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El Ejecutivo promulgó la ley impulsada por el Congreso que incorpora al Código Penal el delito de criminalidad sistemática, que incluye también actos criminales como secuestro, homicidio calificado y robo agravado.
El Ejecutivo promulgó este lunes la Ley N° 32446 que modifica el Código Penal e incorpora el delito de criminalidad sistemática. La norma fue oficializada con su publicación en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
De este modo, la nueva ley establece que quienes cometan delitos tipificados como extorsión o sicariato podrán recibir la pena de cadena perpetua.
"El que mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similar características, provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella; será reprimido con cadena perpetua”, establece la normativa que cuenta con las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana.
Aprobada por mayoría en el Congreso
Cabe resaltar que esta norma fue impulsada por el Congreso desde la legislatura pasada. El último 4 de septiembre, el pleno del Parlamento la aprobó, en segunda votación, con 83 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz (Perú Libre), recordó el proceso que siguió esta propuesta: “Este dictamen, que contiene 17 proyectos de ley presentados por diferentes bancadas, fue debatido en el pleno el 3 de octubre de 2024. Posteriormente se presentó un nuevo texto sustitutorio, se pasó a cuarto intermedio y, tras sucesivos debates, finalmente fue aprobado en primera votación el 16 de octubre de ese año. Hoy, después de su inclusión en la agenda ampliada, el Pleno le dio la aprobación definitiva”, indicó en aquella ocasión.
Sin embargo, no todos respaldaron la medida. La congresista Gladys Echaíz (Honor y Democracia) expresó reparos frente a la efectividad de la nueva norma: “El problema no es la falta de una norma, sino el plazo que tiene la Policía para investigar. Con 48 horas resulta casi imposible levantar el secreto de las comunicaciones, revisar cámaras o individualizar a los autores. Lo que se necesita es ampliar a 15 días la detención en casos graves, como ya ocurre en delitos de terrorismo”.
Desde otra posición crítica, Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) cuestionó la redacción de la propuesta: “No comparto esta lógica de populismo penal. El tipo penal está redactado de manera ambigua, al incluir frases como ‘otros de similar características’, lo que puede dar lugar a arbitrariedades”.
En contraste, otros legisladores defendieron la norma como una herramienta necesaria frente al incremento de la violencia criminal.
El parlamentario Diego Bazán (RP) mencionó dos ataques recientes en La Libertad para justificar su apoyo: “El 20 de enero de 2025 dinamitaron la sede del Ministerio Público, y el 15 de agosto hicieron lo mismo en una concurrida calle de Trujillo. Necesitamos ser contundentes contra los criminales. Esta ley sí aporta porque tipifica un delito que hoy no existe en el Código Penal”.
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