por Redacción RPP
·La ex procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, dijo que la comisión la investiga por el procedimiento de Discovery que presentó la Municipalidad de Lima en Estados Unidos contra Brookfield, relacionado con el caso Rutas de Lima. No obstante, subrayó que dicho proceso no forma parte del mandato otorgado a la comisión por el pleno del Congreso.
La ex procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, denunció públicamente que la comisión investigadora del Congreso sobre los acuerdos de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Estado peruano, presidida por el congresista conservador Alejandro Muñante, la ha incluido en calidad de investigada por un tema ajeno al encargo oficial del grupo de trabajo.
Según Carrión, la comisión la investiga por el procedimiento de Discovery que presentó la Municipalidad de Lima en Estados Unidos contra Brookfield, relacionado con el caso Rutas de Lima. No obstante, subrayó que dicho proceso no forma parte del mandato otorgado a la comisión por el pleno del Congreso.
En entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV, la abogada explicó que el cambio de su condición —de compareciente a investigada— se dio después de haber asistido a una sesión sobre el tema de Discovery.
“Han incluido un hecho que no está dentro del encargo de la comisión para imputarme y pasarme a la condición de investigada”, cuestionó.
Ante esta situación, Carrión solicitó formalmente que el congresista Muñante se inhiba de participar en la comisión y que se declare la nulidad del acta del 15 de septiembre, en la que se formalizó su cambio de condición.
Asimismo, refirió que por el procedimiento de Discovery fue objeto de presiones políticas, específicamente del alcalde de Lima y presidente de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a quien acusó de haber interferido en la Procuraduría General del Estado (PGE) para lograr su destitución.
Carrión también denunció que Muñante habría adelantado opinión sobre su desempeño como procuradora ad hoc, incluso antes de asumir la presidencia de la comisión investigadora, y que durante su gestión ha emitido expresiones sesgadas y difamatorias sobre su trabajo profesional.
“Cuando fui cesada, Muñante salió públicamente a defender las acciones del alcalde López Aliaga en mi contra. Eso evidencia una clara parcialización”, enfatizó.
Finalmente, recordó que una sentencia del Tribunal Constitucional de 2012 establece con claridad que el Congreso también está obligado a respetar el debido proceso en sus actuaciones.
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