y los policías acorralados hicieron llamados de ayuda.
"Promos, por intermedio, por servicio, necesitamos apoyo en Chincheros, que venga un helicóptero a dispersar a las personas. Somos unos 30 efectivos, se nos está acabando la munición, tenemos policías heridos, por favor, promociones, llamen, llamen que venga el helicóptero a dispersar a las personas, por servicio, promociones".
Enfrentamientos en el sur
Las demostraciones contra el gobierno de Dina Boluarte continuaron al igual que la muerte de personas. En Ayacucho, un enfrentamiento entre la Policía Nacional y manifestantes en el aeropuerto Alfredo Mendívil dejó diez fallecidos.
A finales de diciembre de 2022 hubo una tregua parcial con menos manifestaciones y bloqueos, pero en enero los grupos opositores al gobierno reanudaron las revueltas con intensidad.
En Puno, especialmente en Juliaca, ocurrieron fuertes enfrentamientos que dejaron 18 personas muertas el 9 de enero de 2023. Entre las víctimas mencionadas por la Defensoría del Pueblo estaba el médico voluntario Marco Antonio Samillán Sanga, impactado por un proyectil en la cabeza mientras asistía a personas heridas.
Ante el incremento en el número de muertes, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició una investigación contra la presidenta Dina Boluarte.
"Ya hay una investigación aperturada de diligencias preliminares correspondientes para los hechos ocurridos en diciembre. Y el día de hoy estamos tomando la decisión de aperturar una nueva carpeta fiscal. - ¿La carpeta contra la presidenta es por qué delitos o porque acusación es la que se le está abriendo ahora? - Se va a comunicar en su oportunidad".
Según la Defensoría del Pueblo, durante los días de conflicto se suspendieron los servicios en 5 aeropuertos: de Huamanga, Arequipa, Cusco, Puno y Andahuaylas. También hubo ataques a comisarías y la quema de locales del Ministerio Público y Poder Judicial.
En los enfrentamientos también fallecieron miembros de las fuerzas del orden. El 10 de enero de 2023 se informó del asesinato del suboficial de segunda José Soncco Quispe en Puno. El entonces comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, responsabilizó del hecho a un grupo de revoltosos.
"Esta turba lo ha golpeado, le ha quitado las armas de fuego, los ha vejado y finalmente el suboficial Villasante ha podido escapar y el suboficial Soncco no pudo hacerlo y la turba acabó con su vida, lo ha quemado vivo", aseguró.
En marzo de 2023, seis soldados del Ejército fallecieron ahogados al intentar cruzar el río Ilave en la ciudad del mismo nombre, provincia del Collao, en Puno. Según un soldado de ese grupo, todos los militares fueron rodeados por manifestantes.
"Era un aproximado de 800 a 900 personas que nos rodearon, ya prácticamente. Nos empezaron a tirar piedras y todo. De allí empezamos a cruzar el río. Esa era la única salida que teníamos para salvaguardar nuestras vidas".
Denuncia constitucional contra Boluarte
El 27 de noviembre de 2023, horas después de la detención de uno de sus asesores por presunta organización criminal, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y algunos de sus ministros por las muertes ocurridas durante las manifestaciones.
"He formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidenta de la República, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado y lesiones graves", expresó.
El actual fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, declaró el 3 de junio en RPP que la denuncia de su predecesora contra Boluarte solo incluyó cinco muertos y un herido durante las manifestaciones sociales.
"La doctora Benavides, en su momento, desacumuló de 6 agraviados, 5 fallecidos y un herido, donde se había establecido quién es el autor directo y presentó la denuncia en contra la presidenta y los ministros", apuntó.
Además de la investigación contra la presidenta y los ministros a cargo de la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público conformó un equipo especial de fiscales para casos relacionados con víctimas de las manifestaciones sociales. Este equipo hace seguimiento a 62 investigaciones sobre la muerte de 50 personas y las lesiones de otras 716. El 88% de los fallecimientos y el 59,1% de las lesiones ocurrieron en la zona sur del país.
Los fiscales investigan a 324 personas por homicidio calificado, tortura agravada, lesiones y abuso de autoridad, entre otros presuntos delitos cometidos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023, las semanas más difíciles del Gobierno de Dina Boluarte.
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Roberto Silva Periodista
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