El general PNP Víctor Zanabria informó sobre las acciones policiales realizadas en Pataz y aseguró que las organizaciones criminales se han visto amparadas en disposiciones legales para movilizar armamento en la provincia.
El comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, informó que se han desplegado un total de 966 policías para el control territorial en Pataz, quienes cuentan con el apoyo de un comando de las Fuerzas Armadas para este fin.
Precisó que se ha instalado una comisaría en la zona de Vijus, cerca de uno de los ingresos a la minera Poderosa, y se ha fortalecido el control en los accesos por carretera a Pataz, donde se ha logrado incautar explosivos y armas de fuego. Sin embargo, apuntó que las organizaciones criminales han logrado ampararse en las normas legales para el tránsito de todo este armamento.
"Los explosivos circulan con las guías respectivas de autorización por Sucamec a polvorines que tienen autorización y estos explosivos están basados en los reinfos otorgados", dijo Zanabria, quien agregó que, en una reciente intervención, se incautaron 14 armas y municiones utilizadas en fusiles de guerra de las FF. AA.
"Esta munición y estas armas forman parte de los grupos delictivos para hacer dos actividades fundamentales: el 'chalequeo', que es el hurto y robo desconcentrado, o la protección de espacios tomados violentamente para la extracción minera con los llamados 'parqueros'", indicó.
Sostuvo que la expansión de la criminalidad en Pataz es un problema "con diferentes ejes de acción", cuya responsabilidad también recae en el Gobierno Regional, Ministerio de Energía y Minas, así como en el control de la administración tributaria, al no existir un seguimiento sobre la adquisición de maquinarias usadas en la minería ilegal.
"En todo el país tenemos una superposición de reinfos que genera que se justifique polvorines para explosivos, movimiento de material que se necesita para la extracción minera y armas 'para seguridad y caza' que dan protección de manera legal a algunas concesiones", comentó.
Consultado sobre la identificación de 20 presuntos implicados en el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, indicó que la dificultad en el acceso a la zona de hallazgo de los cuerpos no ha permitido recoger pruebas o evidencias, por lo que tampoco se ha logrado vincular las armas utilizadas.
"No (hay detenidos). Es vox populi en la población quiénes son los que se dedican a estas actividades delictivas, por eso salió el propio reportaje de otro medio de comunicación el denominado 'Cuchillo', que ha permitido establecer la banda criminal que se alía con los Pulpos, la Jauría y otros, que se llama 'La Nueva Alianza'", mencionó.
Respecto a la implicancia de Miguel Rodríguez Díaz, señaló que es sindicado como "presunto autor" y que su banda criminal estaría buscando la hegemonía en el control territorial de los socavones mineros en El Alto.
Sobre ello, se pronunció sobre la carta notarial enviada por el presunto criminal y reveló que se ha entregado un informe a la presidenta Dina Boluarte para que responda a la carta notarial enviada por el sospechoso.
Responde a denuncias
Un reportaje del dominical Panorama reveló que el general Zanabria fue vinculado por un colaborador eficaz de la Fiscalía a la red criminal 'Pataz del Sur'. Su versión sostiene que la autoridad policial habría favorecido a mineros ilegales.
De igual manera, testimonios de oficiales y suboficiales de la PNP lo señalan por haber integrado una presunta organización criminal cuando se desempeñó como jefe de la Región Policial Arequipa, dedicada a traficar con la labor policial en zonas de conflicto por la minería informal.
En respuesta, el alto mando afirmó que las denuncias realizadas en su contra durante su labor en Arequipa fueron archivadas y que la información del dominical se habría "manipulado", negando que la asignación policial que realizó en la región haya respondido a intereses particulares.
"En la zona de Caraveli y en otras zonas, como Tía María y otros lugares de explotación minera formal, se tiene que asignar personal. La zona de Las Bambas, nosotros tenemos personal más de ocho años asignado al control", mencionó.
En esa línea, amenazó con presentar una querella contra la periodista que realizó la investigación y aseguró que se ha buscado manipular la información "para generar en toda la sociedad una animadversión de que yo soy un corrupto".
"Yo tengo 40 años de servicio, habiendo trabajado en todas las actividades de la Policía. Y no es para que alguien con intereses subalternos, que no sabemos qué será, quiera acomodar investigaciones a su interés. Ya nos veremos en los aspectos judiciales y con todos los que, de una u otra manera, siguen manipulando la información", sostuvo.
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