Rondas campesinas de Pataz anuncian que no acatarán toque de queda dictado por el Gobierno

La Central Única de Rondas Campesinas de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, anunció en un comunicado que no acatarán la inmovilización social obligatoria dispuesto por el gobierno de Dina Boluarte tras la ampliación del estado de emergencia en la localidad.

"Levantamos nuestra voz para rechazar enérgicamente las medidas autoritarias e injustas del Decreto Supremo impuesto por la presidenta Dina Boluarte, que pretende someternos a un toque de queda y a la paralización de nuestras actividades económicas por 30 días, mientras las grandes empresas mineras siguen operando sin restricciones. ¿Acaso la señora Boluarte quiere matarnos de hambre?", se lee en el pronunciamiento. 

Las rondas exigen la derogatoria del toque de queda y las medidas que paralizan la economía local, además piden un dialogo con el Gobierno en Pataz.

"(Exigimos) la inmediata derogatoria del toque de queda y la paralización económica en Pataz, porque no somos culpables de la inseguridad. Que el Estado actúe con inteligencia, con operativos conjuntos y estrategias reales contra la delincuencia, en lugar de castigar a los pobres. Diálogo urgente con el Gobierno Central para atender nuestras demandas históricas: seguridad, desarrollo y empleo digno", recalcan en el comunicado.

La presidenta Dina Boluarte acudió el último viernes a Pataz, pero no se reunió con la población ni con las autoridades locales, solo acudió a la sede donde están instalados los policías y militares que fueron enviados para cumplir con la disposición del toque de queda.

Crimen sin resolver en Pataz 

RPP informó que el pasado domingo 4 de mayo se encontraron dentro de un túnel en el anexo de Pueblo Nuevo los cuerpos sin vida de 13 trabajadores de la empresa R&R que habían sido secuestrados el 25 de abril por una organización criminal liderada por un sujeto con el alias de 'Cuchillo'.

Las víctimas se encargaban de brindar el servicio de seguridad a los mineros artesanales de la empresa Libmar en Pataz. Esta compañía labora en la localidad por concesiones que mantiene con la minera Poderosa.

Luis Guillermo Bringas, presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad, reveló en entrevista para RPP que, tras realizar la necropsia de ley a los cuerpos, se determinó que estos llevaban “aproximadamente” siete u ocho días de fallecidos. Incluso, contó que algunos cadáveres llegaron a la Morgue en estado de descomposición. 

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