El coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, el fiscal Frank Almanza, señaló a RPP Data que tienen a más de 20 personas procesadas por minería ilegal, entre autoridades y exautoridades locales, regionales, del Poder Legislativo e incluso del Poder Ejecutivo. Además, existen al menos 54 distritos en 12 regiones del Perú con presencia de minería ilegal que, juntos, hacen un bolsón de casi 800 mil electores para los próximos comicios.
Cada vez que el Perú se prepara para las elecciones, una pregunta crucial resurge: ¿quiénes financian las campañas de los candidatos? Esta vez, no se trata únicamente de partidos políticos o empresarios. La minería ilegal, que no solo se limita a dañar el medio ambiente y a generar violencia, también buscaría instalarse en el poder político para las Elecciones 2026.
De acuerdo con información de la Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), existen al menos 54 distritos en 12 regiones donde se ha detectado fuerte presencia de minería ilegal. Estas son: Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Huánuco, Junín, Ica, Puno, La Libertad y Arequipa.
RPP Data cruzó estos distritos con el padrón electoral de RENIEC y encontró que, en conjunto, suman un bolsón de 789,263 electores; es decir, cerca del 3% del electorado nacional.
Entre los distritos donde la fiscalía ha detectado un alto impacto de minería ilegal con mayor cantidad de votantes, según el IV Simulacro del Padrón Electoral del Reniec, figuran el distrito de Callería en Ucayali con 140 mil electores; San Juan Bautista en Loreto con 95 mil electores, seguido de Tambopata en Madre de Dios con 83 mil electores. También aparece Yurimaguas en Loreto con 66 mil electoras y, al norte del país, figura el distrito de Huamachuco, en La Libertad con 52 mil votantes.
Región | Provincia | Distrito | Población electoral |
Ucayali | Coronel Portillo | Callería | 140574 |
Loreto | Maynas | San Juan Bautista | 95498 |
Madre de Dios | Tambopata | Tambopata | 83454 |
Loreto | Alto Amazonas | Yurimaguas | 66364 |
La Libertad | Sánchez Carrión | Huamachuco | 52758 |
Más de 20 autoridades y exautoridades vinculadas a minería ilegal
Existe un vínculo entre la minería ilegal con la política, advierte el fiscal Frank Almanza, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. Según indicó, existen más de 20 investigaciones abiertas contra autoridades o exautoridades por su relación con este delito.
"Tengo a más de 20 personas procesadas [relacionadas a minería ilegal]. Son autoridades locales, regionales, del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, de los que hemos hecho alguna indagación. Todo esto es materia de investigación (...) y es de carácter reservado, pero sí le puedo decir que tenemos data en ese sentido (...). Tengo [casos] en Apurímac, Huánuco, en Junín tengo varios casos, en la selva, en Madre de Dios, en Chanchamayo... casi en todos los departamentos tengo exautoridades o autoridades vigentes vinculadas e investigadas por estos delitos", detalló.
El fiscal agregó que, incluso, algunas autoridades investigadas han formado parte del Registro Integral de Formalización Minera, conocido como Reinfo, y advierte que, desde la Fiscalía proyectan que la minería ilegal tendrá más peso en los próximos comicios.
"Hay varias autoridades locales y regionales que han estado vinculadas a la minería o han tenido reinfos, por ejemplo. Entonces, ya vemos que esto ha ocurrido en el Perú y ahora que el tema está más próximo a nivel electoral, no descartamos... es más, tememos que eso pueda pasar", admitió.
El fiscal Almanza agregó que el precio de la onza de oro actualmente está por encima de los 3,500 dólares en el extranjero y en Perú, el gramo de oro cuesta 320 soles. "Cuando se tiene ese nivel de poder económico, lo que siempre se busca es tener poder político y la forma de hacerlo es financiar campañas electorales para colocar representantes vinculados en ciertos cargos públicos", explica.
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Sobre la labor que realiza la Fiscalía para perseguir delitos ambientales como la minería ilegal, el fiscal Almanza reconoció que el equipo de fiscales desempeñan su trabajo "en las condiciones más adversas, porque enfrentamos falta de presupuesto, no tenemos la logística que se requiere para este tipo de actos, pero todos los días los fiscales FEMA salen a hacer operativos de interdicción en lugares muy hostiles".
Contó además que "hace unos días, una fiscal fue víctima de un ataque a balazos junto con los policías que estaban haciendo un operativo a gente que se dedica esta actividad y finalmente fueron cinco los detenidos".
¿Cómo opera la minería ilegal en la política?
En un contexto marcado por el avance de economías ilegales, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, advirtió en una conferencia desarrollada el 26 de mayo de este año, sobre las amenazas que enfrenta el proceso electoral del 2026 relacionadas a las economías ilegales.
"Hoy la democracia peruana enfrenta desafíos complejos. La violencia, el narcotráfico, la minería ilegal y otros factores de riesgo afectan gravemente el tejido social y con él la confianza ciudadana", expresó.
Pero ¿cómo opera la minería ilegal en campañas políticas? El abogado experto en derecho electoral, José Tello, lo explica: "[Los mineros ilegales] compran candidatos para que literalmente sirvan a sus intereses, persuaden a candidatos para que se retiren de las campañas pagándoles más dinero o amenazándolos porque es una mafia que puede matar personas. Utilizan mecanismos totalmente ilícitos y que están alejados de todo lo que es un orden democrático".
Tello puntualiza que este tipo de modalidad no solo es utilizada por la minería ilegal, sino también por otras economías ilegales como el narcotráfico, tala ilegal, trata de personas y crimen organizado. En esa línea, detalló la forma en cómo los delincuentes terminan lavando el dinero en las campañas políticas.
"El dinero no llega bancarizado, llega en efectivo. Los candidatos hacen 'actividades profondos', pero realmente el dinero ya lo tienen. Y, para rendir cuentas a la ONPE, dicen que han gastado 10 mil o 20 mil soles en actividades, pero en realidad están gastando 100 mil soles", agregó.
El experto afirma que es complicado que la ONPE logre fiscalizar esa modalidad al interior del país, donde hay más presencia de la minería ilegal. Por eso señaló que ese trabajo debe ir de la mano de los equipos especializados de la Policía Nacional del Perú y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS.
"Estamos hablando de un desvío de fondos ilícitos hacia una actividad proselitista y estamos viendo una figura de lavado de activos. Si yo [como ONPE] exigiera que los candidatos mensualmente, a través de su jefe de campaña, me entreguen un reporte mensual de lo que están gastando, yo podría ver cómo va su movimiento. Entonces hago un muestreo en zonas rojas donde hay minería ilegal o narcotráfico y cruzo información con la PNP o con la UIF y así puedo advertir que una campaña no cuesta 10 mil soles sino medio millón de soles", propuso Tello.
En zonas marcadas por economías ilegales, el riesgo no es solo que el voto sea captado, sino que el poder político termine sirviendo a esos intereses.