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Paola Bustamante, directora de Videnza Consultores, cuestionó que las FF.AA. recién se vayan a instalar en la zona a partir del anuncio de la mandataria. "¿Y qué ha pasado estos 15 meses de estado de emergencia?", inquirió.
La presidenta de la república Dina Boluarte anunció ayer, lunes, una serie de medidas que se implementarán en la provincia de Pataz, región La Libertad, luego de que fueran encontrados los cuerpos sin vida de los trece trabajadores que, el pasado 26 de abril, fueron secuestrados por mineros ilegales y criminales en dicha jurisdicción.
La jefa de Estado anunció el toque de queda en la referida provincia, el control total de las FF.AA. en la zona de la minera Poderosa y la instalación de una base militar en el distrito de Pataz. Además, la suspensión de toda actividad minera en dicha área, por 30 días prorrogables, para "facilitar la instalación" del contingente castrense y de la Policía Nacional.
Ante estos anuncios, RPP conversó con la exministra de Desarrollo e Inclusión Social Paola Bustamante acerca de la efectividad de estas medidas y cómo estas impactarán no solo en el combate contra la criminalidad, sino también en la actividad minera formal de Pataz.
¿Qué es lo acertado y qué lo criticable?
Bustamante resaltó que la provincia de Pataz se encuentra en estado de emergencia desde hace 15 meses, concretamente desde diciembre del 2023, por lo que cuestionó que se haya dispuesto la suspensión de la actividad minera para la instalación de las FF.AA.
"Lo que ha dicho explícitamente es que se suspende 30 días la actividad minera en la provincia de Pataz, prorrogables a 30 días más, para facilitar la instalación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la zona. Entonces, la pregunta que yo me hago es: ¿y qué ha pasado estos 15 meses de estado de emergencia? Hemos visto una serie de movilizaciones y coberturas de medios donde han ido ministros, exministros del Interior, premier, donde se veía una movilización de las Fuerzas Armadas y ahora se plantean 30 días más. Realmente es preocupante, porque sí se necesita que esta vez lo que vaya a hacer el gobierno dé resultados", señaló.
En esa línea, señaló que la suspensión de la actividad minera también impactará en una serie de actividades conexas, con lo que cual se afectará el ingreso de trabajadores formales y el canon minero en la provincia.
"Se suspenden las actividades económicas formales, se suspende la minería que no solamente va a significar el hecho de suspender la actividad, sino los trabajos, los ingresos de las personas, toda la cadena de suministros en el entorno, que si bien es cierto restablecer el orden interno en la provincia, como en otras zonas de nuestro país, es importante", indicó.
"Ojalá que esta suspensión de 30 días -que tiene una serie de situaciones conexas que va a afectar la economía, que va a afectar el ingreso de los impuestos, que va a afectar el ingreso del canon a Pataz, inclusive- tengan algún resultado, porque 30 días más 30 días ya es preocupante, porque permanentemente se van ampliando los plazos", agregó.
No obstante, Bustamante consideró acertado "que por fin van a excluir a los reinfos suspendidos".
"No olvidemos que, en el año 2021, se dio una norma creando esta figura de la suspensión y, por lo tanto, todos aquellos que no cumplían se les ampliaba el plazo bajo la suspensión. Ayer se ha dado un número, son 761 reinfos suspendidos que van a ser excluidos. Creo que esa es una medida acertada", aseveró.
"Sin embargo, también la presidenta ha pedido que no subcontraten las concesiones. Es decir, que las empresas no subcontraten a los mineros artesanales o a los mineros informales en proceso de formalización. Entonces, sí me llama la atención que el proceso que ha iniciado el gobierno [...] es que se está promoviendo más bien la firma de contratos, de subcontratos desde las empresas concesionarias con la MAPE, con los mineros artesanales e informales que quieren formalizarse para el proceso de formalización, porque la norma pide que tengan contratos", señaló.
"Entonces, ahí sí me genera una interrogante porque entonces, ¿cómo se van a formalizar los 530 mineros o la MAPE activa que estaría pendiente de formalizar? Creo que ahí o el mensaje no está muy claro o no queda claro cómo va a continuar el proceso de formalización que está liderando ya ahora el Ministerio de Energía y Minas", enfatizó.
Finalmente, la extitular del MIDIS consideró que el "mensaje confrontacional" que dirigió ayer la mandataria contra la fiscal de la nación "no ayuda", menos aún cuando Boluarte debería "asumir el liderazgo" de la nación frente a la criminalidad.
"Hay mensajes que se dan el día de ayer, el mensaje confrontacional con la Fiscalía de la Nación, creo que, por ejemplo, no ayuda, creo que como líder máxima del Estado peruano […] debiera más bien ser convocante, llamar a la reflexión, plantear que el sistema de justicia funcione, que se sienten a mirar con la fiscal de la nación, el Poder Judicial y los diferentes actores para que se combata claramente la minería ilegal, porque la minería ilegal es un delito. Estamos hablando de crimen organizado, de trata de personas y una serie de delitos conexos y la única manera de encontrar alternativas de solución es a través de poner tras las rejas a los delincuentes", indicó.
"Creo que es importante que quienes asesoran a la presidenta, le puedan trasladar que es importante que tome esa función de liderazgo, asuma el liderazgo y convoque a las instituciones en vez de estar peleando con las instituciones", puntualizó.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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