por Renzo Alvarez
·Wilson Miñope, representante de la Coordinadora Regional de Transporte Público en Lambayeque, reafirmó la movilización de su sector en la región.
Mientras el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se prepara para recibir a delegaciones internacionales, gremios y sindicatos a nivel nacional anunciaron una serie de protestas y paros que se realizarán el 13, 14 y 15 de noviembre. El Gobierno respondió con un pronunciamiento "por la paz" y el anuncio de un gran despliegue policial para esos días.
Además de los gremios de transportistas, se han unido a las movilizaciones la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). Los manifestantes exigen, principalmente, la derogación de la Ley 32108, una de las llemadas "leyes pro crimen" que consideran ineficaz para combatir la criminalidad y el sicariato.
Ratifican paro de transportistan en Lambayeque
Wilson Miñope, representante de la Coordinadora Regional de Transporte Público en Lambayeque, reafirmó la movilización de su sector en la región.
"Esta es una justa demanda no solo del sector transporte, sino de toda la ciudadanía, porque el flagelo de la extorsión y el sicariato nos consume día a día", comentó en La Rotativa del Aire de RPP. En su opinión, tampoco existe un plan que acabe con la inseguridad.
"El Gobierno demuestra una incapacidad total en cuanto a una estrategia de seguridad ciudadana. No hay una medida concreta que nos dé, como mínimo, un ápice de seguridad", afirmó. "Queremos una derogatoria de esta ley porque no está cumpliendo su finalidad. Necesitamos una ley que garantice el juzgamiento rápido de los delincuentes", agregó.
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Debate y crítica por la Ley 32108
La Ley 32108 de crimen organizado establece que una organización criminal es un grupo de tres o más personas que actúan de manera coordinada para cometer delitos. También establece penas mínimas de cinco años de prisión para delitos como extorsión, secuestro y sicariato.
Sin embargo, esta ley ha generado debate y críticas sobre su capacidad para limitar la acción del Estado.
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