Defensoría del Pueblo | Fuente: Andina

La Defensoría del Pueblo consideró este viernes que urge aprobar la paridad y la alternancia, así como regular la violencia y el acoso político que las afecta. Solo así, señala, se podrá garantizar su efectiva participación en los espacios de representación política.

En el balance del cumplimiento de la cuota de género que la Adjuntía para los Derechos de la Mujer realizó, se encontró que las candidatas suelen ser ubicadas en los tercios inferiores de las listas electorales, lo que limita sus posibilidades reales de elección.

Esto fue detectado en 21 de los 26 distritos electorales de las Elecciones Generales 2016. La misma situación se encontró en el 44 % de las postulaciones a regidoras a nivel provincial y en el 40 % a nivel distrital, de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Si bien el marco legal actual señala que el proceso de inscripción debe realizarse con el 30 % de mujeres o varones inscritos en las listas, no existe reglamentación que garantice el cumplimiento de la cuota de género hasta el final del proceso.

Por ejemplo, en el último proceso electoral, 4528 candidatas fueron retiradas, ya sea por exclusiones, improcedencias, renuncias o tachas, pero no se verificó si sus reemplazos fueron ocupados también por mujeres.

El acoso político en Perú

Para la Defensoría del Pueblo la participación política de las mujeres también se ve afectada por actos de violencia y acoso político.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el 23 % de candidatas a las Elecciones Regionales y Municipales del año 2018 habría sufrido alguna forma de acoso político.

Además, en el análisis se detectó que las mujeres representan el 48 % de la militancia de los partidos y organizaciones políticas. Sin embargo, solo el 26 % de ellas ocupa algún cargo dirigencial.

De igual forma, la presencia de candidatas en los medios de comunicación es inferior a la de los varones. En el año 2016, apenas el 23 % de las postulantes al Congreso de la República tuvo cobertura en medios.

Para la Defensoría del Pueblo, esta situación se podrá superar con la incorporación en la legislación electoral de normas que dispongan la obligación de aplicar la paridad y alternancia, medida que fue recomendada desde el año 2006 por nuestra institución.

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