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En la víspera, el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, anunció que no se renovará la concesión, porque el Gobierno no se "casa" con Odebrecht. El gobernador regional dijo que el anuncio se hizo sin dar opciones alternativas y pone en riesgo el recurso hídrico.
Jorge Pérez Flores, gobernador regional de Lambayeque, en diálogo con RPP, se pronunció sobre el anuncio que hizo ayer el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien aseguró que no se renovará el contrato de concesión del proyecto Olmos con la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. (CTO), subsidiaria de Novonor Participación e Inversiones (NPI), que forma parte del Grupo Novonor (antes Odebrecht).
“No se va a renovar ese contrato, es categórico, porque no hay condiciones y porque en el Estado peruano y en el Gobierno de la presidenta no nos casamos con la corrupción, ni con Odebrecht ni con ninguna de sus empresas fachadas”, declaró Adrianzén Olaya.
Al respecto, el gobernador de Lambayeque señaló que "no se está entendiendo a nivel nacional" el impacto de esa decisión, ya que, si bien comparte que la empresa no continúe a cargo de la concesión, indicó que el anuncio es político y no parte de un análisis técnico legal.
"Yo creo que la posición que tiene el premier es muy buena, o sea, en sentido el fondo es una posición que todos debemos de saludarla, porque realmente estas empresas han tenido problemas con la justicia y, definitivamente, no deberíamos de estar en esta situación. Pero solamente veo que la retórica es esa, o sea, decirlas, pero en términos concretos Novonor no está impedida de contratar con el Estado. Está en el listado de la OSCE, tiene su código de prestación de servicio. Entonces, pareciera que solamente se está hablando para la tribuna, pero, en términos concretos, no es verdad, porque legalmente sí está habilitada", indicó.
Pérez Flores resaltó que hay empresas dedicadas a la agroindustria en Olmos, que han invertido más de 3000 millones de dólares, y cuyos contratos estipulan reparaciones civiles en caso se suspenda el servicio hídrico que es posible con el proyecto Olmos.
"Legalmente, hasta la fecha, no tenemos otra alternativa. Y yo sí le pediría al premier y al ministro de Agricultura que nos planteen otra opción, pero no hay hasta la fecha ninguna opción. O sea, ese es el problema, que dejas al Estado en indefensión simplemente con una posición política cuando la solución es netamente técnica legal", acotó.
"Eso realmente sí acarrea, por parte del Estado, tener que pagar a las empresas que están acentuadas en Olmos y, por último, el mismo Valle Viejo se queda prácticamente sin posibilidad de poder utilizar el agua, porque no hay ni siquiera una evaluación en este momento del recrecimiento de la presa Limón que es la verdadera solución para todo esto", agregó.
"Lo que está sucediendo ahora, por parte del Ejecutivo, es una total irresponsabilidad"
Dada así la situación, el gobernador de Lambayeque calificó como una "total irresponsabilidad" del Ejecutivo que se haya hecho el anuncio sin considerar un plan de acción claro, al término del contrato con la concesionaria, que vence el próximo septiembre.
"El perjudicado directo, de manera concreta, es el Estado, porque las empresas han invertido más de 3000 millones de dólares y ellos están acá, según el contrato. En el numeral 16.6, hay un problema: el concedente -o sea, el Estado- por medio del gobierno regional será responsable frente al concesionario, usuarios o a los agricultores, en caso la falta de disponibilidad hídrica, de recursos hídricos", sostuvo.
"Tiene que asumir el Estado […], todos los peruanos lo vamos a asumir, simplemente por una irresponsabilidad. Porque lo que está sucediendo ahora, por parte del Ejecutivo, es una total irresponsabilidad por no conocer el problema de fondo. Solamente se cree que el caso simplemente es agarrar un micro y decir que acá no esté Odebrecht y punto, que se vaya. Hay una irresponsabilidad total. Esto, en su momento, va a estar en los tribunales, porque esto no se va a quedar así. Van a ir a procesos contenciosos", advirtió.
Además, Pérez Flores dijo que, a fines de marzo, remitió un documento a la presidenta Dina Boluarte solicitándole una reunión para abordar esta situación, pero que, hasta ahora, no tiene respuesta.
"Yo tengo una calendarización donde ya está con fechas exactas […] Estaríamos firmando una extensión de administración para el 5 de septiembre del año 2025. Ojo, por si acaso, no tener un administrador significa no tener agua, y si no hay agua van a empezar las denuncias ante el SIADI, porque así está el contrato. Otra cosa que es importante: el día 31 de marzo, emití un documento, un oficio, para poder hablar con la presidenta de la república y hasta la fecha no tengo ningún tipo de respuesta", señaló.
"No hay propuesta, no hay respuesta y lo único que hay es pantalla para poder hablar y decir cosas que me parecen que están bien, pero en términos concretos estamos, prácticamente, sin posibilidad de defensa", puntualizó.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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