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La exministra de Justicia opinó que la Corte IDH no está excediendo sus atribuciones respecto al Estado peruano al pedir que se supenda la norma sobre prescripción de delitos de lesa humanidad antes del 2002, ya que es este tribunal quien "fija su propia competencia".
Congreso
La exministra de Justicia consideró que el Ejecutivo debería observar la propuesta del Congreso respecto a la prescriptibilidad
La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a la carta que remitió la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que rechazan el pedido de no continuar con el proceso de la norma del Congreso que delimita la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002.
Como se recuerda, en una conferencia de prensa realizada ayer, encabezada por la mandataria, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, indicó que, aunque no se tiene "ninguna razón, de momento, para excluirnos de la competencia de la Corte IDH", sí se manifiesta en la referida misiva "el profundo rechazo que les ha merecido" la resolución de dicha instancia supranacional.
"Deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y control de los poderes públicos", se lee en la carta.
Vale resaltar que el pasado 1 de julio, la Corte IDH solicitó al Estado peruano que mediante sus "tres poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley" señalado. Además, el tribunal pidió que, "a más tardar el 9 de agosto de 2024", se emita "un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto".
"Es una carta para validar lo que se ha hecho desde el Congreso"
Al respecto, Pérez Tello indicó que, "del contenido de la carta", se puede inferir "que no se entiende cuál es el rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)" y "que se está jugando para adentro".
"Esa carta no se ha enviado a la Corte IDH, es una carta para validar lo que se ha hecho desde el Congreso y para adelantar lo que podría ser, de parte del Ejecutivo, la no observancia de la norma, lo que sería muy peligroso. Yo creo que esto va a tener que resolverse en el TC, aspiro a que en el Ministerio de Justicia los informes que se hagan por los riesgos, tanto desde el punto de vista legislativo, de control de convencionalidad, como del punto de vista de la credibilidad de nuestro sistema democrático en el mundo, puedan disuadir a la presidenta de observar esta norma, ojalá", indicó.
Asimismo, la abogada señaló que el tribunal internacional no está excediendo sus atribuciones respecto al Estado peruano, toda vez que la Corte "fija su propia competencia" y "no la fijan los Estados".
"Lo que está haciendo la Corte, en el marco de la supervisión del cumplimiento de la sentencia por los casos Barrios Altos y La Cantuta, es decir que lo que está haciendo el Estado pone en riesgo que se cumpla con la finalidad de la sentencia, que es evitar la impunidad", explicó.
"Primero lo hizo con el indulto (a Fujimori), esa fue la primera vez que la Corte, en esta misma fase de cumplimiento, dijo ‘si tú indultas y no corresponde, lo que estarías haciendo es dar impunidad', y eso va en contra de lo que se supone que se busca con una sentencia de la Corte. Y lo que hizo ahora fue lo mismo, dijo: ‘un momentito, voy a revisar si tu norma podría afectar lo que buscan las sentencias de Barrios Altos y Cantuta, que es evitar la impunidad de los involucrados’, acotó.
La abogada resaltó que con la norma del Congreso "implica a un conjunto mucho más grande, por ejemplo, Sendero Luminoso y su cúpula sería beneficiada con esa norma, y mucho más ahora con esa carta, en la cual la propia presidenta y el propio presidente del Congreso describen las conductas de los terroristas como ataques sistemáticos generalizados". Por ello, sostuvo que el Ejecutivo debería observar la autógrafa de ese proyecto.
"Tendría que ser observado, sino va a traer consecuencias, no solamente jurídicas, porque esto va a terminar en la Corte IDH, aunque primero en el TC (…), que tendría que pronunciarse declarándola inconstitucional", señaló.
"El Poder Judicial podría inaplicar esa norma para casos concretos haciendo control de convencionalidad difuso. Hay varias formas y posibilidades de que la norma no se aplique y no le cause el daño irreparable que le va a generar al país en términos de credibilidad institucional. Ya nos ha pasado factura el Consejo Fiscal, hay pronunciamientos respecto a nuestra credibilidad en el sistema financiero diciendo que el sistema jurídico no está funcionando. La política ya impactó la economía y eso es muy grave, más allá de que lo más grave es la afectación a las víctimas", remarcó.
Dina Boluarte "es una figura decorativa"
Por otro lado, en relación a la conferencia de prensa que brindó ayer la presidenta Dina Boluarte y miembros de su Gabinete, Pérez Tello consideró que "ha sido el intento de satisfacer la demanda de escucharla en nuestro país", pero que solo ha demostrado que "está administrando el país sin rendir cuentas".
"Cuando se le ha pedido una explicación en temas concretos que tienen al país desconcertado, exigiendo respuestas, con frases distorsionadas, fuera de lugar y además falsas de parte de algunos de sus ministros, atribuyendo prácticas culturales al mundo Awajún, cuando no tiene como práctica cultural la violación sexual", sostuvo.
"Son demasiados meses ya en los cuales hay un silencio de la presidenta y ella se relaciona con la ciudadanía, con el país, a través de los discursos que da en cada una de las cosas que hace que no necesariamente son las cosas que necesitamos saber, y no responde problemas concretos. El tema de las niñas Awajún es un problema concreto que no solo impacta el mundo Awajún y Wampís (…), sino que impacta a todo el mundo de niñas y niños expuestos a violencia sexual", agregó.
En ese sentido, la exministra de Justicia consideró que la jefa de Estado es una "figura decorativa".
"Ella evita todo, hay una evasión permanente de asumir sus responsabilidades con el país, y le han hecho creer que así funciona (…), claramente no está dirigiendo el país, no está administrando el Ejecutivo, es una figura decorativa, que no solo no decora bien",
"El pensar que la prensa se convierte en un enemigo, es que a la prensa se le tiene que aplaudir (…) Creo que la prensa tiene que representar todo lo que el país siente, esa frustración, ese hartazgo de ‘por favor, respóndeme y dime qué vas a hacer con el tema Awajún, que pasó con el tema de las joyas, qué pasó con los muertos’. Si no se responden esas preguntas, el tema nunca pasa (…) Lo que creo que está haciendo la presidenta es esperar a 28 de Julio para mandar algún mensaje (…), decir lo que ella quiere y no absolver las preguntas que la ciudadanía tiene, y creo que ese es un error", puntualizó.
¿Adecuada aplicación del delito de lesa humanidad o impunidad?
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en segunda votación el dictamen para declarar la prescripción de ciertos delitos que fueron considerados como crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes de julio de 2002. La propuesta ya había originado la preocupación de un comité de las Naciones Unidas y una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Conozcamos en qué consiste la propuesta que todavía debe ser sometida a una segunda votación.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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