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por José Flores
·Los cuerpos de cuatro trabajadores asesinados en Pataz, permanecen sin identificar en la morgue de Trujillo, debido al deterioro de sus tejidos, que impiden completar las pruebas dactilares.
En la División Médico Legal de Trujillo, región La Libertad, cuatro cuerpos de los 13 trabajadores de seguridad asesinados en la zona minera de Pataz aún no han sido identificados, según informó el director de la institución, Jorge Vásquez Guerrero.
Los restos, que se encuentran en avanzado estado de descomposición, requieren pruebas forenses adicionales para confirmar su identidad.
De acuerdo con el Ministerio Público, el proceso de identificación ha seguido protocolos internacionales, con la participación de fiscales, patólogos, antropólogos y arqueólogos forenses.
Hasta el momento, estas diligencias permitieron identificar a nueve de los 13 cuerpos encontrados, los cuales ya fueron entregados a sus familiares. Sin embargo, los cuatro cuerpos restantes presentan complicaciones debido al deterioro de los tejidos.
Vásquez Guerreo explicó que las huellas dactilares están muy afectadas "por la esfacelación (muerte y desprendimiento de tejidos) de la epidermis", lo que dificulta el proceso de identificación.
El funcionario indicó que tanto la Policía como su entidad realizan esfuerzos para identificar a las víctimas y, eventualmente, cruzarán información para concretar el procedimiento.
Además, informó que ya se ha dispuesto desde la Fiscalía de la Nación y la jefatura nacional de su organismo, que se gestione la identificación por el ADN de los trabajadores asesinados, "en caso no se logre identificar por dactiloscopia".
De recurrir a pruebas de ADN, el tiempo para la entrega de los cuerpos podría extenderse de dos a tres meses, según el Ministerio Público.
Esta mañana, un nuevo equipo de especialistas ingresó a la morgue de Trujillo para continuar con los exámenes. Las autoridades esperan que estas diligencias permitan avanzar en la identificación de los cuerpos y brindar respuestas a las familias afectadas.
El caso de los hermanos Facundo Inga en Chiclayo
En un caso relacionado, los cuerpos de los hermanos Jhon Cristian y Franklin Vicente Facundo Inga, dos de las víctimas del crimen en Pataz, tampoco han sido entregados a su familia debido a su avanzado estado de descomposición.
Eloísa Inga Landauro, madre de las víctimas, expresó su angustia ante las demoras para recibir los restos de sus hijos.
“Supuestamente se han descompuesto los cuerpos, y ya no se pueden reconocer; y los demás que han salido -han sido 13, 9 ya han salido- han tenido tatuajes, y como mis hijos no han tenido ningún tatuaje está demorando y no salen. Hoy día van a hacer otros nuevos estudios, con otros especialistas que vienen, y según eso nos dan resultados a la 1 de la tarde o a las 2 (de este martes) nos dijeron”.
Los hermanos, originarios de Jaén, Cajamarca, pero residentes en Chiclayo, serán trasladados al distrito de La Victoria, en Chiclayo, para su sepultura una vez que se complete el proceso de identificación. Mientras tanto, al cierre de esta nota, los familiares continuaban esperando en las afueras de la morgue de Trujillo para recibir novedades
Trabajadores asesinados en Pataz
El domingo 4 de mayo, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de 13 trabajadores secuestrados el 26 de abril en un socavón minero de Pataz, La Libertad.
Los empleados, que prestaban servicios de seguridad para una empresa contratista de la minera Poderosa, fueron torturados y asesinados, presuntamente por sicarios vinculados a la minería ilegal que opera en la zona.
Este crimen ha generado indignación nacional y críticas al Gobierno de Dina Boluarte por su manejo de la seguridad frente al crimen organizado, evidenciando una crisis en la región donde la minería ilegal se impone con violencia.
Ayer, en un pronunciamiento ante la prensa, Boluarte anunció la aplicación de un toque de queda en Pataz, así como la instalación de una base militar en la zona. Entre otras medidas, dispuso la suspensión de la actividad minera en esta provincia liberteña durante 30 días, mientras se movilizan las fuerzas militares para tomar el control total de este sector minero.
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José Flores Periodista
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