El jueves 18 de mayo, el Congreso realizaría la votación definitiva de la 'Ley Mordaza'

El pasado 4 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el proyecto de ley que establece modificaciones a los códigos Penal y Civil para incrementar penas por los delitos de difamación y calumnia en medios de comunicación.

El dictamen fue aprobado sin debate, con 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones; y se anunció la segunda votación en un lapso de 7 días calendario.

Al respecto, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, anunció, a través de redes sociales, que el titular del Parlamento, José Williams, confirmó para el próximo jueves, 18 de mayo, la referida votación pendiente en la agenda del Pleno. 

"(El) Presidente del Congreso confirmó a la ANP, Consejo de Prensa y al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) que la 2da votación de PL que eleva penas por difamación será agendada para (el) jueves 18 de mayo", indicó Lainez.

Asimismo, informó que diversos gremios periodísticos se reunirán con las diferentes bancadas del Parlamento este lunes, 15 de mayo, para explicar el "impacto lesivo en actividad periodística" del referido dictamen.

Prensa en peligro

La iniciativa legislativa fue presentada el 19 de agosto del año pasado por el parlamentario Segundo Montalvo Cubas, de Perú Libre, y fue aprobada por mayoría en la Comisión de Justicia del Congreso, el último 12 de abril.

La sustentación en el Pleno estuvo a cargo de Américo Gonza (Perú Libre), en su condición de presidente de la mentada comisión legislativa.

En su exposición, alegó que con la ley "se busca que se repare de manera integral cuando es mancillado el honor de una persona, pues el daño a veces es irreparable".

El proyecto establece modificaciones al Código Penal para elevar entre 120 y 365 días-multa la sanción por el delito de calumnia, y pena privativa de la libertad "no mayor de cuatro años, con 90 a 120 días-multa" por el delito de difamación, además de "reparación civil en favor del querellante".

También modifica el Código Civil para establecer indemnizaciones obligatorias para aquel que "atribuye a una persona, un delito, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor".

Al respecto, el Consejo de la Prensa Peruana exigió al Ejecutivo "observar" dicho proyecto de ley aprobado en primera votación.

"El Congreso, a contrapelo de la tendencia internacional que recomienda despenalizar este tipo de denuncias, optó por endurecer las sanciones para casos de difamación", señaló la entidad en Twitter.

"Como es de conocimiento público, han sido 150 los periodistas acusados de difamación en los últimos 5 años, una acción penal por la que optan quienes buscan silenciar una denuncia periodística o una investigación sobre temas de interés público", agregó. 

Asimismo, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación de Periodistas del Perú (ANP), en diálogo con RPP Noticias, indicó que, insistiendo con dicho proyecto, el Ejecutivo incumple lo establecido por la CIDH "que señala a los estados que deben proteger el honor en la esfera civil y no en la penal".

"En Perú, desde hace muchos años, el tema de los delitos contra el honor no lo podemos ver como un tema solo orientado a proteger ese derecho, sino como un instrumento que utiliza una parte del poder político y empresarial, incluso religioso (…), desde hace mucho tiempo", sostuvo.

"Este ordenamiento es instrumentalizado para intentar silenciar investigaciones periodísticas, para darles un escarmiento a periodistas. Si eso ya ocurre con la ley que tenemos y las penas que tenemos, vamos a robustecer ese instrumento en manos de políticos si se elevan las penas", resaltó.

Asimismo, el Colegio de Periodistas del Perú rechazó dicho proyecto de ley y señaló que "lejos de cautelar derechos, lesiona la libertad de expresión".

"El Colegio de Periodistas del Perú deplora que el Congreso, en primera votación y sin debate, agrave penas y multas a periodistas y medios de comunicación (...). Nuestra orden exhorta al Congreso a reevaluar su postura (...) y analizar sus eventuales afectaciones a la libertad de expresión", señaló la entidad en un comunicado.

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