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El Congreso votará hoy la llamada 'Ley Mordaza': ¿por qué es un peligro para la libertad de expresión?

El proyecto de ley plantea incrementar penas por delitos de difamación y calumnia en medios de comunicación
El proyecto de ley plantea incrementar penas por delitos de difamación y calumnia en medios de comunicación | Fuente: Composición RPP

Gremios periodísticos se han reunido con diversas bancadas para conversar sobre el dictamen. Varias de ellas aseguraron que reconsiderarían su apoyo al proyecto en la segunda votación.

Congreso

El proyecto de ley plantea incrementar penas por delitos de difamación y calumnia en medios de comunicación

El pasado 4 de mayo, el pleno del Congreso aprobó, por mayoría y sin debate, el proyecto de ley que plantea modificar los códigos Civil y Penal para elevar las penas por los delitos de difamación y calumnia a través de medios de comunicación.

Dicho dictamen obtuvo 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones y fue apoyado, mayoritariamente, por Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Bloque Magisterial y Renovación Popular.

La segunda votación de este proyecto ha sido programada para hoy, jueves, en la sesión plenaria que iniciará a las 9:30am. Vale decir que esta es la votación definitiva del dictamen.

Esta iniciativa legislativa ha generado las críticas unánimes de los gremios periodísticos del país, los cuales, entre el lunes y martes de esta semana, se reunieron con las bancadas parlamentarias para conversar sobre el mismo.

Al respecto, cabe preguntarse: ¿por qué representa un riesgo para la libertad de prensa y de expresión?

Efectos contra periodistas

El abogado penalista Roberto Pereira, en diálogo con RPP Noticias, consideró que, con el dictamen, se afecta directamente el trabajo periodístico y la libertad de expresión. 

"Lo que se ha dicho es que, como son 4 años, no hay prisión efectiva, pero eso no se corresponde con la realidad porque, en estricto, en nuestro país, un juez puede enviar a una persona a cumplimiento de cárcel efectiva incluso con una pena menor de 4 años. Es una potestad judicial", sostuvo.

Como se sabe, dicho dictamen plantea elevar entre 120 y 365 días-multa la sanción por el delito de calumnia, y pena privativa de la libertad "no mayor de cuatro años, con 90 a 120 días-multa" por el delito de difamación, además de "reparación civil en favor del querellante".

Por ello, el penalista señaló que hay un "efecto inmediato" que alcanzaría a los periodistas desde el momento en que, eventualmente, se apruebe esta norma.

"El efecto práctico e inmediato de aprobarse esta propuesta es que, al incrementarse las penas, inmediatamente hace que el plazo de prescripción del delito suba de cuatro años y medio que rige ahora a seis años", sostuvo.

"Por lo tanto, se podrá mantener procesado a un periodista durante ese tiempo, que es lo que la evidencia nos dice que buscan los políticos con esta medida", agregó.

Pereira indicó que lo que se estaría buscando es "mantener a un periodista el mayor tiempo posible procesado ante un riesgo de condena penal, desgastándolo emocional, personal y económicamente, distrayéndolo de su trabajo y generando en él un efecto de amedrentamiento e inhibición en relación con su tarea".

Por otro lado, consideró que "por lo menos, desde el 2016", el Congreso ha presentado, sistemáticamente, "proyectos de ley orientados a debilitar la garantía legal que tiene la libertad de expresión".

"Se dice que es un proyecto presentado en agosto del año pasado y es verdad, pero se revive el proyecto justo en este momento del año (...) Entonces, claramente estamos ante un comportamiento reactivo del Congreso frente a la labor que ha tenido la prensa frente a comportamientos irregulares de congresistas", remarcó.

"Es absolutamente innecesaria"

Por otro lado, Pereira explicó que la propuesta plantea modificaciones a las normas sin ninguna razón válida. 

"Esta es una propuesta absolutamente innecesaria en la medida en que no expresa ninguna razón válida en la exposición de motivos. El derecho al honor está suficientemente protegido en el Perú, no ha generado ningún problema de desprotección frente a alguien que ha pretendido defender este derecho", señaló.

En ese sentido, consideró que el Congreso solo busca enviar un mensaje de "amedrentamiento".

"La única razón que se encuentra acá es enviar un mensaje de amedrentamiento al trabajo periodístico porque este delito es el que usa la gente con poder político y económico para reaccionar frente a las denuncias que la prensa hace en cumplimiento de su trabajo", expresó.

Según resaltó el jurista, un reciente informe de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) acreditó que, entre el 2019 y 2021, han existido 109 querellas contra periodistas "todas interpuestas por querellantes con poder político y económico o por gente de su entorno".

"Por lo tanto, incrementar las penas sin ninguna justificación lo que hace es poner en mayor riesgo el ejercicio periodístico", subrayó Pereira.

Asimismo, el penalista señaló que el dictamen va en contra de lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la libertad de expresión.

"Esto está absolutamente acreditado, la CIDH ya ha sancionado esto como algo contrario a la libertad de expresión y es por eso que se ha pronunciado en contra de la tipificación de los delitos de difamación cuando se trata de este tipo de discursos", indicó.

"La tendencia en el mundo es la despenalización; es decir retirar el derecho penal de este tipo de controversias y solucionarlo a través del derecho a la rectificación, de los mecanismos de autorregulación de los propios medios de comunicación o del derecho civil (...) Esa es la tendencia en el mundo y acá estamos yendo en contra de esa línea", puntualizó.

Evalúan su apoyo al proyecto

Dos de las bancadas que votaron a favor de la aprobación del proyecto - Renovación Popular (RP) y Alianza para el Progreso (APP) - anunciaron que están "evaluando" su decisión final sobre el dictamen. 

El vocero de RP, José Cueto, señaló a RPP Noticias que su grupo parlamentario analizará un "texto sustitutorio" sobre dicha norma.

"Sobre la llamada Ley Mordaza, que le han puesto ese nombre para hacer tanto lío, hay un texto sustitutorio - que nos han informado quienes han promovido esta ley - que estamos evaluando (...) ya seguramente la otra semana vamos a definir esto", indicó.

Cueto Aservi consideró además que el proyecto de ley no varía "en casi nada" las actuales normas sobre los referidos delitos

"Dependiendo de lo que diga, la bancada se va a reunir para evaluar bien el tema de esta ley que amplía los años de uno a tres, a dos a cuatro y la parte pecuniaria. En realidad, es casi nada lo que se varía, creo que se ha tomado a mal esta ley", agregó.

Por su parte, Eduardo Salhuana, vocero de APP, indicó que su bancada está dispuesta a "cambiar de opinión" para no generar inestabilidad social.

"Nosotros creemos que, en un escenario de inestabilidad política, necesitamos generar estabilidad económica, social; hay que evitar una confrontación innecesaria con un sector importante como la prensa (…) y entender que, si las organizaciones periodísticas se pronuncian y hay una opinión pública contraria a una iniciativa legislativa, yo creo que el congresista debe saber escuchar a la ciudadanía y evaluar una decisión que se tomó en su momento”, sostuvo.

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