¿Está debidamente fundamentada la investigación sumaria del Congreso contra la JNJ? [ANÁLISIS]

La tarde de este martes, 12 de septiembre, se programó el inicio del proceso de investigación sumaria que llevará a cabo la Comisión de Justicia del Congreso contra los 7 magistrados que integran la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Desde las 5pm., dicho grupo de trabajo parlamentario abordó la aprobación del plan de trabajo que se seguirá en dicho proceso que fue aprobado por el pleno, el pasado jueves, con 84 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones.

En los últimos días, esta decisión parlamentaria ha suscitado opiniones a favor y en contra de la investigación en sí y de los fundamentos que la motivan. 

Argumentos 

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País), autora de la propuesta, expuso ante el Pleno los fundamentos de abrir la referida investigación sumaria. En su participación, indicó que el Congreso tiene "la responsabilidad de poner un alto a la JNJ" ya que, según dijo, "se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares".

"Primero, esta JNJ viola reiteradamente el principio de separación de poderes. Todos recordamos cómo en un acto desesperado, ante la inminente inhabilitación de Zoraida Ávalos, publicaron dos pronunciamientos, buscaron el apoyo de sus aliados ideológicos de la CIDH y pretendieron atropellar el fuero parlamentario”, sostuvo.

“No contentos con eso, habrían intentado entrometerse en las decisiones del Poder Judicial cuando se les acusó de presionar a su presidente para que se pronuncie a favor de la inhabilitada Zoraida Ávalos”, agregó.

Asimismo, cuestionó que la magistrada Inés Tello continúe en la JNJ, pese a haber excedido los 75 años y que, según su argumento, dicho organismo no hubiera presentado sus informes anuales del 2021 y 2022.

“Esta JNJ cree estar por encima de las leyes. La Carta Magna dice bien claro que el límite de edad para ser miembro es de 75 años para todos. Sin embargo, la magistrada Inés Tello, que ya va a cumplir 78, sigue ahí, bien sentada, porque, de manera arbitraria, interpretaron el artículo 156 de la Constitución para favorecerla”, aseveró.

“Pero eso no es todo, (…) la JNJ debe presentar un informa anual ante el Congreso, pero los informes del 2021 y 2022 simplemente no existen, nunca llegaron. Sin justificación y de manera deliberada, estos magistrados se burlan de este fuero parlamentario, violando el principio de transparencia”, sostuvo.

Por último, señaló que la JNJ "ataca con investigaciones a quienes consideran enemigos políticos y, para ello, se ha aliado con medios de comunicación ideologizados".

"Todos vimos el show que armaron con IDL, el 23 de agosto, cuando ese medio caviar reveló detalles del proceso contra el trabajo de la fiscal de la Nación (…) Esa filtración puso en evidencia que esta JNJ ya tenía todo decidido antes de que concluya el proceso”, afirmó.

Ante ello, Chirinos Venegas solicitó "iniciar el proceso" para que los magistrados "que han destruido la dignidad de su cargo, contaminando el sistema de justicia (…) sean, por fin, removidos”.

Ernesto Blume: El proceso "es parte del intercontrol del poder"

Respecto al proceso iniciado por parte del Parlamento, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, en entrevista con Canal N, señaló que este "es un fenómeno que tiene que ver con la dimensión del intercontrol del poder".

"Hay un órgano que es la JNJ, que es parte del poder político (…), y hay otro órgano que es el Poder Legislativo que tiene entre sus competencias el control de la propia junta en cuanto a la responsabilidad de sus funcionarios", resaltó.

No obstante consideró que, dentro de la investigación, se definirá si la JNJ incurrió en una falta grave. Sin embargo, respecto a que no se habrían presentado informes anuales por parte de dicho organismo, Blume Fortini dijo que sí había un "incumplimiento de mandato constitucional", pero que era exagerado pedir la destitución de los magistrados por esa causa.

"La Constitución no establece cómo se presenta (el informe), ni la ley de la JNJ. Pero si la ley dice que se presenta un informe anual, tiene que ser presentado. ¿Cuándo? Los primeros meses. Si no está regulado, se puede presentar al año siguiente (…), pero creo que es evidente que ha habido una falta respecto a la cual hay que responder”, sostuvo.

"No es una falta tan grave para ameritar una destitución, pero sí hay una infracción (…) y algún nivel de sanción se puede dar", agregó.

Por su parte, RPP Noticias conversó con Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional (TC); Erick Urbina, abogado constitucionalista; Iván Lanegra, secretario general de Transparencia; y José Saldaña, docente y politólogo de la PUCP, acerca de sus impresiones sobre esta investigación sumaria que podría desencadenar en la destitución de los miembros de la JNJ. 

Marianella Ledesma

Respecto al proceso, Marianella Ledesma señaló que se está cometiendo un "abuso del derecho" dado que, aunque "no se niega que el Congreso tenga la facultad de retirar a los miembros de la JNJ", se estaría "ejerciendo de manera abusiva ese derecho" contra un "órgano autónomo" que "tiene tanta validez y representatividad como el Congreso".

En cuanto a los fundamentos, Ledesma cuestionó que se configure alguna "causa grave". Específicamente, se mostró de acuerdo con que la JNJ haya emitido un pronunciamiento en el marco del proceso contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

"Estoy totalmente de acuerdo, porque si vivimos en un Estado constitucional, llamarte a la reflexión ¿es algo anómalo o irregular? La misma Constitución habla de que las competencias deben ejercerse de manera compartida, coordinada. Yo no me siento mal que alguien me llame a la reflexión, más bien permite airear problemas a los que no se está dando la real reflexión (…) ¿Y por eso voy a hacer una cuestión de Estado? Me parece una excusa para generar este laberinto que genera inestabilidad no solo política sino económica", apuntó.

"Cada ámbito tiene su área de acción y tienen que actuar dentro de sus competencias (...) Si la JNJ exhorta para que reflexionen sobre cómo se va a sacar a una fiscal por sus criterios en el ejercicio de su labor, que es un mandato constitucional. ¿Ese es un argumento para que se abra toda una investigación para sacar a toda la JNJ? Ahí hay un abuso del derecho", resaltó.

Por otro lado, consideró que no era válido hacer una comparación entre este proceso y el que realizó en Parlamento contra los exmagistrados del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el 2018, por el caso Cuellos Blancos del Puerto.

"¿Los miembros de la actual JNJ tienen las mismas situaciones de irregularidad que se imputaba a los señores del CNM vinculados a Los Cuellos Blancos? ¿Están en esa misma lógica de corrupción por la que están procesados en la Fiscalía? Definitivamente, no. No se puede equiparar, poner en la misma balanza dos situaciones totalmente ajenas", aseveró.

"La causa grave está en función a los hechos. Pregunto: ¿llamar a la reflexión es una causa grave? Negociar los puestos para ser jueces, sí es una causa grave como ocurrió en el caso de César Hinostroza y su gente", puntualizó.

Erick Urbina

El abogado constitucionalista Erick Urbina consideró que "el Congreso sí tiene la facultad para poder investigar e incluso sancionar a los miembros de la JNJ", ya que "así lo reconoce el artículo 157 y otros de la Constitución"; pero que "no hay una tipificación respecto a qué es una falta grave" y que "no existe un fundamento real para proceder a una destitución".

"El Congreso puede investigarlos, deberá respetar el debido proceso, es decir convocarlos para que todos los miembros se defiendan ante el pleno y la Comisión de Justicia, y acreditar expresamente qué acto realizado por los miembros de la JNJ configuran causa grave, sustentando bien por qué ese acto es grave como tal", explicó.

"Si no hay un sustento real, estaríamos ante una arbitrariedad del Congreso que podrá ser rectificada en sede judicial o constitucional", agregó.

Además, señaló que no está reglamentado el proceso que se está llevando a cabo en la Comisión de Justicia.

"Ni en el Reglamento del Congreso ni en la Constitución existe un procedimiento para seguir estas investigaciones sumarias. Hay dos antecedentes con la Constitución del 93: una con Luis Alva Castro en la presidencia y otra con Luis Galarreta, pero no hay un procedimiento (...) Ahora mismo, el Congreso está actuando en base a un precedente que ellos mismos han generado, pero no a un reglamento en la Constitución o en el Reglamento del Congreso", sostuvo.

En cuanto a los fundamentos esgrimidos por Chirinos, el constitucionalista indicó que "un llamado a la reflexión" no es una falta grave, pero sí "un acto de intromisión que no debió cometerse en ese momento".

"Nunca el CNM había tenido un pronunciamiento respaldando a un fiscal o juez supremo. Acá lo tuvieron y fue una intromisión, pero no es una falta grave. Finalmente, el Congreso destituyó a la señora Avalos y prevaleció su facultad. En este caso, creo que ha sido un desatino y podría aprender de ello la propia JNJ, pero considerarlo una falta grave me parece que es un exceso", aseveró.

Sobre la imputación de la falta de presentación de informes anuales, Urbina resaltó que ello sería un acto "producto de los varios vacíos que tenemos en nuestra legislación", pero cuestionó que sea una falta grave.

"Debemos pensar a futuro: si considero que eso es una falta grave, a futuro por cuestiones iguales o menores se va a destituir a los miembros de la JNJ. Bajo ese precepto, ¿con qué criterio van a funcionar los siguientes integrantes? (…) Considerarlo una falta grave, creo que es un exceso", indicó.

Finalmente, respecto a los 14 días de plazo que tendrá el procedimiento, Urbina señaló que "es muy poco".

"No tenemos mayor indicio y es muy probable que en 14 días, la Comisión de Justicia no consiga sus objetivos ni pueda garantizar un debido proceso. La comisión deberá escuchar a los 7 magistrados y permitir que se defiendan mostrando sus pruebas y demás indicios. Es un tiempo bastante corto", puntualizó. 

Iván Lanegra

El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, consideró que, a diferencia de los fundamentos que conllevaron a la destitución de los magistrados de la CNM por el Congreso en el 2018, "los supuestos hechos que conforman la 'causa grave' resultan, a todas luces, muy débiles".

"Ni el exhortar públicamente al Congreso a tomar en cuenta ciertas consideraciones ante una decisión, ni la supuesta "filtración", ni el no haber vacado a una persona por límite de edad, cuando dicha causal de vacancia no está prevista en la ley orgánica de la JNJ, aparenta ser siquiera "faltas", indicó

"Menos aún puede hablarse de "causa grave". Una acción arbitraria de tal naturaleza hace posible entender que detrás hay solo intereses que coinciden en su hostilidad con la JNJ y su labor", aseveró.

En ese sentido, consideró que esta acción del Congreso "sería un golpe mortal contra la democracia".

"No sólo por su arbitrariedad específica, sino por el precedente de un poder parlamentario actuando sin control y sin responsabilidad", subrayó. 

José Saldaña

El politólogo José Saldaña señaló que, si bien en la Constitución "se reconocen facultades al Congreso para investigar, procesar y acusar constitucionalmente a altos funcionarios del Estado", no se habría establecido "cuáles son esas causales graves por las que el Congreso puede acusar y destituir a esos funcionarios afectando el equilibrio de poderes".

"Esta falta de claridad de la Constitución ha permitido que el Congreso, en estos últimos años, ejerza esta atribución de control de manera poco transparente y, en muchos casos, de forma arbitraria y abusiva, especialmente, contra sus adversarios políticos", precisó.

"Como esto queda un poco al arbitrio de los votos, se está interpretando de una manera antojadiza y poco correcta conforme a la jurisprudencia constitucional pues el TC ya ha señalado que hay una gradualidad de faltas que existen y parece que esto el Congreso no lo conoce", añadió. 

En ese sentido, consideró que el proceso de destitución, dado "que es la máxima sanción que puede aplicar el Congreso", debe activarse "únicamente en los casos más extremos".

"Esto, teóricamente calza en lo que sería un control político, pero se está usando de manera excesiva y direccionada", anotó.

Consultado sobre si esta acción del Congreso representaría un quiebre en el sistema democrático, Saldaña Cuba resaltó que la Corte IDH ya había resuelto un caso "de independencia judicial en relación al Perú" en 1997.

"Tres magistrados del TC fueron destituidos por el Congreso por declarar inconstitucional la ley de re-reelección de Alberto Fujimori. Eso fue un hito y hoy, más de 20 años después, estamos en el mismo escenario", afirmó.

"Las palabras de la Corte IDH siguen siendo actuales: la independencia judicial es un pilar para el funcionamiento y plena vigencia de la democracia. Sin judicatura que pueda controlar los excesos y delitos de funcionarios públicos, entonces la democracia es una pantomima, una mentira", puntualizó.