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por Redacción RPP
·Jessica Quiróz, abogada defensora de las víctimas del Caso Saweto, señaló que las autoridades han tardado 11 años en avanzar en este proceso, por lo que pidió que el Estado cumpla con sus compromisos para mejorar la calidad de vida y proteger los derechos de las comunidades indígenas.
El Caso Saweto, que involucra el asesinato de cuatro líderes indígenas en la región de Ucayali en 2014, llegará a una fase crucial mañana con la audiencia de apelación en segunda instancia. Jessica Quiróz, abogada defensora de las víctimas, manifestó sus esperanzas de que la sentencia inicial no solo sea confirmada sino también endurecida.
Como se recuerda, los hechos ocurrieron cuando los líderes del pueblo asheninka, incluyendo a Edwin Chota, fueron emboscados y asesinados mientras se dirigían a una reunión en Brasil. Chota había denunciado desde 2008 a organizaciones criminales vinculadas a la tala ilegal que amenazaban su comunidad.
La primera sentencia, emitida en abril del año anterior, condenó a los culpables a 28 años y 6 meses de prisión y determinó una reparación civil de 200 mil soles.
"La primera sentencia fue el año pasado, en abril del 2024. Fue una condena de 28 años y 6 meses, con una reparación civil de 200 mil soles para los deudos. (Pedimos que la reparación) aumente a 500 mil, 250 mil para cada uno", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
A pesar de la sentencia, los acusados José Estrada Huaita y Josimar Atachi Félix permanecen en libertad durante el proceso de apelación, lo que, según Quiróz, representa un riesgo de fuga. Tanto la Fiscalía como la defensa civil buscan aumentar la pena a 35 años y elevar la reparación civil a 500 mil soles debido a la gravedad del caso, que incluye elementos de crueldad y alevosía.
Largo proceso judicial
El proceso judicial ha sido largo y complicado, con varios intentos de archivo y sobreseimiento que fueron contrarrestados por la perseverancia de las familias de las víctimas. Las autoridades han tardado 11 años en avanzar en este proceso, lo que refleja una falta de interés y acción en casos de delitos ambientales y contra líderes indígenas.
Este caso es visto como un punto de inflexión en la protección de defensores ambientales en Perú. En tanto, la región de Alto Tamaya Saweto sigue asediada por actividades de tala ilegal, un problema extendido en toda la Amazonía.
Quiróz enfatizó la importancia de que el Estado cumpla sus compromisos para mejorar la calidad de vida y proteger los derechos de las comunidades indígenas, por lo que se espera que la nueva sentencia establezca un precedente importante en la lucha contra la impunidad en delitos ambientales y humanos.
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