Mercado boliviano, producto peruano

Bolivia sigue una estrategia distinta a la de Colombia o Perú en cuanto a la lucha antidrogas. Expulsó a la DEA en 2008, buscó un acercamiento con los campesinos cocaleros, y permitió el cultivo de coca legal en un área determinada: un ‘cato’ (espacio de terreno) de unos 1600 metros cuadrados. Hoy Bolivia tiene casi la mitad de hectáreas de coca que Perú, con niveles menores de violencia y corrupción relacionados al narcotráfico.

Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información (RAI) es una especialista en temas de coca y narcotráfico basada en Cochabambas (Bolivia) y habló con RPPData sobre la experiencia boliviana.

Las cifras en torno a la magnitud de los cultivos de coca en Bolivia difieren. No hace mucho, el reporte de la Casa Blanca estimó la extensión cocalera boliviana en 37 mil hectáreas. Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés) calculó la misma cifra en 23 mil.

Hay que ceñirse a las cifras basadas en metodologías transparentes, y esas serían las de UNODC. Lo interesante del modelo boliviano y del trabajo de UNODC en Bolivia es que existe un control cruzado y la posibilidad de verificar en el terreno las fotografías e imágenes satelitales. A veces uno ve desde el aire y parece coca pero resulta ser yuca. O al revés. Se va a la zona, se miden las parcelas de coca autorizadas –que están controladas con GPS–, y esas coordenadas se comparten con la UNODC. Hay precisión, hay transparencia.

¿Esta diferencia en los cálculos tendría que ver con la expulsión de la DEA en 2008?

Es muy interesante porque por un lado expulsaron a la DEA, pero por otro lado existió colaboración a través de un acuerdo trilateral con Brasil como veedor: medían cifras, compartían y fue muy productivo. La expulsión de la DEA ocurrió, pero tampoco debemos pensar que la información que tenían antes de ello estaba actualizada.

¿Cuál es la estrategia de Bolivia para la reducir hectáreas de coca y de la producción de cocaína?

Bolivia tiene una estrategia de muy largo plazo que se basa en el permiso, para que los productores mantengan un área de coca legal; está calculada para generar un sueldo básico. Los productores tienen una pequeña cantidad –1600 metros cuadrados–, que va dirigido al mercado del consumo de coca tradicional.

¿Qué impacto ha tenido este enfoque en las relaciones entre los productores y el Estado?

Eso ha eliminado el conflicto, ha permitido negociaciones con el Estado, y no solo una interacción de productores de coca con las fuerzas de erradicación o las fuerzas de seguridad del país. Ha creado una cierta legitimidad y, al reducir la cantidad de coca, su precio ha subido sustancialmente, para que los productores con esa pequeña cantidad tengan un ingreso que les sostenga o que les sirva de base para diversificar sus actividades.

¿Cuál es el modelo de trabajo de los productores con el cato de coca?

Hay un registro biométrico de los productores de coca. En base a ese registro, que ha sido acordado, se conoce al productor, se hace el registro de su cultivo vía GPS y se facilita negociar la eliminación del excedente. Con ese sistema de control, la hoja coca vale cuatro veces más en Bolivia que en Perú. Y ocho veces más que en Colombia. En Bolivia no hay mucha diferencia de precio de la hoja de coca: uno no gana más vendiendo al mercado ilegal.

En Perú, la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) se encarga de comprar la coca legal. Tiene un padrón de 1978 que en la práctica deja a muchos cocaleros en la ilegalidad. ¿Cómo se maneja esto en Bolivia?

Hay una regulación por parte del Estado, hay productores de coca licenciados para vender en los mercados de acopio de las distintas comunidades. Estas licencias se renuevan anualmente y son controladas y empadronadas. Hay una fiscalización, pero no se trata de una venta controlada por el Estado.

¿Desde qué año se apuesta por esta estrategia?

Empezó en 2004, en el gobierno de Carlos Mesa. Lo que se notaba en Bolivia era que se acercaban las fechas de certificación estadounidense, el 15 de septiembre y el 1 de marzo, y la presión por erradicar, por lo general, conducía a violaciones de derechos humanos.

Tras la muerte de productores de coca a manos de las fuerzas de seguridad, se inició la propuesta del ‘cato’ y luego esta se consolidó en el gobierno de Evo Morales. No es un sistema perfecto, pero con el apoyo de la Unión Europea y con la visión enfocada en la coca para la subsistencia, al mismo tiempo que se ataca al narcotráfico y se ha logrado contenerlo en cifras más o menos bajas. Y también se ha conseguido un nivel de violencia casi nulo en el tema de coca, algo que antes no era así.

Viendo en perspectiva las estrategias de Perú y Colombia, basadas en erradicación y cultivos alternativos. ¿Cuánto han funcionado en Latinoamérica?

No han funcionado. Este sistema de erradicación previa y desarrollo alternativo posterior se ha tratado de implementar desde principios de la década de los noventa. El problema es que con la erradicación forzosa generas un periodo en que los agricultores pierden su posibilidad de ingresos: los productos de desarrollo alternativo tardan como mínimo dos años en dar frutos, como la piña. Los cítricos toman 8 años. Es una erradicación con campesinos que firman acuerdos y esperan un año, y cuando los productos no dan fruto –literalmente–, vuelven a sembrar coca. Y la coca se traslada de una zona a otra: los países destacan éxitos en una región, pero es más lo que se resiembra.

El consumo de cocaína mundial es más o menos constante. El problema no se soluciona porque el consumo de cocaína se genera por la demanda de la droga, y no por la oferta de hoja de coca.

También llama la atención que en Bolivia los niveles de corrupción relacionados al narcotráfico no sean tan altos como los de Perú o Colombia.

Han habido oficiales con puestos claves que sí han estado involucrados en el narcotráfico, que han enfrentado cargos. Y obviamente existe corrupción, porque el narcotráfico de por sí genera corrupción, y eso es inevitable. Pero Bolivia es un estado liderado por productores de coca que durante años habían sido acusados de ser narcotraficantes o narcoterroristas. Hay una voluntad política de distinguir la hoja de coca del narcotráfico. Existe seriedad en poder demostrar que se puede hacer interdicción sin la presencia de la DEA.

¿Plantea usted una política latinoamericana antidrogas sin la DEA?

Lo que se percibe aquí son incautaciones más grandes y mayores operativos. No es que se frene al narcotráfico, pero evita que se genere mayor corrupción, mayor violencia. No hay grandes carteles como vemos en México, por ejemplo, que producen mayor violencia y corrupción.

La coca peruana transita por Bolivia en su camino al punto de consumo.

La mitad de lo incautado en Bolivia es pasta básica peruana que está pasando al segundo país consumidor del mundo: Brasil. Segundo porque los colombianos han casi copado el mercado de Norteamérica. Es más rentable en este momento hacer pasar pasta peruana y llevarla a otro país, que producirla aquí. Es una dinámica del narcotráfico, no es necesariamente un logro de Bolivia.

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