Persistente fricción entre Congreso y Ejecutivo [COLUMNA]

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Se multiplican los temas conflictivos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Mientras el presidente Francisco Sagasti quiere orientar las energías políticas a las elecciones, los congresistas saben que no pueden ser reelegidos y parecen actuar sin tomar en cuenta la evaluación que los ciudadanos haremos de su desempeño el próximo 11 de abril. El divorcio entre el Congreso y el calendario electoral es tanto más acentuado que 14 de los 23 candidatos presidenciales no cuentan con bancada en el Congreso actual. Por su puesto que el tema de la devolución de los aportes a la ONP es un caso emblemático, puesto que el presidente Sagasti había adelantado que en caso de aprobación presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional. La súbita derogación de la Ley de promoción agraria mereció solo el anuncio de que no sería observada. Tenemos también múltiples casos de congresistas con iniciativas que llevan a conflictos. El congresista José Luna, por ejemplo, de Podemos, multiplica las exigencias de datos a la Superintendencia de Banca y Seguros, mientras que Manuel Merino, de Acción Popular, convoca al ministro de Cultura y cuestiona a la Embajada de España porque no le gusta la manera como el LUM aborda las marchas que condujeron, precisamente, a poner fin a su efímera presidencia.

A propósito de nuestros debates sobre la larga serie de nombramientos a la cabeza del ministerio del Interior, conviene tomar nota de que ciertos problemas tienen un alcance universal y por eso es bueno inspirarse en los países con mejor desempeño democrático e institucional. Joe Biden anunció que nombraría como ministro de Defensa al general retirado Lloyd Austin. Un sector del partido demócrata celebró que por primera vez llegara a ese importante cargo un miembro de la comunidad afro-norteamericana. Sin embargo, un reputado especialista en temas de seguridad nacional, Jim Golby, ha sostenido que se trata de una mala idea, que por lo demás tiene solo dos precedentes en la historia de Estados Unidos. Golby tiene tanto más autoridad que ha sido asesor a la vez del ex-vicepresidente Joe Biden y del actual Mike Pence, así como del Jefe del Estado Mayor Conjunto. La razón no requiere de mayor ciencia: los generales retirados tienden a ser complacientes con sus antiguos camaradas, como cualquier lego hubiera podido imaginar. Tanto es así, que la ley federal prohíbe que ese nombramiento recaiga en alguien con menos de siete años de retiro, y el general Austin solo tiene cuatro años. Cierto, se puede pedir una exoneración especial al Congreso, pero después de las malas experiencias con Donald Trump (cinco ministros en cuatro años), Golbin afirma que el sentido común debería inspirar la búsqueda de un civil especializado en el tema y que disponga de experiencia en el servicio público.

El historiador Carlos Contreras publica en El Comercio un artículo que da perspectiva a la crisis que vivimos en noviembre, cuando tuvimos tres presidentes en una sola semana. Contreras explica que nuestro sistema de sucesión presidencial estuvo inspirado desde el inicio de nuestra Republica por el modelo de Estados Unidos, una sociedad “relativamente igualitaria y democrática”. Pero Contreras destaca que nuestra sociedad es “fragmentada étnica, social y económicamente”. Y precisa que desde el inicio “los lazos entre las personas no descansaban en la solidaridad que resulta del trato entre iguales, sino en relaciones de servidumbre”. Contreras sostiene que la universalización del voto ha causado que “la élite pierda el control del Congreso” y sugiere que se modifique la forma de su elección, sea introduciendo una segunda vuelta electoral o creando una segunda Cámara. Pero concluye con una constatación aún más inquietante: “El problema no es la mala calidad de nuestros representantes políticos, sino el hecho de que los intereses en juego no sean fácilmente representables”.

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