por Redacción RPP
·Según la MML, la concesionaria Rutas de Lima se valió de una apelación para restablecer el cobro en los peajes de Villa y Punta Negra, desconociendo la sentencia que suspendió el pago de la tarifa.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) saludó la decisión del Poder Judicial, que este miércoles ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, "bajo apercibimiento de aplicarse sanciones de multa consecutiva, en caso de incumplimiento".
Mediante un comunicado, la comuna precisó que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac dispuso "la ejecución inmediata de la sentencia emitida el 13 de octubre de 2025", donde se ordena a Rutas de Lima suspender dicho cobro "ante el desacato de la concesionaria, que reanudó el cobro del peaje el pasado 2 de noviembre".
Según la MML, la concesionaria se valió de una apelación para desconocer la sentencia que reconoció la existencia de una vulneración a la libertad de tránsito de los ciudadanos, en contra de las leyes vigentes y perjudicando los derechos y el legítimo reclamo de los vecinos
"La MML reafirma su compromiso de luchar por los derechos de los ciudadanos y velar por el cumplimiento de la ley", mencionaron.
🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/gAaW7StNoo
— Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 5, 2025
Rutas de Lima acatará mandato judicial
La concesionaria Rutas de Lima aseguró que se allanará a la decisión del Poder Judicial. Sin embargo, consideró que dicha acción "añade aún mayor arbitrariedad al trato recibido por parte del Estado peruano".
Además, señaló que la decisión de reanudar el cobro de peajes se dio "en estricta aplicación de los derechos que la amparan, conforme al marco normativo aplicable".
Luego, indicaron que las unidades de peajes de Huaylas, San Pedro, Arica y Quebrada Seca seguirán operando con normalidad, pues no hay mandato judicial que ordene su suspensión. Ante ello, solicitaron intervención de la fuerza pública ante posibles movilizaciones o conmoción social.
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