Fotografía referencial
A pesar de que el número de feminicidios disminuyó en comparación al 2019, la cifra de mujeres desaparecidas va en aumento. | Fuente: Flickr | Fotógrafo: Pietro Naj-Oleari

A Melanie Donayre la mataron a golpes. 18 años tenía al morir. Su abuelo dijo que su pareja -presunto feminicida que afronta prisión preventiva-  siempre le pegaba. Meses después, el pasado 19 de noviembre, el cuerpo de una menor de solo tres años fue encontrado sin vida en el poblado de Malinowski, distrito de Inambari, Tambopata, en medio de una zona vegetal. La niña fue hallada con signos de haber sido ultrajada sexualmente y asfixiada, luego de desaparecer cuando jugaba en la casa una tía, a pocos metros de la suya.

Días atrás, el mismo mes, la Policía confirmó el hallazgo de Estefani Qquecaño Huamaní, de 24 años, reportada como desaparecida los primeros días de octubre. Su cuerpo fue enterrado en su propia casa, en la comunidad de Pampa, Anza, en la provincia cusqueña de Canchis. El padre de sus dos hijas, Arturo Ccana Rondón, de 32 años, admitió haber cometido el crimen.

En el Perú, el 85,5% de los casos de violencia atendidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables corresponden a mujeres. De enero a octubre, además, se atendieron 9 325 casos de violencia sexual. 489 de estos casos corresponden a menores de entre 0 a 5 años; 1977 de entre 6 a 11 y casi 3 mil de 12 a 17 años. Además, de enero a noviembre se registraron un total de 121 feminicidios, frente a 166 en el 2019, según cifras oficiales.

Estos crímenes se dieron, además, en medio de una pandemia mundial por la COVID-19, situación que supuso la disposición de cuarentenas generales en la mayoría de países del mundo, encerrando a cientos de víctimas con sus agresores, una situación que el MIMP tuvo que afrontar cambiando sus mecanismos de atención.

Daniela Viteri Custodio, exdirectora general contra la violencia de género del MIMP, explica que varios de los servicios brindados por el Ministerio debieron adecuarse rápidamente a la nueva normalidad. El primer desafío fue el de responder a las solicitudes de ayuda en este escenario. Una de las primeras medidas fue declarar de forma inmediata como urgentes el servicio de la Línea 100, así como los Hogares de Refugio Temporal y los Servicios de Atención Urgente.

“La Línea 100 vio incrementada su demanda en 100%. Esto se debió a diversos factores: los casos ya no se recibían presencialmente, sino por esta vía y el MIMP coordinó cercanamente con diversos actores para la difusión del servicio. Ello, sin dejar de perder de vista que las medidas restrictivas de derechos, como la cuarentena, ponía en una situación de particular vulnerabilidad a las mujeres que vivían con sus agresores. Este también fue un desafío”, explica Viteri Custodio y añade que este año se constituyeron más de 160 equipos itinerantes de urgencia, conformados por personal de los Centros de Emergencia mujer para atender a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia.

LAS DESAPARECIDAS

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, más de 5 000 mujeres fueron reportadas como desaparecidas de enero a noviembre del 2020. La ministra de la Mujer, Silvia Loli, afirma sin embargo que el número de desaparecidas asciende a 500. 

Su búsqueda, no obstante, corresponde al Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables apoya a ambos de forma “cercana y permanente”, por ejemplo, a través del protocolo para búsqueda de personas desaparecidas, que tiene un especial énfasis en las mujeres que han sido víctimas de violencia.

“La implementación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, si bien depende del  MININTER, fue un logro conjunto donde MIMP acompañó en todas sus fases de diseño e implementación”, explica Viteri, quien añade que el registro se encuentra actualmente funcionando.

Sin embargo, aún existen dos retos importantes: primero, que se active la alerta de emergencia para mujeres desaparecidas víctimas de violencia y que se difundan de forma masiva para poder encontrarlas de forma rápida y, en segundo lugar, capacitar a la Policía, encargada de la búsqueda de estas mujeres, ya que deben conocer qué protocolo aplicar y qué estereotipos no deben aplicar cuando se trata de mujeres que han sido víctimas de violencia y han desaparecido.

Patricia Garrido Rengifo, directora de la Unidad de Articulación territorial del Programa Nacional Aurora, explica que se desconoce si el alto número de desaparecidas corresponden a casos de feminicidios. “Es importante precisar que, en este año de emergencia sanitaria se ha visto cómo las casas pueden ser un lugar de mayor riesgo para las mujeres que viven con su agresor. Eso tiene que ver con factores como el acceso del agresor a la víctima, las condiciones, la falta de oportunidades laborales, ingresos y la dependencia económica, entre otras condiciones que se han agudizado en este periodo".

FEMINICIDIOS Y TENTATIVAS

De enero a noviembre de este año se registraron 121 casos de feminicidios según el MIMP. Entre las regiones que más casos registraron se encuentran Lima Metropolitana (38 casos en el 2019 y 20 en el 2020), Puno (15 casos en el 2019 y 6 en el 2020), La Libertad (14 en el 2019 y 3 en el 2020) y Huánuco (8 en el 2019 y 11 en el 2020).

Además, a través de los Centros de Emergencia Mujer se atendieron 281 casos de tentativa de feminicidio, con mayor incidencia en Lima Metropolitana (91 casos), Lima Provincia (17 casos), La Libertad y Áncash, con 16 casos casa uno y Junín, Ica y Apurímac (11 casos cada uno).

Lina Arenas, psicóloga social, especialista en Políticas Sociales y Desarrollo explica que las cuarentenas impuestas en todo el país han complicado la situación de muchas mujeres que son víctimas de violencia. “La convivencia forzada en este periodo con los agresores ha sido ampliamente reportada como un factor de riesgo, a pesar de los esfuerzos de llevar servicios itinerantes por parte del Ejecutivo y de las comunidades organizadas a través de sus municipalidades o distintos actores sociales dentro de una localidad”, indica.

En consecuencia, el riesgo se ha incrementado para las mujeres, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia, añade Patricia Garrido. “Somos conocedoras de que uno no le abre la puerta a nadie para que perpetre situaciones de violencia, pero ¿qué hacemos cuando la persona agresora se encuentra al interior de nuestra casa y efectivamente tiene acceso? La cuarentena, con la poca posibilidad de traslado, la inmovilización, la falta de servicios públicos y privados, las condiciones socioeconómicas y la poca oportunidad de interaccionar pueden haber contribuido al silencio de las personas que sufren esta situación, porque efectivamente se encuentran a merced de su agresor”, indica.

Por esta razón es vital que el Estado garantice los servicios de salud mental oportunos y de acompañamiento a las víctimas de intento de feminicidio, no solo para protegerlas, sino para garantizar su mejoría emocional. Un concepto poco desarrollado que debe ser atendido, propone Arenas, es el de la “desesperanza aprendida”, que hace alusión a que las víctimas tienen la percepción de que no existirá una sanción para sus agresores. Este tema, añade, está estructuralmente vinculado a la efectividad del Sistema de Justicia peruano.

VIOLENCIA SEXUAL

11 782 casos de violencia sexual fueron atendidos de enero a noviembre de este año. Del total, 5 334 casos corresponden a violaciones sexuales, la mayor parte de estos (66.5%) a niñas y adolescentes, poco menos que en el 2019, con 7881 casos de violación sexual. Y solo hablamos de los casos que son denunciados.

“Los casos de violencia sexual (que incluye violación sexual) son cometidos, en su mayoría, contra niñas y adolescentes (0-17 años). Esta cifra no cambió en pandemia. Incluso, las cuarentenas pusieron en mayor riesgo a esta población, ya que esta violencia es ejercida también en su mayoría por parte de personas cercanas a la víctima”, explica Viteri.

Por esta razón, es importante exigir, en primer lugar, medidas de prevención primaria, que aseguren que las niñas y adolescentes no estén expuestas a ambientes inseguros o violentos. Dos: que los casos detectados reciban atención en salud y que el kit de emergencia sea entregado por el Ministerio de Salud. Luego, que las escuelas transmitan información a los niños, niñas y adolescentes sobre la privacidad de su cuerpo y la necesidad de comunicar una situación de alarma a un adulto de su confianza para recibir ayuda.

El entorno de la víctima también debe ser fortalecido, puesto que en muchos casos tras denunciar una situación de violencia pueden sentirse solas. “Otra parte importante es la recuperación emocional de las víctimas: el apoyo psicológico y terapéutico, que es necesario para mirar a la persona agraviada como un todo que no solo necesita justicia y protección, pero que necesita sentirse bien y saludable”, dice Garrido Rengifo.  

Además, con la cuarentena y la poca posibilidad de traslado, las escasas posibilidades de interaccionar con personas de confianza pueden haber contribuido al silencio de las personas que son víctimas de violencia. “Se encuentran a merced de su agresor”, explica la especialista.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables asegura que el 85% de los delitos sexuales que se cometen corresponden al entorno familiar o cercano de la víctima. “Eso no necesariamente se ha reflejado en la denuncia. Al estar cerrados no han tenido la posibilidad de salir a denunciar”, señaló en declaraciones a RPP Noticias.  

LOS RETOS

A pocos meses de las elecciones congresales y presidenciales, el Ministerio de la Mujer tiene un amplio trabajo en la lucha contra la violencia de género. Para eso, es importante seguir implementando el programa presupuestal orientado a resultados para la reducción de la violencia hacia las mujeres.

Además, es vital seguir con el sistema nacional especializado de justicia para mujeres víctimas de violencia, continuar haciendo seguimiento al Ministerio del Interior para la implementación del sistema de búsqueda de personas desaparecidas y sentar las bases para un entendimiento nacional sobre la prevención primaria de la violencia, con el fin de llegar a un cambio “social, real y sostenido”, dice Viteri.

“En estos momentos que hemos superado el confinamiento social, hacemos un llamado a aquellas personas que conocen situaciones de violencia que las comuniquen, y que podamos acceder a esta persona para ofrecerle los servicios para hacer frente a esta situación de violencia”, pide Patricia Garrido.

Para la titular de la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la tarea pendiente son los casos de violencia psicológica, que corresponden al 50% de los 98 164 casos de violencia atendidos por los centros de emergencia mujer, además de lograr atender a aquellas mujeres que por distintos motivos no pueden sentar una denuncia.

“Las personas que acuden a un servicio del estado no llegan al 30%, que declaran haber sido víctimas de violencia. El resto, la gran mayoría, no acude a la autoridad. El problema es de quienes no acuden requiriendo protección y estando en situaciones de alto riesgo”, puntualizó. 

 

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