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Kit de emergencia de violencia sexual. | Fuente: Andina

Una adolescente de 12 años de la provincia de Vilcashuamán, en Ayacucho, es una de las víctimas de violencia sexual en el 2020. Según reportó la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, la menor no recibió oportunamente el kit de emergencia en el centro de salud al que acudió. Las alarmas se encendieron debido a que es una obligación del Estado, a través del sector salud, proveer los kits a las víctimas de violación, sin ningún tipo de condicionamiento.

En este informe, revisamos la implementación de la entrega del kit de emergencia en el país para las víctimas de violencia sexual.

¿Qué es el kit de emergencia?

Isabel Ortiz, comisionada de la Adjuntía de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, dijo para este informe que el kit de emergencia es un “conjunto de medicamentos que están enfocados en salvaguardar la salud de una víctima de violencia sexual”. Los medicamentos que componen el kit son: Levonorgestrel (anticonceptivo oral de emergencia), prueba rápida para hepatitis B y para la detección de VIH/Sífilis, vacuna contra la difteria y tétano, azitromicina, gonadotropina coriónica, entre otros.

“El conjunto de medicamentos e insumos tienen como fin salvaguardar la salud de la víctima y prevenir una infección de transmisión sexual o embarazo no deseado”, indicó Ortiz.

El Ministerio de Salud ha determinado que los kits sean entregados de forma gratuita y que estén disponibles en las áreas de emergencia de los hospitales y en los establecimientos de salud del primer nivel atención.

El reto para una entrega efectiva

Si bien la directiva sanitaria para el uso del kit para la atención de casos de violencia sexual fue aprobada en marzo de 2019, su proceso de implementación ha sido progresivo. El director ejecutivo de salud sexual y reproductiva del Minsa, Guillermo Atencio La Rosa, detalló para este informe que la implementación empezó en junio de ese año con una serie de capacitaciones.

En el 2019, solo se entregaron en total 564 kits. Atencio reconoció que la cifra es muy baja si se comparaba con las denuncias de violación sexual registradas ese año.

“Son cifras muy bajas, si nosotros hablamos de que los casos de violencia pasan 4 mil o 5 mil, no podemos hablar de esa cantidad de atenciones”, dijo.

En el 2019 la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión de entrega de los kits. Al respecto, Isabel Ortiz indicó que “se encontró que el 47% de hospitales desconocía de esta directiva, lo que dificultaba su cumplimiento”.

Atencio reconoció que ha faltado una capacitación más extensa en los diferentes hospitales y centros de salud a nivel nacional. “La población en general debería conocer el derecho que tienen para acceder a estos kits. Tiene que haber un sistema de control ciudadano, es decir, todos los ciudadanos tienen el derecho a acceder a estos kits”, manifestó.

Entre enero y octubre del 2020, se han entregado 910 kits de emergencia, según información del Ministerio de Salud a la que accedimos por medio de una solicitud de Acceso a la Información. Los centros de salud en Arequipa registran la mayor cantidad de kits entregados con 233.

El 61% de mujeres víctimas que accedieron al kit son menores de 18 años, de las cuales el 55.3% tenían entre 10 y 18 años. “Para nosotros refleja una actitud que debemos esforzarnos socialmente para mejorar y tomar acciones con relación al tema de prevención de la violencia en este grupo”, dijo Atencio.

Ampliar los canales de entrega

El funcionario indicó que trabajan en flujogramas intersectoriales para garantizar que más del 90% de víctimas sean derivadas para su atención, debido a que solo el 5% de víctimas llegan a los servicios de salud para su atención integral. 

En este punto es clave el Instituto de Medicina Legal, institución que depende del Ministerio Público, y con el cual el Minsa se propone articular para realizar referencias y contrarreferencias para la atención en salud de las víctimas.

“Estos kits podrían estar en otras áreas, donde llegan primero los pacientes. Por ejemplo, una vez que la persona entre al Estado para el inicio de la atención, ahí debería comenzar a brindársele el kit de emergencia, porque el Estado es uno solo y no podemos trabajar de manera encajonada. Tenemos que romper barreras que pueda haber para que las personas accedan a este kit de atención de la violencia”, manifestó. En esa línea, añadió que el Ministerio Público debería considerar la entrega del kit.

Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex, también coincidió en señalar que el Instituto de Medicina Legal también debería proveer el AOE y los kits de emergencia a las víctimas que llegan a sus sedes.

“Si ahí llega casi 6 mil casos de violencia sexual cada año, imagínate la ventaja que se tendría si efectivamente en el servicio de Medicina Legal después de atenderla, de revisar el caso, pudiesen entregar estos kits a las personas y luego derivarlas al establecimiento para su tratamiento. Eso es parte de un sistema integrado”, manifestó.

“Se trata absolutamente de voluntad, de pensar en la víctima. Uno de los grandes cambios que ha tenido la ley de violencia en la última modificación ha sido centrarse en la víctima. Se va a seguir persiguiendo el delito, pero lo que no podemos dejar de ver es que hay una víctima y hay maneras cómo ayudar a la víctima”, añadió.