El abogado Adrián Simons también sostuvo que es "innecesaria y política" la carta presentada por la presidenta Dina Boluarte y el titular del Congreso, Alejandro Soto, a la Corte IDH sobre la ley que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad.
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Adrián Simos Pino: "Es un grave exceso que ha cometido la Corte IDH"
El exagente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Adrián Simons Pino, consideró un "gravísimo desacierto" que la referida institución judicial autónoma, que aplica e interpreta la Convención Americana, haya pedido al Perú suspender la aplicación de la ley que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002.
En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el abogado calificó de "grave exceso" la resolución de la Corte IDH en la que requiere al Estado peruano suspender "inmediatamente" el trámite legislativo el proyecto de ley N° 6951/2023-CR.
"La Corte (IDH) ha tenido sus aciertos y sus desaciertos, y este es el caso de un gravísimo desacierto. La Corte ha dictado medidas provisionales para que tres poderes del Estado dejen de actuar, uno de legislar, el otro de publicar y el otro que es, en mi opinión, el más importante, de controlar las leyes que da el parlamento, que es el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. La Corte se ha puesto encima de todos ellos, encima de los jueces peruanos, y ha determinado -vía medidas provisionales -que los jueces peruanos no pueden analizar esa ley y solamente de manera automática y mecánica la tienen que inaplicar sin siquiera revisarla si es constitucional o si es convencional. Eso es un grave exceso que ha cometido la Corte", dijo.
Adrián Simons Pino sostuvo tamboén que es "innecesaria y política" la carta presentada por la presidenta Dina Boluarte y el titular del Congreso, Alejandro Soto, a la Corte IDH sobre la ley que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad.
"Hay que saber diferenciar de lo que es la respuesta jurídica que da un Estado ante una corte y una respuesta política. Y es la primera vez que veo en mi experiencia que dos representantes por el Estado se dirigen a la presidenta de una Corte por un caso en específico. Lo correcto es que se haga a través de los agentes acreditados por parte del Estado peruano para conducir cualquier tipo de posición. No es usual esto. Es una respuesta innecesaria, es una respuesta política, porque ante la Corte debemos dar respuestas jurídicas, como fue, por ejemplo, la que nosotros hicimos en el 2018 ante la Corte Interamericana", aclaró.
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