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La alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza Álvarez, señaló que existe la necesidad de ajustar esta ley para permitir acciones más decisivas en situaciones de riesgo.
Integrantes de la Mancomunidad Municipal Lima Centro se pronunciaron para proponer una reforma a la Ley 31914, la cual cuestionaron que restringe la capacidad de las municipalidades para clausurar de manera inmediata locales inseguros.
Al respecto, la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza Álvarez, señaló que existe la necesidad de ajustar esta ley para permitir acciones más decisivas en situaciones de riesgo.
"Nosotros, como organismo local, tenemos un área de riesgos y desastres que se encarga de emitir certificados de edificaciones, conocidos como IPSE", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
Asimismo, precisó que dentro del marco del Decreto Supremo 02-2018 se cuenta con tres niveles de riesgo: bajo, medio, alto y muy alto. No obstante, esta norma no exige la presencia de un ingeniero estructural en las evaluaciones, una omisión que se busca corregir a raíz del colapso del techo del centro comercial Real Plaza en Trujillo.
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Uno de los cuestionamientos que impulsó esta norma fue si las municipalidades realmente contaban con un personal suficientemente especializado para ejecutar clausuras temporales, situación que en su momento se consideró "abusiva".
Sobre el tema, Loayza mencionó que habría que distinguir entre los proyectos de edificaciones y las condiciones de seguridad de los centros comerciales.
"Hay que distinguir dos escenarios. El proyecto de edificaciones que es por donde se inicia para desarrollar una infraestructura de un bien y las condiciones de seguridad de un establecimiento comercial. Son dos temas diferentes. El que quiere construir una edificación tiene que empezar por su proyecto y este puede ser revisado por la municipalidad, por la comisión y por los revisores urbanos, que son las modalidades por las que pasa esta autorización y licencia", aseveró.
"Estas modalidades que deben contar con profesionales especializados para poder autorizar la edificación. Hay que distinguirlo bien porque es cierto que muchos gobiernos no han tomado las mejores decisiones. Cuando yo ingresé a Surquillo, de cada diez obras, siete no tenían licencia. No tenían licencia, pero estaban trabajando. Nosotros en el año 2024 emitimos más de 2.800 IPSEs, juntamente con licencias", culminó.
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Jair Zevallos Morón Periodista
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