La norma, firmada por la presidenta Dina Boluarte, permite que empresas privadas vuelvan a aportar dinero a las campañas electorales, pero bajo nuevos topes. Texto también establece cambios en el uso de los fondos que reciben por parte del Estado los partidos políticos con representación en el Congreso.
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 32254, que modifica el financiamiento público y privado que reciben los partidos políticos en el Perú. La norma, suscrita por la presidenta Dina Boluarte, fue publicada en el diario oficial El Peruano el último viernes 31 de enero.
El texto, que fue aprobado a nivel de la Comisión Permanente del Congreso, permite que las empresas privadas vuelvan a aportar dinero a las organizaciones políticas, aspecto que se prohibió en el Perú tras el escándalo Lava Jato. Ahora, tanto las personas como las empresas podrán financiar de manera directa campañas políticas.
Es preciso señalar que la ley también establece nuevos límites o topes permitidos para las donaciones. Cada aportante, sea persona natural o empresa, puede entregar hasta 200 UIT (S/. 1,070,000) a un partido político al año. Sin embargo, si el aportante desea entregar donativos a más de un partido político, el monto en suma entre las organizaciones no debe exceder de los 500 UIT (S/. 2,675,000).
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Más modificaciones a tener en cuenta
La ley contempla nuevas disposiciones sobre la recepción de aportes, entre ellas, la figura de aportes 'confidenciales'. En otras palabras, la norma también permite que los partidos reciban dinero a través del Banco de la Nación, pero sin que conozcan la identidad de sus aportantes. Bajo este mecanismo, es el banco es que registra los datos del donante y entrega esta información posteriormente solo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Por otro lado, respecto al financiamiento público directo, el texto señala que las organizaciones políticas con representación en el Congreso puedan usar el dinero que reciben del Estado para el pago de abogados de sus dirigentes y voceros. Pero que, en caso sean condenados, deberán devolver los fondos utilizados.
Sobre este último punto, en declaraciones a El Poder en tus Manos, especialistas en materia electoral han cuestionado esta modificación en la norma al señalar que no distorsiona el objetivo principal del financiamiento público directo de contribuir al fortalecimiento de los partidos políticos y no está previsto como "un recurso hacia un beneficio particular o personal".
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