Rosselli Amuruz “exhortó” a presidenta Dina Boluarte a evaluar suspensión de “cuota anual de la OEA”

La tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosselli Amuruz, presentó ayer, jueves, una moción de orden del día en la que "exhortó" a la presidenta de la república, Dina Boluarte, a evaluar que se suspenda el pago anual del Estado al fondo regular de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"No podemos permitir que algunas “ONG’s” con el argumento de defender los derechos humanos, protejan a terroristas y corruptos, lo cual debilita al Estado, al sistema democrático y a la tranquilidad de los ciudadanos", indicó en la red social X (antes Twitter).

Asimismo, la legisladora sostiene que "no es justo" que el Estado "otorgue a la OEA una cuota anual de casi un millón de dólares cuando algunos de sus organismos, como la Comisión IDH (sic) y la Corte IDH, con sus arbitrarios fallos, abren la puerta para reabrir juicios e indemnizar a delincuentes terroristas que desangraron al país".

Pide "consenso" para nombrar representantes ante la OEA

Por otro lado, la tercera vicepresidenta del Parlamento solicitó "buscar mecanismos de consenso" entre el Ejecutivo y Legislativo para "normar el procedimiento de propuesta" del Estado de "jueces, jueces Ad Hoc y comisionados" ante la la Asamblea de la OEA "para que integren la CIDH y la Corte IDH".

Al respecto, resaltó un proyecto de ley presentado por ella, el pasado mes de junio, que propone normar el referido procedimiento.

En dicha iniciativa legislativa, Amuruz Dulanto postula que el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de su Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales, invite a un representante de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Tribunal Constitucional, un representante de la Junta de Fiscales Supremos; y un representante de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú, para recibir consultas sobre la elección de dichos representantes.

Además, en su moción de orden del día, la congresista de Avanza País pidió que "se aborde en el seno de la Asamblea General de la OEA" que "se impida el financiamiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH) con aportes de ONG "con la finalidad de garantizar la neutralidad e imparcialidad en las decisiones sobre los Estados de la región".

Asimismo, que en dicha asamblea se pida una "nueva reestructuración de los acuerdos" y se "impida" que los Estados que no son parte del SIDH que participen en elecciones de jueces de la Corte IDH y comisionados de la CIDH, "reestructurando" el sistema de votaciones.

Cabe resaltar que, en su moción, la parlamentaria señala el inciso 11 del artículo 118 de la Constitución que indica que "corresponde al presidente de la república dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, y celebrar y ratificar tratados".

Sin embargo, consideró que "es la oportunidad" del Congreso para que "se exhorte" a la presidenta en "fortalecer la defensa jurídica del Estado ante el SIDH, así como la representación de los candidatos que el Estado peruano presente para conformar la CIDH y la Corte IDH".

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