Joseph Schumpeter fue un renombrado politólogo y economista austro-estadounidense. Es considerado uno de los grandes estudiosos de los ciclos económicos y de los procesos de innovación. En su obra Capitalismo, socialismo y democracia (Londres, 1942), Schumpeter desarrolla el concepto de la “destrucción creativa”. En él, nos indica que el desarrollo económico y el cambio tecnológico vienen indefectiblemente acompañados de una sustitución de lo viejo por lo nuevo. En la “destrucción creativa”, los nuevos actores incorporan procesos de innovación que sustituyen a los antiguos, las nuevas empresas aportan tecnología que hace obsoletas a las ya existentes. De acuerdo con Schumpeter, estos procesos de sustitución de lo viejo por lo nuevo generan conflictos entre las instituciones, crean ganadores y perdedores y tendrán impactos en la prosperidad de una determinada nación.
La pandemia de la COVID-19 ha demostrado que es impostergable iniciar un proceso de “destrucción creativa” en muchos campos de la sociedad peruana, siendo uno de los más críticos el sistema de transporte público. Sin embargo, dándole la espalda al país y lejos de buscar sustituir lo viejo por lo nuevo, el Congreso de la República insiste en boicotear la transformación del sistema de transporte. El pasado 14 de mayo, el Poder Legislativo con 115 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones formalizó el servicio de taxis colectivos en el país, excluyendo Lima y Callao. Un taxi colectivo era hasta esa fecha un servicio ilegal que generalmente se presta en vehículos sedán o station wagon. Los colectivos se encuentran en todas las regiones del país y pueden transportar la cantidad de pasajeros que entren en el vehículo, que generalmente es de cuatro personas más el chofer. Entre sus principales desventajas están que ocupan mucho espacio, mueven poca gente, no son fiscalizados, son proclives a accidentes, robos y atracos, generan contaminación ambiental y sonora y compiten de manera desleal con el transporte formal. Empero, en el contexto del Coronavirus se convierten en un vector de contagio muy grave, ya que, para ser rentable, los colectivos deben ir llenos.
Como se sabe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que una de las medidas de protección básicas contra el virus es mantener el distanciamiento social, es decir, guardar al menos un metro de distancia entre personas. Esto resulta vital dado que al tratarse de una enfermedad respiratoria, cuando se habla, tose o estornuda, se proyectan pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca se puede inhalar el virus. En los taxis colectivos es imposible mantener el distanciamiento social, dado que son vehículos muy pequeños y su rentabilidad radica específicamente en ir siempre llenos.
Lo que ha hecho el Congreso no es solamente petardear la reforma del transporte, sino es un atentando contra la salud y la vida de cientos de miles de peruanos, conductores y pasajeros, que ahora tendrán en los colectivos un servicio totalmente legal y por ende no podrá ser combatido ni fiscalizado por las autoridades ¿Quién se va a hacer responsable por los contagios y muertes que se darán por usar ese tipo de transporte? El Poder Ejecutivo ya ha anunciado que observará la ley, sin embargo eso no es suficiente. Se deben acelerar los procesos de implementación de buses grandes y modernos además de ciclovías, para que la demanda insatisfecha de transporte opte por un servicio formal y bioseguro. Ahora sí, el éxito de la reforma de transporte es un asunto de vida o muerte.
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