La normativa aprobada por el Parlamento señala que el envío de cualquier comunicación publicitaria solo estará permitido cuando el consumidor solicite por iniciativa propia que el proveedor se contacte con él.

Con 101 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que amplía la prohibición de las comunicaciones spam. La normativa no requiere de una segunda votación.
La ley establece que queda prohibida toda práctica que empleen centros de llamadas call centers, sistemas de llamadas telefónicas, envió de mensajes de texto a celulares o correos masivos para promover productos o servicios, así como prestar el servicio de telemercadeo al consumidor.
Sin embargo, la autógrafa señala que el envió de comunicación comercial y/o publicitaria estará permitido solo a aquellos consumidores que por iniciativa propia se contacten directamente con el proveedor y manifieste su consentimiento libre, previo, informado, expreso e inequívoco de ser contactado a través de un número telefónico, dirección electrónica o cualquier otro medio de comunicación.
Cabe destacar que este consentimiento puede ser revocado con efecto inmediato y sin expresión de causa en cualquier momento, según indica la ley y conforme a la normativa que rige la protección de datos personales.
La vulneración a esta prohibición o su revocatoria será considerada infracción muy grave, indica la autógrafa.
Después de aprobada la normativa, el siguiente paso es su promulgación, ya que ha sido aprobada por insistencia.
#PlenoDelCongreso | Con 101 votos a favor, la representación nacional aprobó la insistencia en la autógrafa observada recaída en los proyectos de ley 2942, 3131 y 3541.
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 29, 2025
📌No requiere de segunda votación. pic.twitter.com/2jCF25Dsa0
Ley fue observada por el poder Ejecutivo
Como se recuerda, el proyecto de ley fue observado anteriormente por la presidenta de la República, Dina Boluarte. Entre los argumentos que sostenía el Ejecutivo menciona que la norma contraviene el principio de coherencia normativa y podría vulnerar el derecho a la libre empresa.
Asimismo, la iniciativa fue impulsada por el congresista y presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor, Wilson Soto.
Video recomendado
Comparte esta noticia