"No vamos a aceptar ningún beneficio para delincuentes terroristas", afirma embajador Gustavo Adrianzén

El representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, destacó que el premier Alberto Otárola haya pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el archivamiento sumario de las peticiones formuladas por los cabecillas terroristas Florencio Flores Hala (cámara “Artemio”) y Víctor Polay Campos.

En el programa Ampliación de Noticias, el diplomático peruano suscribió las declaraciones del primer ministro, quien cuestionó que la CIDH haya admitido a trámite las denuncias de los subversivos condenados que cuestionan sus procesos judiciales y las condiciones carcelarias que “vulnerarían” sus derechos.

“El primer ministro ha sido enfático en que en el Perú no vamos a aceptar, bajo ninguna manera, ningún tipo de decisión que signifique beneficio para estos delincuentes terroristas”, apuntó.

Y es que el jefe del Gabinete Ministerial participó ayer, miércoles, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, donde alegó que ambos cabecillas terroristas cumplen “condenas justas”, tras ser hallados responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos durante las décadas de los 80 y 90.

En ese sentido, Adrianzén ratificó que Otárola Peñaranda reafirmó ante la organización internacional la voluntad del Estado peruano de continuar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), pese al pedido de un sector del Parlamento para abandonar este mecanismo regional.

“He sido testigo cuando el premier, dirigiéndose a la presidenta de la CIDH, reafirmó la voluntad del Estado peruano de mantenerse dentro del sistema, respetando las decisiones; pero guardando la libertad de discrepar con aquellas decisiones con las que no tengamos coincidencia, como decisiones vinculadas a líderes [terroristas] respecto de cualquier tipo de beneficio procesal que se les pueda conceder desde la CIDH”, señaló.

Adrianzén lamentó cambios en informe de la Comisión de Justicia

En otro momento, Gustavo Adrianzén comentó que, inicialmente, destacó que un primer informe de la Comisión de Justicia del Congreso determinara que no había “causa grave” cometida por los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes afrontar una investigación sumaria.

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Sin embargo, lamentó que, horas después, el grupo de trabajo aprobara un informe final que recomienda la destitución de los magistrados, cuestionados por haber emitido un pronunciamiento en el que pedían reflexión al Congreso sobre el antejuicio político que afrontaba la destituida fiscal suprema Zoraida Ávalos.

“Lo escuché con gran satisfacción y lo comuniqué a mis homólogos, pero por la noche había cambiado y me despierto con esta noticia”, comentó.

El diplomático pidió reflexión y prudencia al Parlamento, que requiere 87 votos para destituir a los miembros de la JNJ.

“Lo único que puedo decir es que hago votos, los más sinceros, para que se sea muy reflexivo en este tema y se actúe con mucho moderación y prudencia. Espero que este mensaje sea transmitido a nuestras autoridades congresales”, puntualizó.

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