Análisis | Las claves del proyecto de ley que busca declarar en emergencia al Ministerio Público

La recomposición del Ministerio Público ya tiene trámite en el Congreso con el proyecto de ley que presentó la tarde del miércoles el presidente Martín Vizcarra. Esta iniciativa busca suspender al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y a la Junta de Fiscales Supremos Titulares que lo acompaña, además de declarar a la institución en emergencia hasta el nombramiento de sus reemplazos.

El Proyecto de Ley N° 3765 fue elaborado en una sesión de Consejo de Ministros que convocó Vizcarra, luego de que Chávarry -pocas horas antes de las celebraciones de Año Nuevo- removiera de la coordinación del Equipo Especial Lava Jato a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez.

RPP Noticias revisó la versión oficial de la iniciativa dirigida al presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Esto es lo que propone su contenido:

1. Una Junta Transitoria con fiscales adjuntos

De aprobarse la propuesta, Chávarry y los fiscales supremos titulares Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera, Tomás Gálvez Villegas y Víctor Raúl Rodríguez Monteza quedarían suspendidos del ejercicio de sus funciones. Sus puestos serían ocupados interinamente por una Junta Transitoria de Fiscales Supremos, compuesta por los fiscales supremos adjuntos titulares que tengan más de diez años en el cargo y que no cuenten con sanciones por falta grave ni tengan procesos disciplinarios o penales abiertos ni conflicto de intereses. Este grupo sería convocado y evaluado por la Secretaría Técnica de la Junta de Fiscales Supremos actual.

Para el ex fiscal superior de Lima, Pedro Angulo Arana, la propuesta de una Junta Transitoria podría afectar la Constitución. “Tenemos una situación de emergencia y de especial crisis institucional en donde deben buscarse salidas como la iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, se debe tener cuidado: una ley no puede modificar una ley orgánica ni afectar la Constitución. El proyecto dice que los fiscales supremos dejan de formar la Junta para que pasen a formarla los adjuntos supremos. Eso contradice la Constitución. El tema es que sí hay que dar una solución, pero la solución no debe generar nuevos conflictos”.

Angulo -quien opina que Chávarry, Gálvez y Rodríguez deberían renunciar- recuerda, además, que la Fiscalía tiene a su cargo investigaciones contra magistrados supremos como César Hinostroza Pariachi, quien sigue detenido en España y sobre quien pesa un proceso de extradición por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. “Ese tipo de indagaciones las tienen que llevar fiscales supremos como acusadores, pero si estos desaparecen, los procesados podrían impugnar y alegar nulidades”, afirma. 

2. Un fiscal de la Nación interino

Una vez instalada, la Junta Transitoria de Fiscales Supremos deberá elegir entre sus miembros a un fiscal de la Nación transitorio. Esta selección, según señala el proyecto, se haría en un plazo de dos días hábiles. También se prevé que, ante una situación de empate o desacuerdo en la votación, obtenga ventaja el candidato con más de un año de experiencia como fiscal supremo provisional.

El fiscal de la Nación transitorio ocupará aquel cargo hasta que la Junta Nacional de Justicia [que todavía no se ha creado y cuya conformación depende de una Comisión Especial también en suspenso] “resuelva la situación de los fiscales supremos titulares suspendidos y se constituya una nueva Junta de Fiscales Supremos”.  

Cruz Silva del Carpio, abogada del Instituto de Defensa Legal e investigadora sobre el Sistema de Justicia, señala que la inexistencia de una JNJ no necesariamente impide una reforma en la Fiscalía. “La JNJ, en principio, define quiénes ingresarán como nuevos fiscales supremos. Habría sido ideal que ya esté instalada para destituir o evaluar la destitución de los cuestionados [Tomás Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez y el propio Chávarry]. La propuesta no necesitaría, en el plazo inmediato, de fiscales supremos titulares nuevos, sino que encarga una Fiscalía provisional. No nos quedaríamos a la intemperie”.  

No obstante, la especialista advierte que, si se aprueba el proyecto, la Junta Transitoria y su fiscal de la Nación interino deberán pasar por un filtro de idoneidad lo suficientemente estricto. “Deben evaluarse las trayectorias, las decisiones o las relaciones de estos fiscales adjuntos supremos. Es imprescindible un proceso de elección transparente para no repetir una situación como la que hoy tenemos”, señala Silva.

3. Un plan de reorganización del Ministerio Público

En su numeral 3, el proyecto de ley dispone como función de la Junta Transitoria de Fiscales Supremos la elaboración y aprobación de un “Plan de Reestructuración y Reorganización”. Este deberá presentar propuestas normativas con base en un “diagnóstico de la situación organizacional”, además de información sobre la carga procesal y la logística, y una constancia de los empleados del Ministerio Público de todos los niveles.

Como parte de estos cambios de emergencia, la Junta Transitoria deberá votar por el apartamiento temporal de todos los fiscales implicados en “conductas graves que comprometan la dignidad del cargo o perturben el ejercicio regular de sus funciones”. Sobre este punto, Pedro Angulo destaca también la importancia de una Junta Transitoria intachable y libre de intereses. "Si bien nos estaríamos liberando de algunos problemas a nivel de fiscales supremos cuestionados, no se pueden generar más inconvenientes con trayectorias y antecedentes poco transparentes de los adjuntos supremos", dice el también ex decano del Colegio de Abogados de Lima.