El ministro de Trabajo resaltó que la Comisión Permanente del Parlamento "no ha encontrado medios que puedan acreditar una vinculación con la presidenta" por las muertes ocurridas en las protestas sociales de 2022 y 2023.
Daniel Maurate, ministro de Trabajo, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a las críticas que ha generado la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas en las protestas sociales de 2022 y 2023.
Como se sabe, dicha instancia del Parlamento -con 12 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención- aprobó ayer, jueves, el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendó archivar la referida denuncia por la que se imputaba a la mandataria los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, bajo la figura de omisión impropia con dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de 49 fallecidos y 250 heridos.
La decisión ha generado una serie de críticas de diversos legisladores y sectores políticos que han señalado un supuesto blindaje por parte de la Comisión Permanente a la jefa de Estado.
"Somos un país de la incoherencia"
Al respecto, Maurate Romero rechazó las críticas a la Comisión Permanente al considerar que se debe respetar las competencias del fuero parlamentario.
"El problema es que, lamentablemente, somos un país de la incoherencia. Entonces, alabamos a una institución cuando resuelve a favor de nuestras simpatías y luego criticamos a la misma institución cuando resuelve algo diferente a lo que pensamos", indicó.
"Y la verdad que yo siempre digo lo mismo: cuando el tribunal resuelve un tema hay que respetarlo porque es su competencia. Cuando un juez resuelve algo, hay que respetarlo porque es su competencia. El Congreso, cuando resuelve algo, hay que respetarlo porque es su competencia. Tenemos que acostumbrarnos, en un país democrático, a respetar las decisiones de las instituciones", agregó.
Respecto a la decisión de la Comisión Permanente, dijo que le parecía bien y había que "respetarla", ya que se había hecho una "evaluación seria" en la que, según indicó, "no han encontrado medios que puedan acreditar una vinculación con la presidenta y los resultados que han sucedido".
"El Congreso ha tomado una decisión, me parece bien, y hay que respetarla. Ellos han hecho una evaluación, seguramente seria, y en consecuencia han tomado una decisión y en consecuencia hay que respetar esa decisión. Y por supuesto, lo que han señalado es que no han encontrado medios que puedan acreditar una vinculación con la presidenta y los resultados que han sucedido", enfatizó.
"Creo que el Congreso hace una evaluación de fondo y decide. Desde el punto de vista político, hace una evaluación y, por supuesto, el Congreso es una entidad eminentemente política, que hace fiscalización política, evaluación política, pero, por supuesto, no significa que no vean papeles y documentos", recalcó.
No obstante, cuando se le consultó si su opinión no contrastaba con las críticas que hace el Ejecutivo cuando la Fiscalía, en sus competencias, dispone aperturar investigaciones a sus funcionarios o personajes vinculados al Gobierno, Maurate señaló que todas las instituciones deben "hacer bien" su trabajo.
"Lo que yo siempre digo es que todos tenemos que hacer bien nuestro trabajo y si todos hacemos bien nuestro trabajo, entonces no hay ningún problema. El problema es cuando se empieza a hacer mal el trabajo, cuando se generan, entre instituciones, disputas, dejando de lado el interés nacional, el interés de todos los peruanos, para mirar intereses ya no de la población. Ahí viene el problema", argumentó.
"Entonces necesitamos que todos -Congreso de la República, Ejecutivo, Ministerio Público, Poder Judicial- entendamos que todos cumplimos funciones estatales y la función principal del Estado, así dice la Constitución Política del Perú, es dar bienestar a la gente. Entonces cada vez que un funcionario público actúa tiene que pensar en darle bienestar a la gente y a la población. Ese tiene que ser nuestro objetivo principal y no disputas entre instituciones y entre poderes del Estado", puntualizó.