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Fiscal de la Nación presentó un proyecto de ley para reincorporar el delito de acaparamiento

A la fecha se han presentado varias iniciativas legislativas.
A la fecha se han presentado varias iniciativas legislativas. | Fuente: Foto: Andina

La iniciativa presentada al Congreso plantea la incorporación del artículo 233° al Código Penal, el cual castiga con pena privativa de la libertad a quien provoque escasez o desabastecimiento de bienes para alterar sus precios en el mercado.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó al Congreso de la República un proyecto de ley "que modifica el Código Penal para sancionar conductas especulativas sobre bienes y servicios de urgencia para la vida y la salud de las personas " en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país.

"La presente Ley tiene por objeto sancionar diversas conductas orientadas al acaparamiento y especulación sobre bienes o servicios de necesidad urgente para la vida y la salud de las personas, por parte de productores, comerciantes o prestadores de servicios; con la finalidad de obtener un indebido provecho económico y con el consecuente perjuicio de los consumidores", señala la propuesta.

La iniciativa plantea la incorporación del artículo 233° al Código Penal, el cual castiga con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años a quien provoque escasez o desabastecimiento de bienes mediante la sustracción o acaparamiento para alterar precios en su beneficio.

La propuesta de la fiscal de la Nación también establece una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años para el productor, fabricante o comerciante que incremente los precios existentes en el mercado aprovechando una situación de mayor demanda por causas de emergencia.

Dentro de la exposición de motivos se menciona que el reconocimiento de la libre competencia implica la libertad de decisión de los consumidores y productores "bajo claras reglas de juego, las cuales deben armonizarse con un ordenamiento jurídico que permita proteger al interés público".

"La iniciativa privada consiste en el derecho de toda persona natural y jurídica para intervenir en la economía produciendo bienes y servicios en el marco del ordenamiento jurídico, es decir, que su actividad no colisione con los intereses generales de la Nación", se menciona.

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