El grupo de trabajo no pudo definir el último viernes el destino de la congresista Magaly Ruiz, puesto que no se alcanzaron los votos para aprobar o rechazar el informe que recomienda suspenderla por 120 días.
La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso volverá a votar hoy, lunes 12 de junio, el informe final que plantea suspender por 120 días a la congresista de Alianza para el Progreso, Magaly Ruiz, acusada de recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho.
El viernes 9, el grupo de trabajo no alcanzó los votos requeridos para aprobar o rechazar dicho informe contra la legisladora apepista, por lo que la causa quedó como “no resuelta” y a la espera de resolverse en la sesión de este lunes que se realizará a partir de las 5:00 p.m.
Fueron cuatro los parlamentarios que, respectivamente, se pronunciaron a favor y en contra del informe presentado, absteniéndose de votar otros siete legisladores. Ante ello, se dispuso que se realice una nueva votación en una próxima reunión.
En esa misma sesión, la comisión determinó que en el caso de la parlamentaria Heidy Juárez, quien también está implicada en el caso ‘mocha sueldos’, la sanción propuesta de 120 días de suspensión cambie por una amonestación escrita con multa de 30 días de descuento de sus haberes.
Otros casos
La agenda establecida para mañana también contempla la realización de una audiencia sobre el caso de la congresista María del Pilar Cordero Jon Tay (No agrupada), quien también está implicada en las denuncias por supuestos recortes de sueldo.
El caso de la congresista (ex Fuerza Popular) fue expuesto por el dominical Punto Final, que reveló audios en los que se oyen a la legisladora exigir personalmente el pago de hasta el 75 % del salario de uno de sus trabajadores.
“Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez. (…) ¡No! ¡Vamos al cajero! No, es que yo no sé tus pagos. O sea, eso no tiene nada que ver, esa plata es intocable. Se te dijo de un comienzo”, se oye en el audio.
La Comisión de Ética también prevé revisar los informes de calificación sobre los casos de otros parlamentarios, como la parlamentaria Hilda Portero (Acción Popular), acusada de pedir dinero a su personal para la compra de hasta 200 sillas de ruedas que, posteriormente, regaló a nombre propio, de acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder.
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