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por Redacción RPP
·José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, subrayó que, de declararse la ilegalidad de Fuerza Popular, la sentencia solo tendría efectos sobre la inscripción del partido, sin anular la elección de los candidatos que eventualmente alcancen cargos de senadores o diputados.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante la Corte Suprema una solicitud sin precedentes: declarar ilegal al partido político Fuerza Popular y cancelar su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). El pedido se sustenta en que la agrupación habría incurrido en conductas antidemocráticas, como ataques a magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y hasta la exclusión de militantes por disidencia interna.
La denuncia, originada en marzo de 2025 tras la queja de una ciudadana, fue respaldada por información recopilada por la Fiscalía de la Nación. Espinoza argumenta que el partido ha promovido la violencia como mecanismo político.
El escenario jurídico electoral
Para el abogado electoralista José Manuel Villalobos, la solicitud de Espinoza tiene un asidero legal: “Lo que la ciudadanía debe saber es que el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas sí permite que, mediante un proceso iniciado en la Corte Suprema a pedido del fiscal de la Nación, se declare la ilegalidad de un partido. Ya ocurrió con la agrupación política de Antauro Humala, que quedó fuera del registro. El mismo procedimiento se seguirá ahora”, explicó.
El especialista recordó que el proceso será revisado en doble instancia: primero por la Sala Constitucional y luego por la Sala Civil. Sin embargo, advirtió que los plazos judiciales hacen prever que la resolución definitiva podría conocerse después de las elecciones generales de 2026.
¿Qué pasa con las candidaturas?
Villalobos subrayó que, hacia fines de diciembre, cuando Fuerza Popular y los partidos inscriban oficialmente a sus listas de candidatos, entrará en vigor el principio de preclusión: “Una vez que las listas queden inscritas, salvo tachas o exclusiones, los candidatos ya no pueden salir de la contienda. Una eventual declaración de ilegalidad solo tendría efectos hacia adelante”, precisó.
Aunque reconoce la gravedad de los fundamentos planteados por la Fiscalía —pues se acusa al partido de vulnerar la integridad de autoridades, magistrados y periodistas—, Villalobos pidió cautela: “la denuncia tiene fundamentos gravísimos porque están apuntando a que el partido ha cometido delitos contra la integridad de funcionarios o magistrados. Hay que tomar con pinzas la denuncia"
Sobre el caso específico de Fuerza Popular, Villalobos recordó que este proceso se origina por la denuncia de una ciudadana, a diferencia del antecedente de Antauro Humala, promovido por el congresista Muñante y respaldado con videos públicos donde el líder amenazaba con “aniquilar” a autoridades, lo que probaba su conducta antidemocrática. “En este caso tenemos que ver si lo que presenta la fiscal de la Nación también está probado como conductas antidemocráticas del partido. Promover leyes no creo que sea una conducta antidemocrática”, advirtió. El especialista además subrayó que, de declararse la ilegalidad de Fuerza Popular, la sentencia solo tendría efectos sobre la inscripción del partido, sin anular la elección de los candidatos que eventualmente alcancen cargos de senadores o diputados.
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La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras su pedido ante la Corte Suprema para declarar ilegal a este partido político por, supuestamente, haber incurrido en conductas antidemocráticas.
"Nos investigaron 10 años y no encontraron nada. ¡1000 veces han querido desaparecer al fujimorismo y nunca lo lograron! ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo?", reprochó.
A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, la excandidata presidencial recordó que Delia Espinoza enfrenta un proceso de suspensión que será evaluado por la Junta Nacional de Justicia, y lamentó que "siga dañando a su institución con cortinas de humo, en lugar de perseguir a la delincuencia que golpea a los peruanos".
"Confiamos en que este pedido abiertamente antidemocrático, a pocos meses de las elecciones generales, no prosperará. Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia que intenta perpetrar una fiscal politizada", culminó.
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