Delia Espinoza indicó que el Ejecutivo no responde aún a su pedido de incremento de presupuesto para su entidad, la cual, según dijo, se encuentra en una "crisis presupuestal". Además, insistió en que la presidenta puede ser investigada por la Fiscalía por delitos no contemplados en el art. 117 de la Constitución.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en una entrevista brindada hoy a Búnker, acusó que el Poder Ejecutivo estaría "asfixiando" en presupuesto a su entidad, dado que, según dijo, se le ha ido reduciendo el presupuesto de manera sostenida. Así lo señaló al explicar el motivo por el cual el Ministerio Público no puede cumplir con celeridad con sus funciones.
"Hay tres explicaciones. La primera, hay una alta provisionalidad [de fiscales], y sabemos que la provisionalidad tiene sus debilidades, porque no es lo mismo un fiscal provisional […] que un fiscal titular. Dos, faltan fiscales. No tenemos la cantidad suficiente de fiscales, y eso está vinculado al tema de presupuesto que cada año se nos está disminuyendo en porcentajes muy importantes. Se nos restringe el presupuesto, el año pasado se nos dio un quinto de lo que hemos pedido y, este año, nos dijeron en marzo, nos tenían que dar los S/1 371 millones de presupuesto adicional y no se nos da respuesta", explicó.
"A estas alturas, puedo decir que, lamentablemente, el Poder Ejecutivo está poco a poco asfixiando en presupuesto al Ministerio Público", aseguró.
En esa línea, Espinoza Valenzuela llamó la atención de que el Congreso esté impulsando una reforma del sistema nacional de justicia, cuando el Ministerio Público se ve perjudicado por la falta de presupuesto.
"Eso tal vez explica algunas cosas, de que se está promoviendo en el Congreso, ya hay una comisión de reforma del sistema de justicia […] ¿Por qué se va a reformar si no nos dan lo primero que necesitamos?", indicó.
"Porque toda actividad del Estado requiere recursos y está sustentado. No es una exigencia que hacemos al aire, nosotros hemos sustentado con documentos, con informes técnicos, la carencia, la deficiencia que hay […] Cámaras Gesell, peritos, más fiscales, más laboratorios, medicina legal […] No tenemos locales propios, todos son alquileres. Hay una gran crisis, no institucional, sino presupuestal en el Ministerio Público", remarcó.
"La jurisprudencia ya dejó bien en claro que sí se puede investigar preliminarmente al presidente"
Por otro lado, Espinoza se pronunció en torno a la próxima resolución del Tribunal Constitucional (TC) que determinará límites en cuanto a investigaciones fiscales que se puede impulsar contra jefes de Estado en funciones.
En ese sentido, la fiscal de la nación reiteró que ya existe jurisprudencia, emitida durante el gobierno de Pedro Castillo, que señala que un mandatario si puede ser investigado preliminarmente por delitos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución.
"Tenemos que tener presente que el derecho evoluciona. La jurisprudencia ya dejó bien en claro, con el expresidente [Castillo] que sí se le podía investigar preliminarmente, porque no colisiona con el artículo 117, que es para temas específicos no proceder una acusación. Por tanto, cuando la Corte Suprema se pronunció diciendo que sí se podía investigar en la primera fase, solamente investigar y encontrar indicios, y una vez que se tiene los indicios ahí se detiene la investigación para no proceder a acusar. Esa es la diferencia", sostuvo.
"Además, no es por los temas del artículo 117 de la Constitución […], cuestiones políticas, sino que sí se puede investigar por cualquier otro delito común, como se dio con el expresidente y como se está dando actualmente con la presidenta en funciones", agregó.
La titular del Ministerio Público remarcó que estas investigaciones no colisionan con las labores de la jefa de Estado, quien tiene, a la fecha, 33 denuncias en trámite. Al respecto, indicó que su entidad solo ha llamado a declarar de manera presencial a Boluarte por 3 o 4 casos.
"Se le llama solamente en algunos casos, donde se requiere necesariamente sus declaraciones para esclarecer sus denuncias. Actualmente, la presidenta tiene 33 denuncias en trámite, incluso 19 ya fueron archivadas; es decir, tenía más de 50, pero no se le está llamando por las 33 denuncias, sino solamente por 3 o 4 en que se requiere su participación. En lo demás, requerimos documentos, diferentes diligencias, peritajes, para no molestar o, en todo caso, llamarla en lo estrictamente necesario", aseveró.
No obstante, Espinoza indicó que acatarán lo que disponga el máximo intérprete de la Carta Magna.
"Esas son decisiones que tendremos que respetar, porque estamos en un Estado constitucional de derecho. Cada organismo autónomo del Estado, como el TC, tomará sus decisiones y nosotros tendremos que acatarla. Pero nosotros tenemos una posición muy clara […] de que es necesario que las mismas autoridades, sea la presidenta o cualquier alto funcionario del Estado, también se someta a la justicia, que es objetiva, neutral, imparcial", puntualizó.
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