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por Julio Cisneros
·El expresidente Pedro Castillo tenía 1 700 soles cuando fue capturado por su propia seguridad. La Fiscalía alegó que ese dinero habría estado destinado a financiar el golpe de Estado; sin embargo, el juez supremo Juan Carlos Checkley desestimó este argumento.
El Poder Judicial declaró infundada la solicitud fiscal para que se confirme la incautación de la suma de mil 1 700 soles que se encontró en posesión del expresidente Pedro Castillo cuando fue intervenido por la Policía, tras su fallido golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.
El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al determinar que en lo que va de esta investigación “no se evidencia o acredita” que dicha suma de dinero estuviera efectivamente destinada a financiar el golpe de Estado, como alegó la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
“Se trata de una suma que en términos reales no tendría relevancia significativa en el contexto del delito que se imputa (rebelión o conspiración) que por su propia naturaleza implica recursos de mayor valor; en ese sentido, los 17 billetes de cien soles cada uno incautados, en consideración de este Juzgado, no tienen relación con la investigación seguida contra Castillo Terrones, por lo que la solicitud de confirmatoria de incautación debe ser desestimada”, sostuvo el magistrado en su resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias.
"Plazo excesivo"
El juez supremo remarcó que dicha incautación se realizó el 7 de diciembre del 2022, pero la Fiscalía solicitó la confirmación de esta medida el 17 de agosto del 2023, por lo que a criterio del magistrado “el plazo resulta excesivo”, puesto que se debió requerir la confirmatoria de manera inmediata.
Es menester precisar que el expresidente Pedro Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate.
El exmandatario afronta una investigación preparatoria por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado y la sociedad a raíz de este caso.
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